#Claves de la semana

Prohibir los mercados locales dispara el riesgo de contagio en los supermercados, advierten agricultores

La decisión de algunos concellos de prohibir los mercados labregos en esta tercera oleada ha despertado el enfado de los pequeños agricultores, que a través del Sindicato Labrego Galego se han puesto manos a la obra para intentar salvar su medio de vida.



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La decisión de algunos concellos de prohibir los mercados campesinos en esta tercera oleada provoca el enfado de los pequeños agricultores, que a través del Sindicato Labrego Galego se han puesto manos a la obra para intentar salvar un negocio fundamental para su medio de vida y para fijar población en el rural.


Una medida que, además, lastra el imprescindible desarrollo del comercio de proximidad, según argumenta para Galiciapress Xosé Ramón Cendán, asesor de la Ejecutiva del SLG. En su opinión, los gobiernos locales solo buscan dar la imagen de que están haciendo algo contra la pandemia, a costa de mellar la economía local y el desarrollo del rural. 


Mercado (1)

Gobiernos como el de Melide o Cambre abogan por cancelar la celebración de estos mercados


La pandemia ha puesto en jaque la venta de proximidad. Del huerto a la mesa, un sistema por el que cada vez apuestan más personas que declinan consumir productos procesados de grandes cadenas de alimentación y que ahora en la tercera ola se ve duramente castigado en algunos municipios gallegos.No en todos, porque, al menos de momento, no hay orden ni de la Xunta ni del Gobierno de España de prohibir actividades como la celebración de los mercados labriegos, tan habituales en muchas localidades de la comunidad.


Al menos, eso es lo que argumentan desde el Sindicato Labrego Galego, molesto por la postura adoptada por algunos gobiernos locales que ante el avance de la pandemia han decidido decretar la cancelación de estos mercados, asestando así un duro golpe a los pequeños agricultores que ponen sus productos a la venta en estos espacios. Xosé Ramón Cendán, asesor del órgano ejecutivo del sindicato, lamenta estas decisiones “unilaterales” de algunos gobiernos municipales como el de Cambre o el de Melide.


Da la sensación de que algunos concellos aplican esta medida para hacer ver que están haciendo algo y que es una gran hazaña”, reprocha Cendán, que cree que estos gobiernos locales “confunden los mercados de alimentos con otros tipos de eventos de carácter ferial que reúnen a muchas más personas”. A su vez, Cendán dice no encontrar otra explicación a este tipo de medidas, a no ser que exista una voluntad manifiesta por parte de los gobiernos locales de implementar el consumo en algunas cadenas de supermercados.


“Los mercados de alimentos se celebran normalmente en una plaza, con una gran distancia entre puestos para la venta de alimentos de la zona, de los agricultores locales, con la ventaja de que son productos frescos y de proximidad”.

En las localidades donde se decretó la prohibición se está forzando a la personas que hacían la compra en estos mercados a acudir a los supermercados, incrementando así el aforo de estos y los riesgos de contagio por aglomeración” 


En este sentido, desde el SLG inciden en que estos mercados son más seguros que los grandes supermercados, donde la ventilación es más pobre y en donde el control sobre el manoseo de los productos por parte de los clientes es imposible. “En las localidades donde se decretó la prohibición se está forzando a la personas que hacían la compra en estos mercados a acudir a los supermercados, incrementando así el aforo de estos y los riesgos de contagio por aglomeración”, razonan.


Desde el sindicato subrayan que no todos los municipios aplicarán esta medida después de plantearla. Tras una reunión con los afectados, algunos gobiernos locales han paralizado la medida, mientras que otros siguen “cerrados en banda”, como critica Cendán mientras advierte que las competencias en este sentido son municipales. Las propuestas como limitar el número de puestos, controles de aforo, divisiones por cuadriculas o incluso transferir las competencias para la organización a los propios productores no han sido atendidas.


Del mismo modo, el impacto sobre la economía o el número de familias afectadas dependerá del número de municipios que terminen adoptando estas restricciones, así como las posibles sanciones para aquellos comerciantes que decidan hacer caso omiso a la medida, ya que serán las autoridades municipales las encargadas de multar o expedientar.



COMERCIO LOCAL, DESARROLLO DEL RURAL, MEDIOAMBIENTE…

El sindicato denuncia que esta medida va en contra de un modelo al alza como es el comercio de proximidad, donde se busca el contacto personal con el cliente, y la agroecología, que ofrecen productos diferenciados y que apuestan por la sostenibilidad. “Nos vemos abocados a no tener actividad y a privar a los consumidores que buscan algo distinto de estos productos”, señalan desde el sindicato, al tiempo que recalcan el daño que supone para el desarrollo de las economías locales y del rural.


En ese orden, sin los mercados, muchos productores se encuentran en una situación complicada y sin muchas opciones para poder dar salida a unos productos perecederos. “Ahora mismo no son proveedores de otros establecimientos, por lo que se quedan sin ventas hasta que se levante la medida. Además supone renunciar a un tipo de agricultura que se venía promocionando mucho al ser una actividad respetuosa con el medioambiente al no depender de los transportes kilométricos de otras actividades”, expone Cendán.


EN MANOS DE LOS ABOGADOS

Ante el inmovilismo de algunos gobiernos municipales desde el SLG trabajan para organizar distintas movilizaciones a lo largo de esta semana con el fin de hacer público su malestar.


Mercado (3)

El sindicato anunciará acciones de protesta a lo largo de la semana


Además, los servicios jurídicos del organismo sindical también se encuentran valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra los gobiernos que promuevan este tipo de medidas. Se trataría, según el sindicato, “de una demanda legal por los riesgos sanitarios que suponen estas prohibiciones y por impedir el desarrollo de una actividad que se debe garantizar en tiempos de crisis, tal y como ordena explícitamente la Unión Europea en sus instrucciones para hacer frente a la  Covid-19.


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