​A Mesa constata que la administración es "la mayor incumplidora" de los derechos del gallego

A Mesa presentó el balance de 2017 de 'A liña do galego'.

Más de la mitad de las quejas que tramita A Mesa pola Normalización Lingüística sobre problemas de atención o mal uso de la lengua gallega tienen que ver con la administración, tanto central, como local y autonómica.

Este es uno de los principales datos que se extraen del balance anual de la herramienta 'A liña do galego', el servicio de A Mesa para recibir opiniones, tanto negativas como positivas, sobre el respeto a los derechos lingüísticos en el ámbito privado y público.

El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, ha presentado este sábado los resultados referentes al pasado año en una rueda de prensa celebrada en Santiago en la que ha estado acompañado por Celia Armas y Elsa Quintas.

Así, A Mesa abrió en 2017 un total de 289 expedientes de quejas, 20 de consultas y 54 felicitaciones a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes en la aplicación móvil de 'A liña do galego'.

Entre las quejas destacan las relativas a "discriminaciones y exclusiones lingüísticas" con un 38 por ciento, seguidas por las que denuncian la deturpación de la toponimia (28 por ciento) y por la "negación" a ser atendido en lengua gallega (14 por ciento).

De este modo, más de la mitad de estas denuncias --un 56 por ciento-- proceden del ámbito de la administración, siendo las instituciones que dependen de la Xunta las que más quejas acumulan con un 47 por ciento, por el 31 y el 22 por ciento que se reparten la local y la central, respectivamente.

Con todo, los ayuntamientos concentran un 27 por ciento de los expedientes dirigidos a la administración pública, mientras que el Sergas lo hace en un 20 por ciento y la Xunta de Galicia en un 15.

La directora de 'A liña de galego', Celia Armas, ha puesto el foco en que "quien debe velar por el cumplimiento" de la ley de normalización lingüística, como es la administración, es "la mayor incumplidora", aunque también ha incidido en que en el sector privado "queda mucho por avanzar".

En cuanto a las entidades privadas, compañías como Google, Ikea, Movistar o Abanca fueron las empresas que más denuncias registraron el pasado año.

Por otra parte, A Mesa ha anunciado que creará un indicativo para señalar los establecimientos que reciben buenas referencias por el empleo del gallego.

"POCAS NORMAS" AMPARAN AL GALLEGO

Así las cosas, entre las conclusiones que A Mesa extrae sobre este balance anual resalta que la realidad "obliga" al usuario a "renunciar" al uso del gallego "cuando se dirige a la administración o las empresas que prestan un servicio" que, "en muchas ocasiones", incluso cometen "coacciones evidentes".

Además, apuntan que la Administración autonómica, "con funciones y competencias" para garantizar los derechos lingüísticos del gallegohablante, "no solo abdica de su responsabilidad sino que es la primera en incumplir sus propias normas".

De este modo, A Mesa insta a la Xunta a tomar ejemplo de los gobiernos vasco y catalán y señalan que, de existir una "sensibilidad" desde la administración de Galicia similar a la de Euskadi y Cataluña, el respeto a la lengua propia en la actividad empresarial también sería "diferente".

En esta línea, denuncia que "las escasas disposiciones que amparan el gallego" se incumplen "día a día", lo que contrasta con "el cumplimiento riguroso de las 500 disposiciones que obligan al uso del español".

Por ello, A Mesa pola Normalización Lingüística llama a la ciudadanía a "romper la normalidad e impunidad de la exclusión del gallego" a través de denuncias y reclamaciones "dentro y fuera" de las fronteras de Galicia.