Los vecinos de O Carballiño preocupados: COPASA se adjudica el contrato del agua con la peor oferta económica

La UTE formada por COPASA, Geseco y Espina Obras Hidráulicas gestionará el ciclo integral del agua en O Carballiño durante los próximos 20 años, en un contrato de más de 60 millones de euros que ha generado inquietud entre los vecinos por su posible impacto económico en las familias y por las irregularidades detectadas durante el proceso.

El canon ofrecido por COPASA merma la capacidad inversora del Ayuntamiento

COPASA ganó tras obtener la máxima puntuación técnica entre las ocho empresas participantes, según la consultora Tirse Ingenieros, aunque fue la peor valorada económicamente, ofreciendo el canon más bajo: 166.017 euros al año (3,32 millones en 20 años), frente a competidoras como Acciona (17,86 millones) o Espina y Delfín (9,46 millones). Este canon tan reducido podría suponer una pérdida de hasta 14 millones de euros en ingresos municipales, limitando la capacidad del Concello para invertir en servicios públicos.

El contrato pese a su baja oferta dice incluir inversiones de 7,7 millones de euros en los primeros cinco años, mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento y la construcción de un nuevo depósito de 8.000 m³, cuya utilidad ha sido cuestionada por no garantizar el suministro en momentos de alta demanda ni contemplar el impacto del nuevo polígono industrial previsto.

La oferta técnica de COPASA fue la mejor valorada porque obtuvo la máxima puntuación en el sobre B, apartado que se evalúa mediante juicio de valor por expertos externos y que analiza el plan de explotación del servicio, la organización, medidas medioambientales y sociales, innovación tecnológica, gestión de emergencias y comunicación con los usuarios. COPASA logró 45 puntos sobre 45 posibles, superando a Espina & Delfín (39,07) y Gestagua (39,06). Sin embargo, esta valoración generó polémica al ser subjetiva, levantando dudas sobre la imparcialidad del proceso. 

Algunas empresas con propuestas más avanzadas, como telelectura desde el primer día, sistemas GIS y certificaciones ISO, obtuvieron puntuaciones similares o incluso más bajas, mientras la mesa de contratación fue modificada para excluir a representantes políticos, en un contexto con denuncias de posible conflicto de intereses. COPASA ganó gracias a la valoración máxima de su propuesta técnica, aunque su oferta económica fue la menos rentable para el ayuntamiento.

Empresas como Espina & Delfín y Gestagua ofrecían mejoras implementadas desde el primer día, mientras que Copasa las planteaba en fases. Algunas propuestas incluían certificaciones en ciberseguridad y calidad que no fueron suficientemente reconocidas. Además en  varios casos, se otorgó la misma puntuación a empresas con soluciones listas desde el inicio que a otras con plazos de implementación más largos.

Esto ha generado críticas sobre la subjetividad del proceso, ya que la puntuación técnica fue decisiva para la adjudicación, mientras que el criterio económico fue claramente desfavorable para Copasa

Los vecinos preocupados por la subida del recibo del agua, el historial ético de la empresa y la devolución del dinero del PERTE

Los vecinos temen una subida en el recibo del agua de hasta 30 euros más al año por hogar, ya que el contrato traslada a las tarifas obras que podrían haberse financiado con ayudas públicas. Además, existe riesgo de duplicidad de subvenciones, dado que algunas inversiones ya estaban cubiertas por fondos europeos (PERTE), lo que podría obligar a devolver más de un millón de euros y comprometer otros 4,8 millones concedidos al expediente conjunto de varios municipios.

En concreto, las inversiones que figuran tanto en el contrato de concesión con COPASA como en el proyecto PERTE incluyen 427.000 euros para la mejora de la red de distribución en baja, 556.315 euros para la digitalización del saneamiento, 82.280 euros para la modelización cartográfica de redes y 48.900 euros para plataformas digitales de gestión. Estas partidas ya estaban cubiertas por los 1,49 millones de euros que O Carballiño recibió del PERTE, como parte de una agrupación junto a otros cinco municipios gallegos: A Cañiza, Maside, Melón, Mondariz y Mondariz-Balneario.

El riesgo de esta duplicidad es significativo: el Ministerio para la Transición Ecológica podría exigir la devolución de más de un millón de euros si se confirma la irregularidad, poniendo en riesgo no solo la estabilidad financiera de O Carballiño, sino también el expediente conjunto de los seis municipios gallegos implicados. Además, el Concello podría quedar excluido de futuras convocatorias de financiación europea, limitando sus posibilidades de acceder a fondos clave para modernizar sus infraestructuras.

La adjudicación genera preocupación por los antecedentes de COPASA en Lalín, donde su gestión del agua fue criticada por subidas de tarifas y presuntas prácticas poco éticas.

Además, COPASA fue sancionada con cinco millones de euros por la CNMC en 2021 por prácticas anticompetitivas y aparece mencionada en las conversaciones del Caso Koldo, investigación sobre una trama de mordidas en adjudicaciones públicas en toda España. Aunque no se han demostrado pagos ilegales por parte de COPASA, su aparición en la causa genera inquietud sobre posibles derivaciones judiciales en el municipio.

Silencio político final, falta de explicaciones y subida de sueldos del gobierno municipal

Lo más significativo es el silencio político que ha acompañado el final de esta adjudicación. Ni el gobierno local ni los grupos políticos han explicado públicamente las razones que justifican la elección de COPASA con el canon más bajo y el impacto económico que tendrá sobre las familias. El alcalde Francisco Fumega, expulsado del PSOE tras pactar con el PP para mantenerse en la alcaldía, no ha dado explicaciones detalladas a pesar de la importancia del contrato, mientras que la oposición ha optado por la cautela y el silencio tras una inicial denuncia de irregularidades que no ha tenido continuidad tras la adjudicación definitiva plagada de más pregunta que respuestas.

Este silencio institucional contrasta con la magnitud del contrato y su impacto sobre los vecinos, alimentando la desconfianza ciudadana en un momento de crisis institucional, especialmente tras la subida del 10% en los sueldos del gobierno local aprobada tras el pacto PSOE-PP, en pleno proceso de adjudicación del servicio de agua.

La oposición en O Carballiño que fue especialmente crítica con la adjudicación del ciclo del agua a COPASA, denunciando tanto irregularidades técnicas como éticas en un proceso que califican como una “torpeza sin precedentes” por parte del gobierno local mantiene un absoluto silencio actualmente. El grupo Espazo Común llegó a advertir que el contrato incluye partidas ya financiadas con fondos del PERTE, lo que podría obligar al Concello a devolver más de un millón de euros, poniendo en riesgo la estabilidad económica del municipio y de los cinco ayuntamientos gallegos vinculados al expediente.

Las críticas también apuntan a la escasa experiencia de COPASA en la gestión de servicios de agua, limitada a su polémico paso por Lalín, donde fue señalada por subidas de tarifas y prácticas poco éticas, generando temor en la oposición de que O Carballiño acabe replicando un modelo de gestión que termine en asfixia fiscal para los vecinos. Además, denunciaron que el nuevo depósito de agua proyectado por COPASA es insuficiente para cubrir la demanda en momentos de alta afluencia, como durante la Festa do Pulpo, comprometiendo la garantía del servicio en periodos críticos.

Otro punto de tensión fue el modelo de fiscalización elegido para este contrato de más de 60 millones de euros. La mesa de contratación fue modificada con el voto de PSOE y PP para excluir a representantes políticos, en lo que la oposición considera una maniobra para evitar la fiscalización democrática de un proyecto de gran impacto para el municipio. Según Espazo Común, esta decisión dejó el control técnico en manos de perfiles vinculados a la Diputación, apartando incluso al arquitecto municipal de un contrato que incluye más de 7 millones en obras.

El bipartito PSOE–PP local ha sido acusado de priorizar su estabilidad política mientras cedía el control técnico de un contrato clave, generando desconfianza ciudadana por la falta de transparencia y el riesgo de repetir un modelo de gestión opaco que, según la oposición, ya perjudicó a vecinos en otras localidades.

Lo más llamativo es que, tras la adjudicación del contrato a COPASA, la oposición ha guardado un silencio que contrasta con la contundencia de sus denuncias previas, alimentando las sospechas de una retirada estratégica o de acuerdos políticos soterrados que han silenciado las críticas en un momento en el que la ciudadanía demanda explicaciones claras sobre un contrato que afectará a sus bolsillos durante los próximos 20 años.

Con un canon municipal bajo, riesgo de sobrecostes para los hogares y posibles duplicidades con fondos europeos, la adjudicación a COPASA en O Carballiño abre un nuevo frente de controversia que podría tener consecuencias económicas y políticas de calado, en un municipio que ahora ve su gestión del agua condicionada por el fantasma de la corrupción y las sombras del Caso Koldo. El silencio de las instituciones se suma a la preocupación ciudadana por un servicio esencial