#Claves de la semana

A Mesa lleva hasta la ONU los "ataques" de la Justicia española a las lenguas minoritarias

A Mesa pola Normalización Lingüística y otras entidades de lenguas minoritarias de España han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los "ataques" de la Justicia del país contra los idiomas propios.

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A Mesa pola Normalización Lingüística y otras entidades de lenguas minoritarias de España han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los "ataques" de la Justicia del país contra los idiomas propios.


A Mesa participa en el 29º examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en una imagen de archivo de 2015

En un comunicado, la asociación gallega ha señalado que esta situación se ha trasladado a través de la red europea para la igualdad de las lenguas (ELEN) y ha criticado las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) "contra ayudas vinculadas al uso del euskera" y "la comunicación en catalán" entre Cataluña, la Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.

Además, ha recordado que la ordenanza del uso del gallego aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Lugo fue "anulada parcialmente" por la Justicia con posterioridad.

En esta línea, el presidente de A Mesa, Marcos Maceira, ha lamentado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificada por el TS conlleve la "legitimidad" de la "discriminación de usuarios de servicios públicos privatizados por razón de lengua".

De este modo, ha reprobado que prime "el supuesto derecho de desconocimiento del gallego por parte de empresas" prestadoras de servicios a la administración municipal frente al "derecho a emplearlo y a ser atendido en igualdad de condiciones" de los ciudadanos.

Marcos Maceira ha afirmado que esta resolución contraviene el párrafo 3 de la Carta europea de las lenguas regionales y minorizadas, ratificada por el Gobierno central en 2001. Así, ha apuntado que este documento señala el compromiso de la Administración y las "entidades que actuén en su nombre" para "garantizar que las linguas regionales o minorizadas se empleen en la prestación de un servicio".

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