Gobierno

La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confesó que el Gobierno central valora hacer algunos retoques a la vista del aumento de la inflación, todavía disparada.  Con todo, Raquel Sánchez quiso dejar claro que los cambios se aplicarán "si la situación lo requiere".

Una de las medidas estrellas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la creación de una ayuda de 200 euros a personas con rentas bajas, para paliar de alguna forma la pérdida de poder adquisitivo provocada por el auge de los precios de los últimos meses.

Desde Moncloa informan de la noticia, pero dicen desconocer el alcance de los daños a la seguridad nacional. Cerca de 3 Gb de datos fueron robados de las terminales institucionales de Sánchez y Robles.

Con 176 votos, el Gobierno ha logrado la luz verde.Entre esos votos favorables está el de Néstor Rego, que si bien en el caso de la reforma laboral votó en contra, en esta ocasión sí respaldó la propuesta.

El presidente de los populares ha reconocido su "sorpresa" porque el Gobierno no le haya acercado todavía una explicación: "Ha habido una llamada fugaz, pero explicaciones ninguna". Lo que no le sorprende tanto es lo ocurrido. "El Gobierno ya ha actuado así en más de una ocasión", apostilló. 

Cuando continua el goteo de casos de corrupción por actividades pasadas (Gurtel), al tiempo que aparecen otros más (un nuevo pelotazo madrileño por el reparto de comisiones millonarias en la venta de máscaras), también con destacados responsables del Partido Popular implicados (señora Ayuso y señor Almeida), la reacción del señor Feijóo es la misma que la que tuvo el señor Rajoy frente a la corrupción ("ese señor del que usted me habla"). La misma reacción la tuvo frente las fundadas sospechas de un trato de favor en la adjudicación de decenas de contratos por parte de la Xunta de Galicia a una sociedad donde trabaja una familiar muy próxima. La actitud de mirar para otro lado: nada nuevo en el equipaje. Finalmente, quería subrayar que no deja de producir cierta sorpresa que, en sus primeros movimientos en materia de política internacional, el candidato adopte una posición política semejante a la del señor Casado, que consistió en criticar sistemáticamente al Gobierno en las instancias y foros internacionales. Una posición que, como es bien sabido, resta credibilidad tanto en Europa como cuestiona la talla de estadista de quien la mantiene. He ahí algunas de las razones que nos llevan a subrayar el por qué en su nueva etapa política, ahora como líder de la derecha española, el señor Feijóo está apareciendo como un político ligero de equipaje.

Los 2 parques que Iberdrola planea frente a la costa norte de Galicia son solo una avanzadilla. Algo que en Galicia creará mucha polémica debido al impacto en la pesca.

Moncloa ha establecido una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, pero solo 15 saldrán directamente de las arcas públicas. Las responsabilidad de cómo aplicar los descuentos recae en las estaciones de servicio y en las petroleras, que tienen dudas sobre cómo hacerlo.

El presidente de la Xunta de Galicia, pese a no ser todavía candidato en firme en la carrera por la Moncloa, es la segunda elección preferida de los españoles a gobernar España, según el CIS. El barómetro de marzo, publicado esta mañana, aúpa a Feijóo al segundo cajón del podio, seguido, de cerca, por Yolanda Díaz. Muy por delante en las encuestas se encuentra el presidente Pedro Sánchez.

Encontronazo entre PSOE y Unidas Podemos, las dos fuerzas que conforman en el Gobierno de España. En esta ocasión, la reforma fiscal parece ser el detonante. Antes, la reforma laboral, las investigaciones a la Casa Real o las tensiones entre Rusia y Ucrania habían sido otros de los motivos de fricción entre los socialistas y la formación morada.

La Xunta de Galicia es una de las autonomías que pedirá a el fin de la obligación de la mascarilla de exteriores en la reunión que coordinación de hoy. Galicia también fue de las primeras comunidades en pedir que se implantara, hace poco más de un mes.

Maquillaje, chapa y pintura, una cortina de humo... Este tipo de expresiones son las que Amnistía Internacional usa para calificar los intentos del Gobierno de España, compuestos por PSOE y Unidas Podemos, para reformar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza" y una las promesas de Pedro Sánchez.

Las primeras reacciones de la patronal española de la hostelería es indignación, dicen no entender porqué no en las terrazas y sí a 1 metro en la calle. El plan del Gobierno va en la línea de los aplicados en otros estados, como Singapur, donde solo se puede fumar en ciertos puntos de las calles, o Nueva Zelanda, donde se irá subiendo paulatinamente la edad legal para comprar tabaco.

Este martes el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de la ley de Vivienda, que prevé la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la limitación en ellas del precio de los alquileres a los grandes tenedores, así como una subida máxima del 10 % al resto de arrendadores.

“Estoy segura de que con diálogo y colaboración lograremos avanzar en propuestas de futuro, que apuesten por la movilidad sostenible”, afirmó Díaz.Yolanda Díaz | Foto: EP Díaz también anunció que hoy visitará junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde del Prat, Lluís Mijoler, el espacio de La Ricarda.

Las prestaciones actuales superan los 10.000 millones de euros. 

El Estado no debe seguir asumiendo todo el coste de mantenimiento en un momento en el que se impone la política de 'quien contamina paga', argumenta el Gobierno a la UE. Con todo, la gran incógnita es si el Ejecutivo se atreverá a imponer el peaje global en un año, 2024, en el que hay elecciones generales.

Nueva ofensiva de la coalición de izquierdas contra los abusos que sufren los trabajadores más precarios. 

Hay que recordar que en España es el país europeo con más temporalidad en la contratación. 

Por ejemplo, solo el 20% de los menores de 29 con contrato no es temporal.

Serán considerados grandes tenedores los propietarios de, al menos, un 1% de las viviendas de alquiler en una zona tensionada