Los herederos de Franco pierden en los juzgados con sus denuncias por la titularidad de patrimonio público

Instantanea del Pazo de Meirás objeto del litigio judicial/ @EP

La Audiencia Provincial de Madrid según informa El Confidencial ha decretado el sobreseimiento libre del procedimiento contra la jefa del Servicio de Conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional en un "duro auto" en el que incorpora reproches jurídicos a la jueza instructora del caso.

Los Magistrados rechazan de forma rotunda "la presunta prevaricación" que esgrimían los Franco y destaca que tampoco hubo extralimitación de funciones, ya que el juzgado competente de A Coruña había acordado que se realizara un inventario de la totalidad de los bienes del Pazo de Meirás con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia. Por lo que es "evidente que procedió en cumplimiento estricto de las funciones que le fueron encomendadas" .

La responsable de Patrimonio se encontraba investigada después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz, advirtiera según su interpretanción jurídica de "hechos que pudieran ser constitutivos de delito" en la acusación de los siete nietos de Franco que aseguraban en su querella que la funcionaria se extralimitó en sus funciones y elaboró un informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás "sin que mediara orden o resolución judicial habilitante". 

En el informe de la disputa se aseguraba que los bienes muebles inventariados en el Pazo de Meirás "proceden de Patrimonio Nacional sus fundaciones u organismos dependientes" y, por tanto, serían de titularidad nacional. Cuestión sobre la que los nietos  de Franco no estaban de  acuerdo llegando a acusar a la responsable de Patrimonio de "tratar de expoliar los muebles y otros elementos accesorios del Pazo de Meirás". Se tratan en concreto de muebles, vajillas, tapices y todo tipo de objetos de gran valor que en su día fueron usados por reyes y que Franco convirtió en parte de su menaje diario". Se localizaron  gracias a este inventario "bienes fácilmente reconocibles de Patrimonio Nacional" entre las piezas que los Franco pretendían apropiarse y sacar del Pazo de Meirás.

Pero pese a todo la jueza instructora, consideró que,  Pilar Benito, elaboró un informe de los bienes que excedía de las funciones que tenía encomendadas por resolución judicial y que faltó a la verdad u omitió intencionadamente datos para fundamentar la titularidad del Estado sobre algunos objetos. Además, defendía que había indicios de que, con ánimo de perjudicar e influir en la opinión pública y desacreditar a los Franco, filtró su informe a los medios de comunicación. 

La Audiencia de Madrid, sin embargo, se muestra especialmente dura con la magistrada instructora al recordarle que como tal  "si aprecia hechos en una denuncia que no se corresponden con infracción penal alguna, debe archivarlos y no abrir una investigación con carácter prospectivo".

Además según el auto de la Audiencia "los hechos denunciados en ningún caso tienen encaje penal" a pesar, " de que en la querella se realice un repaso generalista del Código Penal para barnizar los hechos denunciados de tintes delictivos".