​Los 'Morones' alegan un pacto previo con la Fiscalía para esquivar el juicio

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Abogadomorones

La defensa de los hermanos del 'clan de los Morones' Marino, Saúl y Juan Paulo G.J., representados por el abogado Marcos García-Montes, ha solicitado la nulidad del procedimiento en relación a supuestos delitos de extorsión en mercadillos de Pontevedra, al argumentar que la causa se centra en los hechos que habían sido investigados antes de que se produjera el acuerdo entre los gitanos gallegos y zamoranos ante la Fiscalía de Galicia.


El letrado ha explicado que esta solicitud al Juzgado de Instrucción número tres de Cangas (Pontevedra) se basa en que en la reunión celebrada en enero de 2015 los cuatro pastores que actuaron como intermediarios por parte de los gitanos zamoranos y Sinaí Giménez en nombre de la familia de los Morones, llegaron a un acuerdo ante el fiscal jefe y el teniente fiscal de Galicia.


En concreto, los morones se comprometieron a "que la otra parte podría desenvolver libremente su actividad en los mercados" y los zamoranos a realizar su actividad "causando los menores perjuicios al resto de ambulantes". Todo ello en un acuerdo por el que también se convenía "la solicitud de archivo de las diligencias" por parte de la Fiscalía de Galicia.


Entiende así el abogado que, al no haber formulado denuncia la Fiscalía ni los zamoranos con anterioridad a la reunión y al haber renunciado a hacerlo, "resulta manifiestamente claro que no existió infracción penal alguna, máxime ante la obligación de cualquier ciudadano a denunciar hechos presuntamente delictivos".


Por todo ello, ha solicitado a la Fiscalía de Galicia que remita las diligencias correspondientes sobre estos extremos; y ha concluido que "no se puede investigar los hechos reflejados en la querella" del fiscal jefe de Pontevedra con fecha de marzo de 2016, "al haberse resuelto el acuerdo y no existencia del delito".


PETICIÓN DE LIBERTAD


El letrado también ha informado que va a solicitar "la inmediata puesta en libertad" de sus patrocinados, en prisión desde el pasado mes de abril, "al entender que no existió infracción penal ni con anterioridad ni con posterioridad a la fecha calendada".


En el marco de esta causa, se encuentran en prisión provisional acusados de delitos de extorsiones, amenazas, organización criminal, blanqueo y contra la Seguridad Social, los hermanos Juan Paulo, Saúl, Marino y Sinaí Giménez, así como su padre Olegario, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras su alta hospitalaria.

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