Sandra Ortega frena el intento de Abanca de cobrarle 48 millones a raíz de una firma falsa en Room Mate

El Juzgado de Instancia de Madrid, en una resolución fechada el 30 de enero que adelanta El País, sostiene que la firma de Sandra Ortega en los documentos que respaldaban los préstamos de Abanca a Room Mate no es auténtica y fue simulada sin su conocimiento. El magistrado concluye que las dos “cartas de patrocinio” de mayo de 2019 y marzo de 2020, en las que la sociedad patrimonial Rosp Corunna se comprometía a garantizar la “indemnidad patrimonial y de pago” de la hotelera, no fueron suscritas ni consentidas por la empresaria gallega.

Este pronunciamiento supone la tercera victoria judicial de Ortega en menos de un año en su pulso con la banca, después de que otros juzgados madrileños rechazasen demandas de EBN Banco y Banca March por avales similares relacionados con la quiebra de Room Mate. La resolución libera a la hija de Rosalía Mera y Amancio Ortega, una de las empresarias más importantes de Galicia, de responder ante Abanca por los 48 millones reclamados. Supone un golpe a  las entidades acreedoras que buscan que su patrimonio asuma parte del agujero financiero de la cadena hotelera.

El juez recuerda que fue el entonces director general de Rosp Corunna, José Leyte, quien manejó la relación con los bancos y que incluso llegó a reconocer en un procedimiento anterior que había “simulado” la firma de Sandra Ortega en distintas ocasiones. Un informe pericial caligráfico incorporado al procedimiento concluyó que las rúbricas que aparecen en las cartas que sustentan la reclamación de Abanca “no son de Sandra Ortega sino de José Leyte Verdejo sin duda alguna”.

El magistrado enfatiza que no ha quedado acreditado que la empresaria coruñesa prestara su consentimiento “ni expreso ni tácito” a esos avales, recordando que, como administradora única de Rosp Corunna, era la única que podía autorizar operaciones de esa magnitud por las limitaciones de poderes de Leyte. Al no existir firma válida ni autorización posterior, el fallo sostiene que no cabe entender una ratificación tácita de las cartas de patrocinio y, por tanto, las garantías quedan sin efecto frente a Abanca.

Un pleito entre la empresaria más rica y el banco más poderoso del país

El caso tiene una dimensión especialmente simbólica en Galicia: enfrenta en los tribunales a la mujer más rica de España, con raíces empresariales en A Coruña, con Abanca, el principal banco con sede en la comunidad y uno de los mayores acreedores en el concurso de Room Mate. El administrador concursal de la cadena hotelera, PwC, situó a Rosp Corunna y a la entidad gallega entre los principales afectados, con créditos reconocidos por cerca de 87 millones en el caso del holding de Ortega y más de 35 millones en el de Abanca.

La resolución madrileña se suma así a una serie de decisiones que empiezan a perfilar el mapa de responsabilidades financieras de la crisis de Room Mate, en la que varios bancos —entre ellos Banca March, Bankinter, Deutsche Bank y Société Générale, además de Abanca— han tratado de que la patrimonial con sede en Galicia responda por avales que los jueces cuestionan. PDespido de Leyte e investigación interna

La sentencia recoge que Sandra Ortega decidió prescindir de José Leyte en noviembre de 2020, tras perder la confianza en él al detectar “irregularidades” en relación con una empresa vinculada a él y a su esposa. A partir de ese momento, la heredera gallega impulsó una investigación interna sobre la gestión de su patrimonio y el papel de su exgestor en las operaciones vinculadas a Room Mate.

Cuando Abanca le trasladó en marzo de 2021 la reclamación formal de los 48 millones, Ortega respondió con un burofax en el que advirtió de que su firma había sido falsificada y anunció su intención de presentar una querella contra Leyte. Un empleado del banco declaró en el juicio que la tramitación de los avales se hizo mediante intercambio documental y no de manera presencial, lo que refuerza la idea de que la entidad se apoyó en la documentación remitida por el entonces gestor sin contrastar directamente con la administradora de Rosp Corunna.

La batalla con la banca sigue abierta

Aunque esta nueva sentencia se suma a otros fallos favorables a Ortega, el conflicto judicial con la banca dista de estar cerrado: varias entidades han anunciado recursos y mantienen vivas reclamaciones que, en conjunto, rondan los 140-150 millones de euros asociados a la financiación de Room Mate. En anteriores resoluciones, los jueces también han declarado nulas las “comfort letters” vinculadas a otras demandas, al considerar que no se probó ni el consentimiento de Ortega ni la regularidad de las firmas que las sustentaban.

Desde el lado de los bancos, la tesis es que los créditos fueron concedidos confiando en los avales firmados por quien se presentaba como representante de Rosp Corunna, por lo que entienden que la patrimonial de la empresaria debe asumir las obligaciones, pese a la controversia sobre la autenticidad de las rúbricas.  

La cadena hotelera Room Mate, fundada por Kike Sarasola, pasó por un concurso de acreedores en plena crisis de la pandemia, cuando los cierres obligados de hoteles y restricciones al turismo hundieron su actividad. En 2022, la compañía fue adquirida por el fondo Angelo Gordon, operación tras la que Sarasola dejó de ser accionista pero continuó vinculado a la gestión como presidente. La firma ha logrado volver a beneficios en 2024.

Sandra Ortega, por su parte, salió del capital de Room Mate en 2022, tras vender en torno al 31% de su participación.

Frente laboral y penal

Al margen de la vía civil por los avales, Sandra Ortega y José Leyte mantienen también un litigio laboral en el Tribunal Supremo sobre la indemnización por su despido, después de resoluciones previas del Juzgado de lo Social número 1 de A Coruña y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que fijaron criterios sobre su condición de alto directivo y el cálculo de la compensación. En este frente, todavía no hay una resolución definitiva.

En el ámbito penal, las denuncias de Ortega contra su exgestor por falsedad documental y apropiación indebida fueron archivadas por los juzgados de A Coruña, lo que llevó a que fuese la vía civil la que concentrase la ofensiva de los bancos contra Rosp Corunna.