La agencia de ayuda a ancianos investigada por explotación de inmigrantes, Asistencia Castroverde, prestó 3.900 horas subvencionadas y superó las inspecciones

La empresa sigue de alta en el Registro de la Xunta, pese a que figura como disuelta por la Justicia desde noviembre.

En su documentación oficial, figura como ámbito de actuación o titular de programas de ayuda en el hogar en los ayuntamientos de Castroverde, Meira y Baleira.

La empresa aseguró ante la Política Social, responsable de su control, que todas sus trabajadoras eran tituladas, aunque reconoció problemas para encontrar sustitutas.

Protesta de trabajadoras de ayudas al hogar en el Ayuntamiento de Castroverde durante una protesta convocada por la CIG por impagos el verano pasado 

Asistencia Castroverde, empresa investigada por una supuesta red de explotación laboral de mujeres emigrantes, superó la inspección de la Xunta sin problemas el año pasado. Así lo indica la Consellería de Política Social cuestionada por Galiciapress.

60 mujeres inmigrantes sin  permiso trabajaron de 'internas' en 2019, cuidando ancianos a través de esta agencia,  pero sin estar dadas de alta. Lo adelantó Público, citando una investigación en Jugado de Instrucción 3 de Lugo, y ayer lo confirmó el alcalde de Castroverde.

EXPLICACIONES DE LA XUNTA

"Os servizos de inspección da Xunta realizaron unha inspección a esta entidade o pasado ano 2021 que non derivou en ningún expediente sancionador", explican desde la Consellería. Portavoces oficiales añaden además que "neste tempo non tivemos constancia de ningunha investigación xudicial nin se nos requiriu ningunha información ao respecto". 

Según la citada cabecera, unas 40 presuntas víctimas ya han prestado testimonio ante el juez que, por lo que dice Política Social, no ha pedido por ahora documentación a la Xunta, responsable de la inspección de estas entidades.

De hecho, el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Social de la Xunta mantiene de alta a Asistencia Castroverde. Dice la Consellería que no solicitaron la baja. Según esta base de datos, la compañía prestó más de 3.900 horas de asistencia subvencionada desde 2013. Según el Registro Mercantil, entró en concurso de acreedores el verano pasado y la Justicia la declaró disuelta en noviembre.

Los ayuntamientos son los responsables del Servizo de Axuda no Fogar, pero la Xunta debe inspeccionar y aporta la mayoría del dinero, el 70%.  El 30% restante lo cubre sobre todo el ayuntamiento correspondiente y una pequeña parte el asistido o su familia.

 De lo investigado hasta ahora se desprende que, además de las trabajadoras presuntamente explotadas, la agencia disponía también de docenas de operarias legales, dadas de alta. 

De hecho, la información registrada ante la Xunta muestra que tiene 32 efectivos. Dos de ellas trabajadoras sociales y  30 auxiliares de asistencia en el hogar. Nadie figura a jornada completa.

MUNICIPIOS AFECTADOS

¿Qué municipios trabajaron con Asistencia Castroverde? El citado Rexistro oficial indica que trabajó en los programas de ayuda del hogar del Ayuntamiento de Castroverde entre 2013 y 2019 y en el homónimo del vecino Ayuntamiento de Meira entre 2016 y 2020.

Sin embargo, todas las horas autorizadas, y cofinanciadas por la Xunta y concellos, figuran a nombre del Ayuntamiento de Castroverde. El Programa de Ayuda en el Hogar del que es titular la empresa señala como ámbito de actuación los municipios de Castroverde y Baleira.

SOLO ACEPTAN ESTE TRABAJO INMIGRANTES

Fuentes del sector de asistencia social consultadas por Galiciapress, señalan que las mujeres inmigrantes son una inmensa mayoría en los servicios de ayuda al hogar. Relacionan este hecho con las pobres condiciones laborales que ofertan muchas agencias, que a veces trabajan para administraciones. 

No se sorprenden tampoco por la presencia de inmigrantes sin papeles, pues indican que este es uno de los pocos nichos de empleo al que tienen acceso, sobre todo en el rural.

EXPLICACIONES DEL ALCALDE DE CASTROVERDE

La noticia ha empezado a suscitar comentarios en la política local. El alcalde de Castroverde (Lugo), José María Arias, confirmó ayer la investigación judicial. 

Arias señala, eso sí, que los trabajos realizados para el Ayuntamiento se hicieron con trabajadoras legales. "En lo que le compete al Ayuntamiento no hay nada, estaba todo en regla. Otras cosas son cosas en las que no me puedo meter como puedan ser empresas paralelas", declaró a Europapress.

RELATO DE LA EMPRESA

Entre las investigadas están la dueña de la representante legal de la agencia, la trabajadora social  M.M.L.G., de 48 años de edad, y su hija, de 27, que por ahora no han hecho público su versión. 

En la última memoria que presentó ante la Xunta, la propietaria reconoció que "tuvimos serias dificultades para formar a las trabajadoras y para encontrar auxiliares para cubrir substituciones, bajas, vacaciones ...". 

Eso sí, también deja constancia de que "todas las trabajadoras disponen de carné de conducir para desplazarse a los domicilios, el título de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, certificado de profesionalidad y experiencia profesional de varios años". Su labor "es supervisada por la trabajadora social de la empresa al menos una vez al mes". 

Es decir, que todo estaba legal. Está ahora en manos de la Justicia determinar si era efectivamente así y si la supuesta explotación laboral se produjo no solo en  contratos privados o salpicó también en  la asistencia prestada con fondos públicos.