​AGE reta a la Xunta a denunciar a Edgewater si sus acusaciones "no son ciertas"

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Alternativa Galega de Esquerda considera que a la Xunta no tiene opción además de "denunciar penalmente a Edgewater y a su dirección" si las graves acusaciones contenidas en su demanda y adelantadas por Galiciapress "no son ciertas". "No presuponemos nada", asegura el viceportavoz de AGE, Antón Sánchez, pero advierte de que la Xunta no puede "perder ni un minuto" en aclarar esta situación". 



Precisamente se acaba de pronunciar Ángel Bernando Tahoces, director xeral de Energía y Minas, señalado directamente en la demanda de la minera de Corcoesto como uno de los responsables de un cambio "arbitrario" de las reglas del juego después de haber obtenido "todos los informes sectoriales favorables".


Tahoces ha querido dejar claro que el procedimiento de la mina de Corcoesto fue tramitado "conforme a la ley en todo momento", con actuaciones respaldadas en todo momento "por informes concretos y específicos por la asesoría jurídica de la Xunta"


Sobre las supuestas "presiones" que denuncia Edgewater, Tahoces ha asegurado no entender a qué se refiere. "¿Presiones de quién?, ¿de qué?, no sé lo que es esto, para mí no tiene significación alguna, para mí es incomprensible e ininteligible lo que la empresa quiere transmitir", ha zanjado.


Ha explicado además que durante la tramitación del procedimiento, el Gobierno gallego recibió "cientos de alegaciones de ciudadanos, de organizaciones empresariales, de colectivos sociales y políticos", que se "estudiaron y analizaron". "Y en función de la información que estuvimos recibiendo actuamos en consecuencia".


A través de parte de estas alegaciones la Xunta descubrió que la empresa que quería explotar los terrenos "no tenía viabilidad económica", ya que "lo que pretendía era, precisamente, coger unos derechos mineros, revenderlos y obtener una sustancial plusvalía".


De tal forma, ante las alegaciones "reiteradas" sobre la falta de viabilidad económica de la empresa y su intención de "revender" los derechos mineros, el Ejecutivo autonómico "pidió los informes sectoriales correspondientes a los órganos específicos correspondientes".

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