La mayoría de los técnicos que hacen las PCR del coronavirus son precarios, alerta la CIG y desmiente la Xunta

La mayor parte de los especialistas que hacen el 'pooling' de las pruebas PCR en Vigo sufren eventualidad. Esta es la denuncia lanzada desde CIG Saúde. El sindicato nacionalista reclama a la Xunta la negociación de un convenio colectivo para la parte de ese personal que pertenece a fundaciones sanitarias.

Consultada por Galiciapress, la Consellería de Sanidade rechaza de pleno estas acusaciones. Su argumento es que esos trabajadores son asalariados del SERGAS, no de las fundaciones, por lo que tienen las mismas condiciones laborales que cualquier otro empleado público.

Feijóo visitando el nuevo laboratorio de pooling para pruebas del coronavirus en Vigo en una imagen distribuida por la Xunta en septiembre  

No es lo que describe Miguel Tizón Méndez. Uno de los portavoces de CIG Saúde en Vigo asegura que entre el personal del SERGAS que procesa las pruebas "no hay contratos de larga duración, son contratos por acúmulos, que se van renovando cada 15 días". 

En declaraciones a RNE,  Tizón explica además que otra parte del personal que procesa las pruebas trabaja para fundaciones en las que no hay ni convenio colectivo. "Por otro lado están los trabajadores de la Fundación, que ahora mismo no tiene convenio laboral, se rigen por Estatuto de Trabajadores y por las condiciones que cada fundación les vaya determinando, casi de manera individual", declaró este lunes. 

UN  INSTITUTO QUE DEPENDE DE UNA FUNDACIÓN 

Hay que recordar que Área Sanitaria de Vigo acaba de poner en funcionamiento el nuevo laboratorio de Microbiología para el sistema del procesamiento agrupado de muestras-Pooling en el cribado de la covid-19.  Según indica la propia Xunta, este laboratorio funciona a través del "Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur".

Ese Instituto está gestionado por la Fundación Biomédica Galicia Sur . Su dirección la lleva un patronato en el que participa la Xunta, pero también la Universidad de Vigo y la familia Cabaleiro Goas. Sus trabajadores, por lo tanto, no son operarios del SERGAS, sino de la Fundación, que en todo caso sí forma parte del sector público autonómico,  de acuerdo a sus estatutos.