La prórroga a ENCE es ilegal por lo que la fábrica debería haber dejado Pontevedra, dicta la Justicia

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy concedió una prolongación de 60 años de la concesión a la industria, que debía haber abandonado el terreno público en 2018. Esa prórroga no es válida, falla la Audiencia Nacional.


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El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy concedió una prolongación de 60 años de la concesión a la industria, que debía haber abandonado el terreno público en 2018. Esa prórroga no es válida, falla la Audiencia Nacional.


Hay que recordar que dos altos cargos del Partido Popular, el ex-conselleiro de Medio Ambiente Carlos del Álamo y la ex-ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino, son actuales miembros del Consejo de Dirección de la papelera

Isabel Tocino y Rajoy en un congreso del PP en una foto de archivo

Isabel Tocino y Rajoy en un congreso del PP en una foto de archivo 


La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado los recurso que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra las resoluciones de la Administración central por las que se acordó, por un periodo de 60 años, la prorroga a la concesión de Ence.


En concreto, la prórroga, otorgada por el Gobierno del popular Mariano Rajoy, era para la ocupación de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a esta fábrica de pasta de celulosa Kraft en la franja entre Pontevedra y Marín, en los terrenos de Lourizán.

ARGUMENTOS DE LOS JUECES
En la sentencia, con fecha de 15 de julio, la sala considera que la resolución de 20 de enero de 2016 de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra, no justifica, como exige la Ley de Costas, que la papelera, por su naturaleza, no pueda tener otra ubicación.

Antes de pronunciarse sobre el fondo, la Audiencia da validez al allanamiento de la Abogacía del Estado formalizado en el año 2019. Este movimiento de la Abogacía evidenció que el nuevo gobierno de izquierdas es contrario a que Ence siga en Lourizán y apuesta por otra ubicación.

NO ES IMPRESCINDIBLE QUE ESTÉ EN LA COSTA
En cuanto al fondo del asunto, el tribunal explica que en virtud del artículo 32.1 de la Ley de Costas se debe justificar que las instalaciones cuya prórroga se acuerda por su naturaleza no pueden tener otra ubicación.

En el caso concreto, la Audiencia indica que de acuerdo con la prueba pericial practicada se desprende que el agua dulce, en un determinado volumen, es un recurso necesario e imprescindible para el proceso productivo de las plantas de pasta de papel Kraft con blanqueo, como la de Ence Pontevedra, así como la proximidad a recursos hídricos (agua salada o dulce) para la evacuación del vertido, "pero no que dichas plantas por su naturaleza o configuración, tengan que ubicarse en el dominio público marítimo terrestre, que es lo que exige el artículo 32.1 de la Ley de Costas".

Por tanto, añade, pueden situarse en las proximidades, pero fuera de dicho demanio costero, en las proximidades de los ríos o de grandes masas de agua.

CITA OTROS CASOS
La sala cita otros casos como las fábricas de celulosa BHK, como las Torraspapel S.A en Zaragoza y Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga S.A., que se sitúan junto a ríos en los que evacuan el efluente, y también con la fábrica de Ence en Navia, que según los peritos es equiparable con la de Pontevedra, que se sitúa próxima, pero fuera del demanio costero, como se ha acreditado en este procedimiento.

Para el tribunal resulta significativo que Ence "no ha podido aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero, sino solamente la resolución de 21 de marzo de 2013 de otorgamiento de concesión para ocupación del demanio en la margen derecha de la ría de Navia, con destino a vivero de plantas (excluyendo la plantación de Eucaliptos Nitens), no para ocupación de las instalaciones de la fábrica".

La sentencia recuerda que "la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre debe perseguir, ex artículo 2 de la Ley de Costas, entre otros fines el de asegurar su integridad y debida conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias, así como las de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas, que en el caso de autos, la Orden impugnada ni ha esgrimido ni justificado".

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