​La senadora gallega Pilar Barreiro, citada para declarar en el Supremo por la trama Púnica

La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer ha citado en calidad de investigada el próximo 15 de enero a la la senadora gallega del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro, a la que interrogará por delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica, han informado fuentes jurídicas.

La Sala de lo Penal del Alto tribunal abrió causa contra la senadora el pasado 17 de octubre y, en cumplimiento de la ley, ahora le da la oportunidad de declarar por los hechos que se le imputan de forma voluntaria, antes de que decidir de forma formal si se pide a la cámara alta su suplicatorio.

La Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo después de que el ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco --que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial--, remitiese una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada de Barreiro.

En su auto de apertura de la investigación, el Supremo ya considera que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser calificados como constitutivos" de cinco delitos.

Precisa que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con empresas de Alejandro De Pedro --considerado el conseguidor de la Púnica-- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

USO IRREGULAR DE DINERO PÚBLICO

En la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 subrayaba también que la senadora del PP presuntamente sufragó con dinero público previsto trabajos particulares como la limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de un diario digital que emitiese informaciones favorables.

El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento.