Galicia está entre las autonomías con uno de los índices más bajos en cuanto a cobertura de servicios sociales con menos de un 5% de camas para mayores de 75 años. Algunas voces críticas señalan el lucro que están obteniendo algunas empresas que son las que mayoritariamente tienen plazas para mayores. Acusan a la Xunta de querer "tapar" la situación con la entrega de "bonos ayuda" en caso de no obtener un lugar en una residencia.
El país está por debajo de la media estatal en la inversión en servicios sociales. Esta es una de las conclusiones del informe que todos los años publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
El Concello de Ourense ha prorrogado sus presupuestos desde el año 2020 y van cinco veces. Esto ha afectado al área de ayuda y prevención a la drogodependencia que en estos momentos, según grupos de la oposición (PSOE y BNG), tendría cero presupuestos. Otra consecuencia es que las colas en la Unidad de Conductas Adictivas del CHUO ve como crecen cada día las colas de personas demandantes y sin que se haya aumentado el personal.
El PSdeG exige explicaciones a la Xunta
La comunidad gallega se sitúa como la cuarta región con mayor déficit de plazas residenciales en España, según el informe del colectivo.
La Consellería de Política Social ha replicado a las criticas del BNG en materia de dependencia y ha defendido la nueva normativa de la Xunta, que está en vigor desde este mes de enero, y que busca "agilizar y simplificar" los trámites
"Son ejemplos perfectos de cómo el gobierno del PP se dedica en la Xunta a coger fondos públicos para drenarlos a empresas privadas", ha asegurado la diputada nacionalista Olalla Rodil en un comunicado
Los contratos reservados son totalmente legales, cubren una actividad productiva de bienes o servicios, participando de forma regular en el mercado pero con el propósito especial de brindar empleo remunerado a las personas con discapacidad. Además, representan un medio de inclusión social.
Consultadas por Galiciapress, las adjudicatarias alegan que ellas solo actuarán de intermediarias mientras que el Ayuntamiento de Ourense prefiere no responder.
La empresa sigue de alta en el Registro de la Xunta, pese a que figura como disuelta por la Justicia desde noviembre. En su documentación oficial, figura como ámbito de actuación o titular de programas de ayuda en el hogar en los ayuntamientos de Castroverde, Meira y Baleira. La empresa aseguró ante la Política Social, responsable de su control, que todas sus trabajadoras eran tituladas, aunque reconoció problemas para encontrar sustitutas.
El mismo día que la Xunta anuncia medidas para "agilizar" y "corregir los retrasos" de los procesos de valoración de discapacidad, un grupo de trabajadores responsables de estos exámenes denuncian "falta de personal" que causa "un grave perjuício para las personas en espera de valoración".
En Galicia, el 18,8% de las personas dependientes están desatendidas.
Once municipios gallegos tienen presupuestos pobres o precarios en este ámbito, aunque Santiago, Oleiros y Carballo lo solucionaron este año.
El alcalde y Jácome explicaron que la negociación se cerró con una rebaja del 20% en el IBI.
El Ejecutivo de Jesús Vázquez, con los presupuestos prorrogados desde que llegó, pide el apoyo del PSOE para una modificación de crédito de 1,6 millones.
Rueda recoñeceu que "no seu momento estivo tutelado porque se daban unha serie de circunstancias, que non teñen por que estarse dando agora".
Tenía "diligencias policiales abiertas", aunque su detención y expulsión no estaban relacionadas con ellas, indican desde el Foro Galego de Inmigración.