La minera de Corcoesto cree que se quedó sin oro por no ceder a las “presiones” de la Xunta

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La minera canadiense Edgewater se fue de Galicia con la miel en los labios, después de que la Xunta echase abajo su autorización para explotar el oro de Corcoesto. En aquel momento pareció una consecuencia de la intensa oposición política y social que despertó el proyecto. Pero en la minera están convencidos de que la administración hubiese capeado el temporal si hubiesen cedido a “determinadas presiones” que según ellos recibieron.


Así lo exponen en la demanda que han presentado contra la administración gallega, a la que ha podido acceder Galiciapress. En ella Edgewater compara el gobierno gallego con el venezolano por su “arbitrariedad”, denuncia presiones para contratar compañías concretas y llega a insinuar que recibieron peticiones de sobornos por parte de “amigos del presidente”.


Las acusaciones más contundentes proceden de un correo electrónico enviado el 12 de noviembre de 2014 por el presidente de Edgewater, George Salamis, a uno de los directivos al frente del proyecto gallego, Lluis Boixet. Este correo se integra en la demanda, aportado como prueba de la mala imagen que se llevaron los directivos de la compañía y sus inversores asociados de la actuación de la Xunta de Galicia.


George Salamis confiesa en este correo que no sabe qué podrían haber hecho de manera distinta para conseguir la aprobación de su proyecto además de "pagarles $$$$ a los políticos", algo que "hubiera sido fácil" pero que según él no encaja con su modo de hacer negocios. Llega a asegurar que hubo "amigos del presidente que vienen a nosotros con ofertas de ayuda", que relaciona con "$$ en una maleta Samsonite".


El presidente de la minera canadiense compara el trato recibido en Galicia con el que le dispensó el gobierno de Venezuela en proyectos anteriores, asegura que "los caminos han sido casi idénticos", refiriéndose a "la lenta erosión de derechos, la denegación de permisos, inventando leyes nuevas y decretos para pararnos".


No es el único punto de la demanda donde se cuestiona la tramitación de su proyecto en Galicia. La compañía también denuncia ciertas "insinuaciones" y "presión" sobre "quien haya de ser la empresa que realice el movimiento de tierras y quien debía ser su director general”, presiones que según ellos no aceptaron en ningún momento.


FEIJÓO RECHAZA "CALUMNIAS DESPROPORCIONADAS"


Alberto Núñez Feijóo ha rechazado las "calumnias" de la minera de Edgewater, atribuyéndolos al "despecho" de una empresa que "no asumió que no se puede venir a Galicia a hacer negocio".


"Esa empresa quería hacer un negocio en Galicia y los técnicos de medio ambiente y los técnicos que llevaban la supervisión de las finanzas de esa empresa desaconsejaron y desautorizaron el negocio que la empresa pretendía hacer", ha advertido.


"Creo que este despecho está desproporcionado. Allá ellos. Si consideran que Galicia es un lugar donde puede venir a explorar sus recursos, a hacer negocio y llevar ese dinero a otro sitio, se confunden de país y se confunden de Gobierno", ha concluido.


CAMBIANDO LAS REGLAS DEL JUEGO


El objetivo principal de la demanda de Edgewater es demostrar que la Xunta les retiró unos derechos ya concedidos en base a una "decisión política”, a partir de la cual cambió "arbitrariamente las reglas del juego", buscando un "pretexto" para justificar su decisión.


Ese "pretexto" al que hacen referencia sería la petición que les fue realizada para acreditar su solvencia en julio de 2013, siéndoles requerida según ellos una "ampliación de capital de 30,4 millones de euros totalmente desembolsada", así como contratos de financiación ajenos por importe "no inferior a 91,2 millones". En su demanda la minera considera arbitraria esta solicitud, ya que sostiene que la administración nunca la había reclamado "para un caso comparable". Además, la consideran improcedente, argumentando que ya tenían concedidos los derechos mineros y sólo quedaba por autorizar "una específica forma de aprovechamiento de parte del oro contenido en aquellos derechos mineros".


Pero además recuerdan que Alberto Núñez Feijóo anunció públicamente que el proyecto no saldría adelante en el debate sobre el estado de la autonomía del 15 de octubre de 2013, cuando según ellos "el plazo para acreditar aquella solvencia aún estaba abierto". Según la minera, el anuncio del presidente provocó su desplome en bolsa y el de los inversores de la compañía, truncando las exigencias de financiación que se les habían reclamado.


En principio, la exigencia de solvencia planteada por la Xunta fue avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en febrero, que señala la posibilidad de denegar derechos mineros por el incumplimiento de "los requisitos subjetivos o la insuficiente solvencia económica o técnica del solicitante". Pero la demanda de la minera basa sus reclamaciones en las supuestas fallas que observa en el proceso administrativo, intentando demostrar que se la sometió a una exigencia arbitraria y que no se le concedió el plazo necesario para acreditar su solvencia.



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