¿Un Salario Mínimo Interprofesional a la carta? Sindicatos nacionalistas presionan para establecer su propio SMI

Diez organizaciones sindicales de Euskadi, Galicia, Cataluña, Baleares y la Comunitat Valenciana han acordado un manifiesto conjunto para reclamar al Gobierno central la capacidad de establecer salarios mínimos interprofesionales (SMI) propios en cada territorio autonómico, obligatoriamente superiores al fijado por el Estado en términos anuales y mensuales. La propuesta, presentada este martes en Bilbao, busca modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores mediante un nuevo artículo único que descentralice esta competencia.

En Galicia, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha criticado el SMI estatal como "injusto" y ha denunciado una "puesta en escena ridícula del diálogo social", donde el Gobierno prioriza acuerdos con la patronal sobre una remuneración digna. Los sindicatos consideran insuficiente la cuantía actual frente al coste de la vida y ven en el modelo centralizado un freno a la cohesión social en las "naciones" gallega, vasca y catalana.

REGULACIÓN "CENTRALISTA"

Las centrales, entre las que se encuentran ELA, CIG, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC y STEI, denuncian que la legislación laboral española normaliza la precariedad mediante contratos parciales y fijos discontinuos que absorben subidas salariales, dejando sin efecto mejoras para miles de trabajadores. Argumentan que el SMI estatal ignora realidades socioeconómicas territoriales y profundiza desigualdades.

Su articulado propuesto mantiene el SMI estatal como suelo mínimo, pero habilita a cada comunidad para fijar uno superior, considerando IPC, productividad, renta nacional y coste de la vida, con revisión semestral si es necesario. Los sindicatos han anunciado reuniones con partidos del Congreso (excepto PP y Vox) y la vicepresidenta Yolanda Díaz, en un contexto de debate sobre la directiva europea 2022/2041 que obliga a revisar el artículo.

Mitxel Lakuntza (ELA) y Garbiñe Aranburu (LAB) han defendido la descentralización como antídoto al "afán centralizador" que precariza condiciones laborales. Ven en esta alianza un sindicalismo combativo que cuestiona el diálogo social estatal, incapaz de corregir el empobrecimiento asalariado. La iniciativa llega cuando el Gobierno debe negociar la subida del SMI para 2026, reabriendo el choque entre autonomías y centralismo en materia laboral.