El Gobierno gallego crea un fondo de cooperación con los ayuntamientos para impulsar nueva vivienda social

Habilita un procedimiento extraordinario para adjudicar directamente vivienda protegida a personas con necesidades "urgentes"

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) creará un fondo de cooperación con los ayuntamientos para impulsar la promoción de vivienda social de nueva construcción.

Este fondo, una de las medidas que figura en la ley de acompañamiento a los presupuestos para 2022, busca financiar mediante un préstamo --sin intereses-- del IGVS a los municipios la compra y promoción de vivienda de nueva construcción destinada a alquiler social.

Este organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda dotará el fondo a partir de los depósitos procedentes de las fianzas de alquiler, además de encargarse de su gestión y requisito de solicitudes. Además, se garantiza la devolución de las fianzas siempre que sean reclamadas en tiempo y forma.

El Gobierno gallego apunta que se busca permitir a "personas con mayores dificultades de acceso" a la vivienda a pisos con rentas "accesibles".

Asimismo, estas viviendas podrán destinarse a otras finalidades para "adaptarse a las necesidades sociales existentes" y a los programas que puedan aprobarse a nivel autonómico o estatal.

AGILIZAR ADJUDICACIÓN DIRECTA
Paralelamente, se incluye en la ley de vivienda un procedimiento de adjudicación directa de viviendas protegidas de promoción pública para atender necesidades "urgentes".

Aunque el régimen general de adjudicación de vivienda pública es por sorteo --entre las personas inscritas en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia--, para atender las situaciones más acuciantes se regula un procedimiento "extraordinario" que permitirá otorgar directamente un piso.

Así, se considerará a personas con necesidades "urgentes": las que sufran la pérdida de vivienda habitual como consecuencia de catástrofes naturales; las que estén en especial vulnerabilidad social o riesgo de exclusión; las víctimas de violencia de género en situación de precariedad económica que cesasen la convivencias con su agresor; así como los hijos menores de 30 años de víctimas mortales por violencia machista.

Junto a esto, en la reforma de la ley, el Gobierno autonómico rebaja las cuantías de sanciones a adjudicatarios de vivienda protegida.