El Ayuntamiento de Santiago aplaza la elaboración de los presupuestos hasta conocer el impacto del fallo sobre plusvalía

Bugallo se pone de perfil sobre la implantación de una tasa turística: "No voy a hablar de hipótesis"

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido aparcar la elaboración de los presupuestos para 2022 hasta conocer el impato sobre la sentencia del Tribunal Constitucional contra ell Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal; que representa en torno a 3 millones de euros en recaudación para las arcas municipales de la capital gallega.

Así lo ha avanzado el regidor compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, en la rueda de prensa celebrada este viernes, donde ha señalado que, a expensas de conocer "en detalle" el fallo en el que el TC declara inconstitucional las plusvalías, el gobierno local pospone el proceso para la elaboración de las cuentas del próximo año.

Bugallo, que ha recordado que la intención del ejecutivo que encabeza era iniciar contactos con los grupos en noviembre para contar con un borrador antes de final de año, ha incidido en que es "muy difícil" configurar los presupuestos sin saber el impacto inmediato de la decisión del Constitucional sobre un impuesto que supone el 3% de la recaudación municipal.

"Veremos qué decisiones tenemos que tomar nosotros", ha señalado el regidor santiagués, que ha añadido que, a falta de que se haga público en qué modo afecta a los ayuntamientos, la incertidumbre al respecto trastoca los planes del gobierno local.

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE MULTAS
Por otra parte, Bugallo ha confirmado que el contrato para la gestión de las multas municipales de áreas como la de tráfico será prorrogado y continuará siendo prestado por la empresa externa que ejerce estas funciones desde el año 2018.

El regidor ha apuntado este hecho tras el debate en el pleno municipal del jueves de una iniciativa de la oposición, que reclamó en bloque un sitema alternativo para la gestión de las multas con preferencia por la asunción de estas tareas a través de la propia administración municipal.

Bugallo ha señalado que esto último es "imposible" por la falta de recursos humanos y materiales en la plantilla del ayuntamiento. "No hay posibilidad real", ha dicho el primer edil de Santiago, que ha asegurado que la recaudación por multas de tráfico en 2020, año marcado por la pandemia de covid, se mantuvo en niveles similiares a ejercicios anteriores.

Así, ha defendido que la externacionalización de estas funciones ha permitido incrementar la capacidad de gestión de las multas, que "antes se limitaban a un papel en un coche" que, según Bugallo, "no se llegaban a cobrar".

Por lo tanto, ha dicho que la prórroga del contrato con la actual concesionaria "es inevitable" porque "no hay tiempo para hacer otra cosa". "Estamos dispuestos a estudiar hipótesis, pero mientras no se modifique las tasa de reposición de efectivos (para la plantilla municipal), ni es viable ni es efectivo", ha comentado.

PISOS Y TASA TURÍSTICA
Asismismo, Bugallo ha avanzado que el ayuntamiento recurrirá la nueva sentencia que da la razón a los propietarios de viviendas turísticas en el casco histórico, un fallo que, según el regidor, no supone "ni la legalización ni una licencia" de funcionamiento.

En este sentido, ha incidido en que el fallo del TSXG, que se suma a otros ya emitidos en la misma línea, "no hace referencia" a la "base" del asunto y sí a "determinadas cuestinoes de procedimientos"; por lo que los servicios jurídicos municipales trabajan ya en el recurso.

Además, el alcalde se ha puesto de perfil sobre la posible implantación de una tasa turística en la ciudad, un debate abierto durante el pasado mandato con Compostela Abierta en el gobierno local y que se ha reavivado tras el pronunciamiento de la concejala de Hacienda, Marta Abal, que se mostró partidaria de la medida.

"No tiene sentido que me ponga a hablar de hipótesis", ha respondido Bugallo, cuestionado sobre una cuestión que, como ha recordado, hace necesaria para su implantanción en Galicia de una ley habilitante a nivel autonómico.

Por lo tanto, el regidor ha defendido que "no tiene sentido" expresar si está a favor de su implantanción porque "es una decisión que tiene que tomar la comunidad autónoma" y "no tiene nada que reclamar" el ayuntamiento.