Gobierno

Los agentes sociales siguen sin alcanzar un pacto pese a las casi cinco horas de reunión de ayer. El marco es prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) basta el próximo 30 de septiembre en este contexto de profunda crisis económica.

El acuerdo entre partidos permitirá contar al Ejecutivo con el  voto favorable de los 10 diputados naranjas a la sexta y última prórroga del estado de alarma.

No existen experiencias recientes o próximas en las que un gobierno europeo tuviese que gobernar bajo una doble crisis provocada por una pandemia y una recesión económica. Una pandemia de origen prácticamente desconocido, que obliga a paralizar la producción y la distribución por la necesidad de implantar una cuarentena, un estado de alarma, para así conseguir evitar una propagación del virus que sería demoledora.

Policías y guardias civiles llevan lustros luchando por una subida de sueldo que los equipare con sus colegas de las fuerzas autonómicas. Interior dio otro paso ayer para cumplir su promesa, justo cuando la Benemérita está salpicada por la polémica del informe que contribuyó a la imputación del Delegado del Gobierno en Madrid y que provocó el cese del gallego Pérez de los Cobos.

El Ejecutivo ha perdido los apoyos clave de Esquerra Republica y Compromís, que se han mantenido en el bloque del "no" junto al Partido Popular y Vox.

Inés Arrimadas marca distancias con la línea seguida por Albert Rivera y da aire a la estrategia del PSOE y Podemos. Él BNG  dijo que se abstendría.

Será el Ministerio de Sanidad el que decida cada quince días qué territorios pueden pasar a una fase menos dura, adelanta Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno explica que a partir del 4 de mayo empieza la fase 0 en toda España, salvo en algunas islas que van directamente a la fase 1 por tener muy pocos contagios.

La medida dará aire a millones de negocios sin ingresos por la crisis del coronavirus. Fontaneros, imprentas, agencias de publicidad, pastelerías y panaderías son algunos de los beneficiados por la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. 

El estado de alarma se decretó el pasado 14 de marzo para poder adoptar medidas extraordinarias ante la pandemia del coronavirus, y a propuesta del Gobierno el Congreso ya lo ha ampliado en tres ocasiones, cada vez con menos respaldo. Si la primera vez, el 23 de marzo, no hubo votos en contra, a la siguiente, el pasado día 9, ya se opusieron Vox y la CUP, y este miércoles se ha añadido JxCat, mientras que ERC y Bildu se han mantenido en la abstención.

La preocupación del Gobierno central es que la fase de “desescalada” de la enfermedad pueda traer consigo un repentino aumento del número de casos, algo que ya ha ocurrido en otros países, como Singapur. El propio Pedro Sánchez reconoció el temor de su ejecutiva ante el Grupo Mixto. 

El Gobierno de coalición comparece en el Pleno de control del Congreso por primera vez desde el 26 de febrero. Aunque el paisaje de la cámara estará marcado por el alto número de sillones vacíos, es previsible que el pleno vaya a estar marcado por los ataques feroces de la oposición a la gestión de Sánchez. 

Yo ya entiendo a los sindicatos cuando lanzan lastimeros mensajes sobre las pymes que no tienen representación sindical, por aquello de que ya que el coronavirus pasa por España los ciudadanos deberían afiliarse.

Pedro Sánchez llama a reeditar los pactos de la Moncloa. Sin embargo, por lo visto hoy en el Congreso de los Diputados lo tiene muy difícil. El presidente indica que el confinamiento dependerá de la evolución de varios indicadores.

La decisión parece prácticamente tomada desde Moncloa. A expensas de la reunión telemática del presidente del Gobierno de España con los titulares de los gobiernos autonómicos, desde el Gobierno central ya trabajan en la propuesta que presentarán ante el Congreso de los diputados para poder lograr el respaldo de la cámara. 

Así, las muestras de solidaridad -por caso, los balcones solidarios-, generosidad –“voluntarios para el coronavirus”-, compromiso cívico – he ahí la mayoría del personal de la sanidad pública- y cultura democrática que brotan en todas y cada una de las esferas de las sociedades española y gallega animan y emocionan.

La ministra ha explicado que esta prohibición se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal.

Entre las medidas del plan de choque económico se encuentran una moratoria de un mes para hipotecas, la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia, la suspensión de cuotas de autónomas y la flexibilización de los ERTEs.