Ganaderos de Ourense advierten que colapsarán otras ciudades si se ratifica pacto con Mercosur

Los ganaderos y agricultores de Ourense han reclamado este jueves la celebración urgente de una reunión “más allá de colores políticos” entre representantes de las distintas administraciones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los manifestantes que participan en las tractoradas contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El sector agrario gallego ve en este tratado una amenaza directa a su supervivencia y advierte de que, si no se logra un diálogo, “habrá más concentraciones”.

La llamada a la movilización ha sido lanzada por Miguel Gómez, productor de Maceda, que actúa como portavoz del movimiento en Ourense. Según explicó en declaraciones a Europa Press, las protestas “seguirán mientras no se firme el tratado” y, en caso de que finalmente se ratifique, “empezará la guerra”. Los manifestantes mantienen aparcados sus tractores y pacas de paja frente a los edificios de la Subdelegación del Gobierno, la Delegación territorial de la Xunta y las dependencias de Medio Rural, en el centro de la ciudad.

El conflicto se enmarca en un contexto de malestar generalizado en el campo europeo por los efectos de los acuerdos comerciales internacionales. En Galicia, los ganaderos temen que la llegada de productos procedentes de países sudamericanos, elaborados con menores exigencias medioambientales, hundan los precios y reduzcan la competitividad de las explotaciones familiares.

Gómez insiste en que los agricultores “no abandonarán Ourense” mientras no se celebre una mesa de negociación en la que estén todos los actores implicados: Subdelegación y Delegación del Gobierno, Consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, Xunta y representantes del sector. Reclaman “dejar de echar balones fuera” y tomar decisiones concretas para proteger la producción gallega.

El portavoz advierte de que, si la reunión no se concreta, los manifestantes llevarán sus tractores a las vías principales y extenderán las protestas a toda Galicia, “para que el resto de ciudades sepan que estamos en lucha”. La idea, explica, es convertir la movilización ourensana en un ejemplo de resistencia del campo gallego ante lo que consideran una desprotección institucional.

Movilización sostenida y contactos institucionales

El movimiento agrario mantiene en reserva más de 150 tractores en Xinzo de Limia y otros tantos distribuidos en fincas privadas y galpones de municipios como Maceda, Montederramo o Chandrexa de Queixa, preparados para sumarse a nuevas acciones. Los productores aseguran que seguirán visibilizando el conflicto hasta que haya compromisos firmes.

Los manifestantes se reunieron este miércoles con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Tras el encuentro, mostraron “satisfacción” por la predisposición de Blanco, que se comprometió a realizar un seguimiento de todo lo que se vaya haciendo y a trasladar por escrito sus demandas al presidente autonómico, Alfonso Rueda. Sin embargo, los ganaderos insisten en que “la respuesta ha sido correcta, pero no una solución”.

Por el momento, ni la Xunta ni la Consellería do Medio Rural han emitido declaraciones públicas sobre las nuevas exigencias de los manifestantes, aunque el Ejecutivo gallego ya había mostrado en anteriores ocasiones su preocupación por los posibles efectos del acuerdo Mercosur en el tejido productivo gallego. Desde el sector agrario, reclaman más firmeza y una posición unitaria frente al Gobierno central y Bruselas.

El conflicto llega en un momento delicado para la economía rural gallega, que enfrenta el encarecimiento de los costes de producción, la crisis de precios en la leche y la carne, y la incertidumbre generada por la competencia internacional. El acuerdo con Mercosur, pendiente aún de ratificación definitiva en la UE, ha reactivado un viejo temor del sector: que las importaciones masivas agraven la pérdida de rentabilidad en las pequeñas explotaciones.

¿En qué consiste el acuerdo entre Mercosur y la UE?

El pacto tiene tres grandes pilares: comercio, diálogo político y cooperación, planteando una relación estratégica de largo plazo entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). En la parte comercial persigue crear una amplia zona de libre comercio eliminando la mayoría de aranceles y muchas trabas no arancelarias entre ambas regiones.​

En términos arancelarios, Mercosur liberalizará aproximadamente el 91% de sus importaciones procedentes de la UE, mientras que la Unión Europea hará lo propio con alrededor del 92% de sus compras al bloque sudamericano. Eso incluye una apertura importante para exportaciones europeas industriales (automóvil, maquinaria, química, farmacéutica, textil y calzado), así como para productos agroalimentarios como aceite de oliva, vino, quesos, frutas, hortalizas o porcino.​

En el ámbito agroalimentario, la UE seguirá considerando “sensibles” algunos productos de Mercosur —como ciertas carnes o azúcar— y los someterá a contingentes arancelarios (cupos con límites cuantitativos), en lugar de una liberalización total. A cambio, el acuerdo protege más de 350 indicaciones geográficas europeas (incluidas denominaciones de origen de alimentos y vinos) y unas 220 del Mercosur, reforzando el valor añadido de los productos con origen certificado.​

El texto incorpora además capítulos sobre contratación pública, servicios (financieros, telecomunicaciones, transporte, etc.), normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y propiedad intelectual, con el objetivo de facilitar el acceso recíproco a mercados y licitaciones. También incluye un pilar de sostenibilidad que hace referencia a estándares laborales de la OIT y a compromisos medioambientales vinculados al Acuerdo de París, incluyendo obligaciones sobre deforestación.​

 ¿En qué estado se encuentra?

Tras más de dos décadas de negociación, UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo de principio en 2019, cerrando políticamente el núcleo del tratado. Posteriormente se han completado los textos legales, que la UE y gobiernos como el de España presentan ya como un acuerdo “ambicioso, amplio y equilibrado”, con documentación pública sobre su contenido.​

Sin embargo, para que entre plenamente en vigor necesita la ratificación formal: aprobación institucional en la Unión Europea (Consejo, Parlamento Europeo y, previsiblemente, parlamentos nacionales) y en los Estados del Mercosur. El proceso avanza, pero sigue condicionado por debates internos en varios países europeos —especialmente por las preocupaciones del sector agrario y por cuestiones ambientales—, lo que mantiene el acuerdo en una fase de pre-ratificación, aún sin aplicación completa.