Ourense estrena polémica y dura peatonalización relámpago del centro

La jornada del 26 de diciembre marca un punto de inflexión definitivo para la movilidad en la capital ourensana, donde los turrones de la Navidad han dado paso de inmediato a un nuevo mapa urbano. Mientras la ciudadanía recupera el pulso tras el festivo, la administración local ha puesto en marcha una transformación que promete modificar los hábitos de desplazamiento de forma permanente. El cambio más palpable y drástico no es solo la restricción por etiquetas ambientales, sino la devolución del asfalto a los peatones en arterias que hasta ayer eran de dominio compartido.

Esta modificación implica que los vehículos han perdido su hegemonía en seis vías específicas desde primera hora de la mañana. Los conductores acostumbrados a cruzar por Bedoya, Valle Inclán o el tramo de la Avenida de Buenos Aires que conecta con Concordia se encontrarán hoy con el paso vetado. La prohibición es absoluta para el tráfico general en estas zonas, extendiéndose también a Arturo Pérez Serantes, Cardenal Quevedo y el lateral del parque de San Lázaro, configurando un nuevo ecosistema urbano donde el coche privado pasa a ser el intruso.

A diferencia de otras medidas de calado que suelen llevar aparejado un periodo de gracia, la peatonalización de estos tramos llega con un régimen sancionador estricto desde el minuto uno. Únicamente los residentes que cuenten con la debida autorización o los vehículos de logística dentro de un horario tasado podrán acceder a estos espacios, debiendo respetar siempre una marcha que jamás podrá superar los veinte kilómetros por hora por seguridad. Para quienes ignoren estas prohibiciones en las zonas peatonales, las multas se aplicarán de forma inmediata, instaurando una política de tolerancia cero para los infractores en estas calles concretas.

Una transición gradual pero confusa

Sin embargo, la normativa que rige la denominada "almendra central" opera a una velocidad distinta, orientada a filtrar los vehículos según su impacto ambiental. En este perímetro delimitado por calles como Progreso y la Avenida de la Habana, los coches que luzcan los distintivos ambientales 0, ECO, C o B podrán seguir circulando, mientras que aquellos carentes de estas etiquetas afrontan restricciones salvo que se acojan a excepciones puntuales. La administración ha decidido que las multas por acceder a esta zona de bajas emisiones sin permiso, fijadas en doscientos euros, no comenzarán a tramitarse hasta julio del año 2026.

La implantación de este ambicioso plan no ha estado exenta de polémica y llega envuelta en un clima de desinformación generalizada entre la población. Los partidos de la oposición han criticado con dureza la gestión municipal, señalando la falta de previsión y la escasez de efectivos policiales para regular un cambio tan drástico en plena época festiva. 

La ausencia de señalización vertical en muchos puntos y la remisión a una página web para resolver dudas han generado un desconcierto notable entre los conductores que, esta mañana, no sabían con certeza por dónde podían circular.

Los esfuerzos por explicar estas nuevas reglas de juego a la ciudadanía han sido percibidos como insuficientes por diversos actores sociales y políticos. La presencia informativa se redujo a una carpa situada en la calle del Paseo, la cual paradójicamente apareció tirada por los suelos el día de Navidad, ofreciendo una metáfora visual de la improvisación que denuncian los críticos. El propio Concello ha emitido recomendaciones pidiendo precaución ante una señalización que, en algunos casos, todavía no ha sido instalada físicamente en la vía pública.

El fin de la ORA y el futuro laboral

Esta revolución de la movilidad trae consigo otro efecto colateral que se materializará con el cambio de año y añade presión al contexto actual. El servicio de estacionamiento regulado, conocido como ORA, afronta sus últimos días antes de su eliminación completa prevista para el uno de enero, una medida que cumple una promesa electoral pero deja interrogantes abiertos sobre su impacto en el tráfico.

Ourense se suma así, aunque con un retraso notable respecto a otras capitales españolas y gallegas, a la lista de urbes que blindan sus centros contra la contaminación y el ruido. El éxito o fracaso de esta iniciativa se medirá en los próximos meses, dependiendo de la capacidad de los vecinos para adaptar sus rutinas y de la habilidad de la administración para corregir las carencias iniciales.  

¿Qué plazos rigen las  Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España?

1. El "Plazo Oficial" (Ya vencido)

Legalmente, el plazo obligatorio para tener las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) activas finalizó hace tiempo.

• Fecha límite: 1 de enero de 2023.
• Normativa: Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
• Quiénes: Todos los municipios de más de 50.000 habitantes, y los de más de 20.000 que superen ciertos límites de contaminación.

2. El "Plazo Real" (El del dinero)

Dado que la mayoría de ciudades incumplieron la fecha de 2023 (por complejidad técnica o retrasos políticos), el verdadero plazo que ha marcado el ritmo es el de las subvenciones europeas.

• La presión: Muchos ayuntamientos recibieron fondos Next Generation para implantar las ZBE.
• El límite: El Ministerio de Transportes fijó fechas límite para justificar que la zona estaba terminada y operativa para no tener que devolver el dinero.

Para muchas ayudas, la fecha tope de ejecución era el 31 de diciembre de 2024 (aunque algunos ayuntamientos solicitaron y obtuvieron prórrogas hasta 2025 para terminar obras).

Esto explica por qué en el último año y medio ha habido un "acelerón" de inauguraciones.

3. Plazos de Revisión y Sanciones

Una vez la ZBE entra en vigor (como el caso de Ourense que mencionabas), hay otros plazos legales que se activan según el Real Decreto 1052/2022:

• Revisión del proyecto: A los 3 años de su implantación inicial y, posteriormente, cada 4 años. El objetivo es evaluar si las medidas están funcionando para mejorar el aire.
• Periodo de aviso (multas): Aunque la Ley de Tráfico fija la multa en 200 euros (infracción grave), no hay un plazo legal estricto para empezar a multar. Sin embargo, la jurisprudencia y la recomendación es establecer un periodo de gracia (informativo) que suele durar entre 2 y 6 meses desde la activación de las cámaras, para garantizar la seguridad jurídica de los conductores antes de empezar a sancionar