La muerte antes del desahucio de un piso de un fondo buitre en Sigüeiro se evitaría con una moratoria real, afirma la PAH

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El lanzamiento de Sigüeiro "no es aislado",  advierten unos activistas que vaticinan una inminente "avalancha de desahucios y ocupaciones".


El incendio, posiblemente provocado, de un piso en Sigüeiro del que los residentes iban a ser desahuciados ese mismo día causó la muerte de una mujer de 60 años y la hospitalización del presunto incendiario, su hijo. Una tragedia que reactiva la polémica de los lanzamientos en una Galicia, con miles de familias vulnerables, ahora aún más por la pandemia.


La 'Plataforma Afectadas por la Hipoteca' (PAH), impulsores del movimiento 'STOP Desahucios', atiende a Galiciapress para aportar su punto de vista sobre este caso, mucho más habitual de lo que reflejan los medios.


Una ley que regule el precio del alquiler o contemple un parque público de alquiler social es una de las soluciones que proponen. La plataforma advierte que la crisis provocará, a partir de agosto, "una avalancha de desahucios, ya sean de hipotecas, impagos de alquileres y ocupaciones por necesidad".


Una pasada protesta de Stop Dehaucios en Galicia

Una pasada protesta de Stop Dehaucios en Galicia  | Foto: EP


El pasado 4 de junio los vecinos de Sigüeiro vivieron uno de esos episodios que marca para siempre a toda la comunidad. Lo que empezó como un incendio en una vivienda destapó el drama de una familia vulnerable a punto de ser desahuciada. Aparentemente, el fuego fue provocado por uno de los residentes del domicilio justo el día en el que, por orden judicial, iban a ser expulsados de su vivienda habitual. En el suceso el presunto autor del fuego resultó herido de gravedad mientras que su madre, de 60 años y con un historial médico que evidenciaba sus desordenes mentales, fue encontrada sin vida entre los restos calcinados del inmueble.


Según algunas informaciones, la abogada de la familia relató varios intentos de suicidio de la víctima. Y todo esto ocurre en un contexto de crisis económica y social, donde las desigualdades se agravan. El Gobierno de España resolvió recientemente una prórroga de la moratoria de los desahucios, donde se contemplaba paralizar los lanzamientos en caso de que afectase a personas vulnerables. ¿Cómo es posible, entonces, que se produzcan este tipo de casos?


Contrariamente a lo que pueda parecer, el de Sigüeiro “no es un episodio aislado”, como recalcan desde la 'Plataforma Afectadas por la Hipoteca' (PAH), impulsores del movimiento 'STOP Desahucios'. 


“Esta muerte, como otras, se podría haber evitado. Movimientos sociales como la PAH llevan tiempo exigiendo una moratoria real de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional"


“Esta muerte, como otras, se podría haber evitado. Movimientos sociales como la PAH llevan tiempo exigiendo una moratoria real de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, tal como marcan las directivas europeas”, inciden desde la organización, a la vez que denuncian que las medidas aplicadas por el Gobierno “son insuficientes” a la hora de proteger a las familias vulnerables.


“El decreto debería haber servido para suspender este desahucio u otros cuando las familias por medio de Servicios Sociales acrediten con un informe su vulnerabilidad. No podemos permitir que cuando haya situaciones similares que un juez no tome en cuenta dichos informes”, lamenta la plataforma. Sin embargo, desde el Concello de Oroso argumentaron que los servicios sociales de la localidad no tenían constancia de la situación de esta familia que, como apuntan, no atravesaban dificultades económicas -algo cuestionable cuando hablamos de una familia sobre la que existía un evidente riesgo de desahucio-.



En la misma línea, y condicionados por la crisis sanitaria y en un contexto “de crisis de emergencia habitacional cronificada”, los responsables de 'STOP Desahucios' denuncian que no se busca garantizar la seguridad de las personas que van a ser desahuciadas, algo que “comporta muertes”. “Para poner más luz, aún teniendo la moratoria, en el primer trimestre del 2021 se han desahuciado a 174 familias cada día en España”, exponen.


FONDOS BUITRE, LOS CASEROS DE ESPAÑA

Para más inri, y según la información facilitada desde Gómez-Reino Estudio Jurídico, que llevan el caso, el inmueble en el que residían los afectados pertenece a un fondo buitre. Desde PAH no se atreven a precisar cuantas viviendas en Galicia se encuentran en esa misma situación ya que “no hay datos oficiales”. No obstante, subrayan que fondos buitre como Blackstone o Cerberus “ya son los grandes caseros que acaparan el mercado del alquiler en España”, por lo que Galicia no queda al margen en este tipo de operaciones.


¿QUÉ PASO CON LOS BOMBEROS?

Por otro lado, el caso del incendio de Oroso fue especialmente polémico por la actuación de los servicios de bomberos. En el operativo de extinción no participaron los bomberos de Santiago de Compostela, pero sí los de Ordes y Arzúa. El caso provocó un cruce de reproches y acusaciones entre los concellos implicados y la Xunta sin que nadie se hiciese responsable de la descoordinación del operativo. 


Este incidente puso de nuevo en el candelero la urgencia de solventar de una vez el eterno problema de la ausencia de un verdadero parque de bomberos comarcal.


Incendio en Sigueiro en una imagen de la CRTVG

Incendio de Sigüeiro | Foto: CRTVG


¿UNA INMINENTE OLA DE DESAHUCIOS?

Ahora, en la PAH temen que esta clase de sucesos se reproduzcan a partir del 9 de agosto “cuando se acaba el escudo descafeinado del Gobierno” y que se viva un “boom” de desahucios. “Las consecuencias serán una avalancha de desahucios, ya sean de hipotecas, impagos de alquileres y ocupaciones por necesidad, de familias desahuciadas sin realojo digno por parte de las administraciones”, advierten.


Motivados por este pronostico, el pasado 16 de junio las organizaciones que conforman la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, encabezada por la PAH, se reunieron a las puertas del Congreso para anunciar la elaboración de una nueva ley “que garantice el derecho a la vivienda a nivel estatal”. “Pretendemos registrar en el Congreso de los Diputados una auténtica Ley del Derecho a la Vivienda, porque el Gobierno que se comprometió a hacerla ha incumplido sus promesas y además no está integrando las demandas de mínimos de los movimientos sociales”.


En el caso de Galicia este año se han duplicado los desahucios con respecto al año pasado y crecen los desahucios por el impago de alquileres. Si bien desde la organización destacan que no existe un perfil tipo de afectados, sí condenan esta situación provocada por “décadas de políticas que niegan el Derecho a la vivienda en lugar de garantizarla”, algo que a su vez se traduce “en una juventud sin posibilidad de emanciparse y una clase trabajadora a la que le resulta imposible acceder a un hogar, para poder seguir construyendo proyectos de vida”.


“El sinhogarismo se cronifica, con un número creciente de pensionistas y personas mayores expulsadas del mercado laboral, arrojadas a la calle o a habitáculos en condiciones indignas”, insisten desde la organización. Por eso, en la ley que proponen recogen propuestas como la regulación estatal del precio del alquiler, un parque público de alquiler social, segunda oportunidad para deudas hipotecarias, ampliación presupuestaria para Vivienda o que se garanticen suministros básicos y telecomunicaciones, así como el derecho a una vivienda digna y el fin de los desahucios.


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Protesta de PAH  en Ferrol en una foto de archivo| Foto: EP


“Llevamos demasiados años sufriendo a quienes ponen sus beneficios privados por encima de la vida y la salud de millones de personas. Es el momento de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos”, sentencian desde el movimiento 'STOP Desahucios'.



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