España incumplió sus obligaciones en el saneamiento de la Ría de Pontevedra

Una sentencia del Tribunal De Justicia de la Unión Europea ha vuelto a cuestionar el saneamiento de la Ría de Pontevedra, asegurando que España ha incumplido algunas de las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales. 

La sentencia es el primer paso cara una posible sanción, después de que España fuese denunciada en noviembre de 2014 por la Comisión Europea por no tratar adecuadamente las aguas residuales en "zonas sensibles" en el plazo exigido, generando un "indudable riesgo para la salud pública". 

En su sentencia, la justicia europea avala que España ha incumplido la obligación de garantizar un tratamiento secundario o un proceso equivalente de las aguas residuales que entran en los sistemas colectores en la aglomeración de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

Por el momento, se trata de un aviso, no se contempla ninguna sanción económica. Pero sería conveniente comenzar a actuar, sobre todo si atendemos al precedente de la ría de Vigo, donde la Unión Europea impuso en 2005 una multa de 20 millones de euros por contaminación. 

Finalmente, la sanción no tuvo que ser pagada, pero sólo porque Bruselas archivó la denuncia tras aprobar el nuevo plan de saneamiento presentado. 

Por el momento, parece que se están dando pasos. Durante el pasado verano las autoridades españolas aseguraron que tenían pensado resolver sus problemas de depuración para 2020. La Xunta, por su parte, asegura que gran parte de las ayudas comunitarias para saneamiento serán para la Ría de Pontevedra. 

APDR TRATARÁ DE USAR LA SENTENCIA CONTRA ENCE

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, pretende darle "más recorrido" a la sentencia de la sala sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Estado español por el tratamiento de las aguas residuales urbanas vertidas en la ría.

El colectivo ecologista ha anunciado su intención de estudiar la posibilidad de utilizar este fallo para futuras denuncias "contra los municipios" implicados en el incumplimiento de la Directiva 91/271 "y contra Ence", empresa que "tiene una responsabilidad importante", ha afirmado el presidente de la APDR, Antón Masa.

Así, ha precisado que las aguas residuales urbanas abarcan no solo las de origen doméstico de Pontevedra, Poio, Marín y Bueu, sino también las de procedencia industrial "que salen al medio mezcladas" a través del emisario submarino.

En este último caso, Masa ha insistido en que la Autorización Ambiental Integrada de Ence "deberían contemplarse las exigencias de vertido en lo que a bacterias coliformes fecales se refiere".

Aunque ha admitido que parte de la contaminación orgánica y microbiológica de la ría de Pontevedra tiene su origen en la "falta de depuración de las aguas de origen doméstico", desde la APDR han apuntado también a las aguas de vertido procedentes de la pastera, en parámetros como demanda biológica de oxígeno, fósforo, nitrógeno y coliformes.

Por ello, la asociación ecologista ha insistido en culpar al Gobierno Central de "agravar el problema" concediéndole a Ence una prórroga "injustificada" para que continúe otros 60 años en su actual ubicación de Lourizán, lo que "impedirá el verdadero saneamiento integral de la ría", ha añadido.