La Xunta vota en contra del nuevo modelo de residencias que obliga a tener más trabajadoras y menos plazas

El Partido Popular de Galicia prometió tras los cientos de muertes de la pandemia cambiar las normas de las residencias pero se ha opuesto a su modificación a nivel estatal. Los nuevos centros no podrán tener más de ciento veinte plazas lo que puede ayudar a contener los brotes masivos que se produjeron en las primeras olas del coronavirus.

 


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El Partido Popular de Galicia prometió tras los cientos de muertes de la pandemia cambiar las normas de las residencias pero se ha opuesto a su modificación a nivel estatal, al igual que el resto de autonomías gobernadas por los conservadores.

 

Los nuevos centros no podrán tener más de ciento veinte plazas, lo que puede ayudar a contener los brotes masivos que se produjeron en las primeras olas del coronavirus.

 

La patronal lo ha criticado por irrealizable y algunas asociaciones de usuarios, no todas, lo han aplaudido.

 

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo el 28 de junio para definir el nuevo modelo de residencias. La principal novedad es que los centros que se construyan a partir de ahora tendrán un máximo de 120 plazas; de este modo, se quiere mejorar la atención que se presta y que, en los próximos años, exista un trabajador por cada dos usuarios en los centros de mayores o personas con discapacidad. Esta cifra máxima de usuarios será de 75 en las zonas rurales y de 90 en localidades de población intermedia.

 

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El acuerdo se cerró por la mínima. Foto: Europa Press

 

Las que ya existen (y lo requieran) tendrán que adaptarse y habilitar espacios de convivencia para un máximo de 15 personas, que tengan una zona común con cocina y donde también haya sala de estar y comedor.

 

La aprobación de este acuerdo tiene el apoyo de varios agentes sociales , aunque la patronal de las residencias critica que el nuevo formato hará que crezcan los costes para el usuario.

 

10 CONTRA 9

 

Sin embargo, la votación fue ajustada. Asturias, Islas Baleares, Extremadura, Aragón, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, Melilla y Cantabria se mostraron favorables al acuerdo, mientras que Cataluña, Euskadi, Andalucía, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Ceuta y las dos Castillas (en la Mancha gobierna el PSOE) votaron en contra.

 

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se felicitó por la aprobación del acuerdo, que definió de "transformación en consenso político de lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia" y dijo que así " miramos el futuro y la vejez con esperanza".

 

Concentración de trabajadoras de las residencias de mayores frente a la delegación territorial de la Xunta en Vigo.
Concentración de trabajadoras de las residencias de mayores frente a la delegación territorial de la Xunta en Vigo en una foto de archivo.

 

 

 


 

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