La negociación del convenio de transporte de viajeros en A Coruña salta por los aires y acerca la huelga indefinida

Los contactos de esta mañana no llegan con buenos augurios. Uno de los principales sindicatos, CIG, acababa de tildar de "mafioso" al dueño de Monbús, que tiene la mayoría de los votos de la patronal en la negociación. Los malos presagios se han cumplido. 


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Raúl López, presidente de Monbus.
Raúl López, presidente de Monbus, la empresa más potente en la provincia de A Coruña

La mesa de negociación para intentar desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña terminó este lunes en vía muerta, sin avances y sin nueva fecha para volver a sentarse. Las posturas entre sindicatos y patronal siguen completamente enrocadas, a solo unos días de la huelga indefinida convocada a partir del 2 de febrero si no hay acuerdo.

 

El encuentro, celebrado con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, no permitió siquiera entrar al fondo del conflicto, centrado en la reivindicación de un nuevo convenio colectivo con mejoras salariales y de condiciones de trabajo para la plantilla. Las organizaciones sindicales CIG, CCOO y UGT mantienen el calendario de protestas y advierten de un impacto “muy grave” para miles de usuarios de líneas interurbanas y comarcales en toda la provincia coruñesa.

 

Desde hace semanas, el paro en el sector viene generando preocupación en el conjunto de Galicia, por su afección al transporte escolar, laboral y sanitario, un servicio clave en el rural y en las conexiones con las ciudades. Los sindicatos insisten en que la raíz del problema está en años de congelación salarial, jornadas extensas y condiciones que consideran “precarias” en un sector fuertemente dependiente de la contratación pública.

 

Es común, por ejemplo, que a los chóferes no se les compute como tiempo trabajado las horas que pasan entre servicios, aunque sea lejos de su centro de trabajo. El salario medio ronda unos 1.600 euros brutos, claramente insuficiente para pagar un alquiler y mantener una familia en la mayoría de las ciudades.

 

Reclaman también una reducción de la jornada y de los tiempos de conducción, así como limitar las jornadas que tildan de abusivas. Piden además mejorar la conciliación (turnos más racionales), actualizar permisos retribuidos y días de asuntos propios, y modernizar el conjunto de las condiciones laborales.

 

 

La patronal abandona la mesa y los sindicatos hablan de “portazo”

Al término de la reunión, el representante de CIG-Transportes, Ernesto Rei, fue contundente al valorar el resultado del encuentro. Según explicó a Europa Press, la patronal “se volvió a levantar de la mesa” y dejó la negociación “solo en preliminares”, sin presentar propuestas concretas. El dirigente sindical interpretó este gesto como “un portazo” no solo al diálogo, sino también al presidente de la Xunta y a las personas usuarias del transporte público.

 

Las centrales convocantes califican de “irresponsable” la actitud empresarial y rechazan el argumento de la patronal, que habría vuelto a aludir a “presuntos actos vandálicos” para justificar su retirada del proceso negociador. Los sindicatos subrayan que no se les aportaron pruebas ni hechos específicos que respalden esas acusaciones, y reclaman que el foco se sitúe en la negociación de un convenio digno.

 

En los últimos días crece el malestar entre trabajadoras y trabajadores del transporte por carretera, que denuncian sueldos alejados del coste de la vida, turnos partidos y falta de relevo generacional en el sector. El nuevo convenio que reclaman pretende actualizar tablas salariales, reforzar los descansos y mejorar la organización de los turnos, para garantizar un servicio de calidad y evitar el deterioro de la red de transporte público en la provincia.

 

Rueda se desmarca y apela a “cumplir la ley”

Desde la Xunta, el presidente Alfonso Rueda volvió a marcar distancias y a insistir en que se trata de un conflicto entre empresas y plantilla. Tras la reunión semanal del Consello, remarcó que el papel del Goberno galego se limita a ofrecer el Consello Galego de Relacións Laborais como espacio de mediación, pero que “quienes tienen que ponerse de acuerdo son ellos”. El Ejecutivo autonómico evita así asumir un rol más activo en la disputa, pese al evidente impacto social del conflicto.

 

Rueda recalcó que la Administración no puede “sustituir” a ninguna de las partes, ni resolver el problema “poniendo el dinero” que las plantillas reclaman a sus empresas. El presidente autonómico quiso centrar su intervención en la exigencia de respeto a los servicios mínimos fijados, recordando que “deben ser respetados” y que, según la Xunta, “en muchos casos no se estaban respetando”. En algunos casos, estos servicios mínimos no se están respetando.

 

En esa línea, el titular de la Xunta advirtió que el Gobierno gallego será “inflexible” en la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre servicios esenciales mientras dure el conflicto. Al mismo tiempo, el Ejecutivo no ha anunciado nuevas iniciativas para acercar posturas, y las patronales del transporte, que este lunes abandonaron la mesa de diálogo, no han ofrecido de momento una versión pública detallada de sus motivos ni una propuesta alternativa. Con el calendario corriendo hacia el 2 de febrero, el riesgo de un colapso en el transporte de viajeros por carretera en A Coruña permanece sin horizonte claro de solución.

 

 El pulso entre empresas y trabajadores mantiene en el aire el transporte interurbano, escolar y de enlace con el aeropuerto en A Coruña. También está afectado el bus urbano en Ferrol y Santiago de Compostela. No así en A Coruña ciudad, donde la empresa Tranvías de A Coruña maneja un convenio propio. 

 

Pasajeros afectados por la huelga

La huelga implica a unos 3.500 trabajadores y trabajadoras del transporte de viajeros por carretera en la provincia, lo que se traduce en una oferta de autobuses muy reducida en cada jornada de paro. Los paros están afectando a miles de personas usuarias cada día, especialmente en las líneas interurbanas y comarcales, y han dejado “apenas autobuses” en circulación fuera de los servicios mínimos en varios días de enero.

 

Las molestias se notan en el transporte escolar, los desplazamientos laborales y las conexiones con el aeropuerto y con los hospitales, con atascos en accesos a centros educativos y más coches privados ocupando el lugar de los autobuses que no salen. Las rutas de menos de 25 kilómetros circulan en horas punta como máximo al 50%, las de más de 25 kilómetros apenas disponen de un viaje de ida y vuelta, y el resto de servicios queda muy condicionado por la huelga y por los piquetes en cocheras y estaciones.

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