Galicia y su "débil" cobertura en servicios sociales a pesar de las mejoras

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con servicios sociales calificados como "débiles", una posición que comparte con Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. Esta preocupante realidad ha sido desvelada por el Índice DEC de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un informe que expone las persistentes deficiencias en el sistema público gallego, a pesar de ciertos avances en los últimos años.

El estudio revela que cerca del 42% de la población española, unos 20 millones de personas, reside en comunidades con sistemas de servicios sociales considerados "débiles o irrelevantes". En este escenario, Galicia ocupa el puesto 13 en el ranking de desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales, lo que subraya la urgencia de una mayor inversión y dotación de recursos.

El gasto aumenta pero no es suficiente

A pesar de estas limitaciones, Galicia ha mostrado una mejora en los indicadores económicos del sistema durante 2023. Las administraciones públicas gallegas, incluyendo la comunidad autónoma, diputaciones y ayuntamientos, aumentaron su gasto en servicios sociales en un 15,3%. Esto se traduce en un incremento de 465,1 euros a 536,3 euros por habitante. Sin embargo, esta cifra aún se mantiene por debajo de la media estatal de 548,1 euros, evidenciando la necesidad de continuar invirtiendo para alcanzar los estándares nacionales.

Dentro del panorama general, Galicia sobresale en áreas específicas. La comunidad supera la media estatal en la cobertura de Centros de Día para personas mayores, alcanzando un 2,57% de la población mayor de 75 años, frente al 2,22% de la media española. Asimismo, destaca en la promoción de acogimientos familiares para menores, representando el 61,6% del total, en contraste con el 47,8% de la media estatal. Estos logros reflejan un compromiso en áreas cruciales para el bienestar de la población más vulnerable.

Las brechas en los servicios sociales

No obstante, la mayoría de las prestaciones y servicios en Galicia se encuentran por debajo de la media nacional. Una de las deficiencias más críticas se observa en la dotación de profesionales en la red básica de servicios sociales. Mientras la media estatal es de un profesional por cada 1.572 habitantes, en Galicia esta cifra se eleva a uno por cada 2.064 habitantes, lo que implica una menor capacidad de atención y una posible sobrecarga para los profesionales.

La cobertura del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores también es notablemente inferior, alcanzando solo el 8,58% de los mayores de 75 años en Galicia, frente al 11,51% de la media estatal. Esta disparidad puede limitar la autonomía y aumentar el riesgo de dependencia para muchos mayores. Otra carencia significativa se aprecia en las plazas residenciales para personas mayores, con una cobertura del 4,67% sobre la población mayor de 75 años en Galicia, en comparación con el 5,89% de la media estatal.

¿Un sistema en declive?

Susana Méndez, representante de CIG, no se muestra optimista ante los datos y critica con dureza la situación de los servicios sociales en Galicia. "No funciona la atención a la Dependencia y la atención de los servicios sociales en general", afirma, haciendo eco de las denuncias de diversas campañas y federaciones del sector. Méndez subraya que "cada vez que se publican datos estos van a peor" y que "el acceso a Servicios Sociales cada vez es más difícil". Destaca que con una población gallega donde el 25% son personas mayores, y esta cifra va en aumento, la necesidad de una gestión eficiente es "obvia".

Méndez lamenta la falta de incremento en los servicios públicos, señalando que, en su lugar, se opta por una "política de pantalla y otra de beneficencia con bonos ayuda que solo sirven para hacer caciquismo y no solucionan los problemas reales de la gente". Explica que estos bonos, entregados a personas con dependencia reconocida que no consiguen una plaza en residencias, son una "suma de dinero para aparentar que están entregando una prestación cuando en realidad no es así".

La representante de CIG recuerda la recogida de firmas para crear un servicio público de atención a las personas mayores y lamenta que "a día de hoy no hay recursos suficientes, menos públicas". En este sentido, compara las 71 residencias públicas con 5.000 plazas frente a las 215 privadas con 16.000 plazas, y advierte que, aun así, el total no se acerca al mínimo recomendado por la OMS para mayores de 65 años (5 plazas por cada 100, mientras Galicia está en 3).

Para Méndez, la falta de presupuesto no es la causa: "Tenemos claro que no es falta de presupuesto, la Xunta destina el dinero como considera oportuno. Los servicios como este o la sanidad no tienen presupuestos como deben para poder tener servicios en condiciones". Critica abiertamente el favorecimiento de empresas privadas, mencionando la construcción de residencias por parte de Amancio Ortega que luego la Xunta cede a estas empresas.

Finalmente, Méndez cuestiona el copago que realizan los usuarios en función de sus ingresos. Para ella, "cualquier copago siempre será elevado porque nos gustaría que no hubiese, porque con una de las pensiones más bajas del estado no se debería pagar por este servicio". Concluye que este sistema en el que la persona paga a la administración y esta deriva el dinero a empresas privadas es una muestra de que la Xunta "favorece empresas amigas y no cree en lo público".

Desigualdad territorial 

El informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también enfatiza las marcadas diferencias entre comunidades autónomas. Mientras Madrid, Cantabria y Murcia presentan servicios "irrelevantes", y Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares son calificadas como "débiles", otras como Castilla y León y el País Vasco disfrutan de servicios "medio altos", y Navarra de servicios "medios".

Estas disparidades geográficas tienen consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Los autores del estudio alertan que los plazos de respuesta en prestaciones tan cruciales como la valoración de la dependencia pueden variar drásticamente, pasando de dos meses en una comunidad a ocho meses o incluso un año en otra.

A pesar de estas deficiencias, José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, destaca que, en términos generales, "claramente los datos mejoran" y los Servicios Sociales "se consolidan en este país como la cuarta base del Estado de Bienestar". Aunque el camino es largo, la mejora en el gasto y el reconocimiento de su papel fundamental son pasos importantes hacia un sistema más equitativo y eficiente para todos los ciudadanos.