Trasladar 2.000 lobos de Galicia a otras zonas de la Península, propone Galicia Baleira

El colectivo vecinal argumenta que Galicia soporta la mayor concentración de cánidos salvajes del Estado, por lo que su voto en la decisión que prohibio su caza debe pesar más

Galicia Baleira asegura que el Gobierno prefiere contentar a los ecologistas y reclama que las indeminizaciones a ganaderos por ataques a sus rebaños sean instantáneas, pues ahora tardan años en cobrar

Archivo- Agricultores y ganaderos se manifiestan en la calle, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para protestar por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

La entidad Galicia Baleira ha denunciado la "imposición" del Gobierno en su plan sobre la protección del lobo, al tiempo que sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica "están tomando como referente un plan copiado de los intereses redactados de forma mayoritaria por asociaciones ecologistas".

"Que incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para la elaboración previa de la nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que deberá ser aprobada por unanimidad", añade.

Sin embargo, sostiene que más que unanimidad "suena imposición ya que intentan mezclar el voto o intereses de comunidades que no tienen censo de lobos con otras donde Galicia es la Comunidad que debe de soportar el mayor censo de lobos de todo el país".

"Cómo pueden intentar que el voto de la Comunidad de Murcia o Extremadura, que carecen de lobo, tengan la misma fuerza que Galicia, Asturias o Cantabria, máxime cuando los censos de ejemplares no son reales porque no están actualizados".

CURIOSA PROPUESTA
En base a ello, desde Galicia Baleira solicitan que el Ministerio para la Transición Ecológica proceda al "reparto de manadas por todo el país, dejando inicialmente en el norte de España alrededor de 1.000 ejemplares de los alrededor de 3.000 existentes y se lleven 1.000 a las Sierras de Andalucía y otros 1.000 se repartan en el Sistema Central y los Pirineos".

"El Ministerio, además, debe de disponer de un plan de indemnización efectivo e instantáneo para los daños producidos en las explotaciones ganaderas, controlando igualmente las irregularidades o estafas en la solicitud de daños", concluye.