Los Franco abren por primera vez al público la Casa Cornide de A Coruña, declarada BIC

A las 11:30 hay una concentración. La alcaldesa del PSOE Inés Rey y el líder del BNG Francisco Jorquera han estado entre los primeros visitantes. Los Franco han impedido sacar fotos del interior. 


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Archivo - El cuidador de la Casa Cornide y testigo de los Franco en el juicio por su ocupación por nueve activistas en 2017, cierra la puerta del inmueble, ubicado en A Coruña
Archivo - El cuidador de la Casa Cornide y testigo de los Franco en el juicio por su ocupación por nueve activistas en 2017, cierra la puerta del inmueble, ubicado en A Coruña

En pleno corazón de la Ciudad Vieja de A Coruña, la Casa Cornide ha reabierto sus puertas este lunes como resultado del cumplimiento forzoso de la legislación sobre bienes de interés cultural. Tras años de controversia, el inmueble, propiedad de la familia del dictador Francisco Franco, inicia una limitada temporada de visitas públicas, solo durante los lunes, en respuesta a la sanción impuesta por la Xunta por incumplimiento de esta obligación desde que el edificio recibió la protección BIC. El Ayuntamiento coruñés reclama la recuperación para el patrimonio público de esta singular construcción del siglo XVIII, cuya historia sigue alimentando el debate sobre la memoria democrática en Galicia. 

 

El mecanismo de acceso está regulado a través de una web habilitada por la familia Franco, lo que limita el número de visitantes por jornada. Se trata de la primera ocasión en la que los descendientes del dictador permiten el acceso regular a la Casa Cornide después de resistirse durante meses a cumplir la ley. La medida llega tras la imposición de una multa de 3.000 euros por parte de la Xunta, que también requería la apertura del inmueble al menos cuatro días al mes, un requisito que hasta ahora la familia había desoído, alegando ser “propietarios de buena fe” y defendiendo el uso pacífico e ininterrumpido de la propiedad durante más de seis décadas.

 

Historia de una cesión controvertida

El origen de la polémica en torno a la titularidad de la Casa Cornide remonta a la década de los 60. Tras haber sido patrimonio municipal y estatal durante siglos, el palacete pasó a manos privadas cuando el banquero y empresario Pedro Barrié de la Maza adquirió el edificio en una subasta municipal altamente cuestionada. Inmediatamente, Barrié, figura clave del franquismo gallego y amigo personal del dictador, cedió el inmueble a Carmen Polo, esposa de Franco. De este modo, el palacio fue incorporado al listado de propiedades privadas de la familia Franco, que lo ha mantenido cerrado al público y bajo uso particular desde entonces.

 

En este tiempo, las protestas sociales han sido constantes, con colectivos memorialistas y numerosos ciudadanos exigiendo al Ayuntamiento y a la Xunta que intervengan para revertir lo que consideran un “expolio” del patrimonio coruñés. Desde la perspectiva de la familia Franco, sin embargo, la posesión durante más de sesenta años de forma pública y pacífica avala sus derechos, y consideran que las actuales reclamaciones responden a una campaña de “oportunismo político”. No obstante, el propio proceso de subasta y transmisión ha sido duramente criticado por historiadores y activistas, que han revelado las estrategias empleadas en el franquismo para favorecer el enriquecimiento personal del dictador y su círculo utilizando bienes públicos como moneda de cambio.

 

Otras propiedades bajo la lupa: el caso del Pazo de Meirás

El caso de la Casa Cornide no es único, sino que se enmarca en el contexto de la disputa por el patrimonio legado por el franquismo en Galicia. El ejemplo más representativo es el del Pazo de Meirás, una propiedad situada en Sada, A Coruña, que fue donada a Franco en 1938 por la Junta Provincial Pro-Pazo del Caudillo y un consorcio de autoridades y empresarios afines al régimen. Adquirido a los descendientes de la escritora Emilia Pardo Bazán en una operación que forzó el apoyo económico de funcionarios y población local, el Pazo fue utilizado oficialmente como residencia de verano del dictador. Tras décadas de uso privado por la familia, los tribunales reconocieron finalmente la titularidad pública del inmueble, que en la actualidad pertenece al Estado, junto a la mayoría de los bienes muebles que albergaba.

 

Del mismo modo, otras piezas emblemáticas han sido objeto de polémica, como las esculturas del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, en manos de los Franco pero reclamadas por las administraciones. Varias fincas y obras de arte vinculadas al régimen han cambiado de destino en los últimos años, con la vista puesta en la recuperación del patrimonio cultural expoliado durante la dictadura.

 

 

 

Hoy, la Casa Cornide se mantiene como el principal símbolo de las reivindicaciones ciudadanas en Galicia, junto a la huella todavía visible de la dictadura en el territorio y los recurrentes debates entre administraciones y herederos sobre la legitimidad de la propiedad privada frente al interés público.

 

La jornada inaugural de visitas no ha estado de simbolismo. Representantes institucionales, como la alcaldesa Inés Rey y el portavoz municipal del BNG, han participado activamente, reclamando la restitución de la Casa Cornide al patrimonio municipal y destacando el cumplimiento, aunque forzado, de la legalidad vigente por parte de la familia Franco. Miembros de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y expertos en patrimonio, como el historiador Alfredo Vigo, han subrayado la necesidad de avanzar en la protección y apertura de los bienes con valor cultural e histórico.

 

Hasta el momento, la familia Franco no se ha pronunciado públicamente tras la apertura, manteniendo su postura defensiva sobre la legitimidad de la propiedad. Desde el ámbito institucional y social, en cambio, se remarca la relevancia de este paso como avance en la recuperación del patrimonio gallego y en la consolidación de la memoria histórica en la región. El futuro de la Casa Cornide y de otras propiedades similares sigue, por tanto, siendo uno de los principales retos de la sociedad gallega en la gestión de su herencia patrimonial.

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