¿Riesgo de desabastecimiento? Camioneros con el agua al cuello y sindicatos amenazando con huelga

El precio del gasóleo ha pegado un salto histórico en apenas siete días. Desde el lunes 2 de marzo hasta el 9, el combustible encareció un 14,16%, según el boletín petrolero de la Unión Europea, situando el precio por litro en 1,645 euros, el nivel más alto desde octubre de 2023. Son numerosas las gasolineras que ya venden en gasóleo por encima de los dos euros, aunque hay opciones más baratas.

El detonante fue el estallido del conflicto en Oriente Medio el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán. Teherán respondió atacando refinerías, petroleroz y cerrando de facto el estrecho de Ormuz  sacudiendo los mercados energéticos globales y golpeando de lleno a un sector que ya operaba con márgenes muy ajustados. Ahora mismo, el barril de petróleo en los mercados internacionales cotiza por encima de los 100 dólares, que es un 54% más caro que hace unmes.

Ante la crisis, las patronales del transporte, agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera, se reunieron este miércoles con el ministro Óscar Puente para trasladarle un paquete de medidas de choque. Entre las propuestas figuran una bonificación mínima de 25 céntimos por litro de combustible, ayudas directas por vehículo —1.500 euros por tractora o camión rígido y 750 euros por furgoneta— y una revisión de la fórmula que permite a los transportistas repercutir en sus contratos la variación del precio del carburante. El presidente del Comité, Javier Arnedo, salió del encuentro con sensaciones positivas: el ministro habría recogido las propuestas y se habría formado una comisión técnica para avanzar en los detalles.

El espejo de las medidas tomadas tras la guerra de Ucrania guía buena parte de estas demandas. Las medidas planteadas son similares a las que el Gobierno aprobó en 2022 tras la invasión rusa, aunque el sector pide corregir los errores de entonces: extender la bonificación a todos los carburantes, no solo al gasóleo, y eliminar el límite de 400.000 euros por empresa, un techo que resulta insuficiente para las flotas más grandes. Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, también reclama que la bonificación se canalice a través del gasóleo profesional —gestionado por Hacienda— y no como un descuento general en las gasolineras, como ocurrió inicialmente en 2022.

El presidente de Astic, Marcos Basante, resumió la gravedad de la situación con claridad: la escalada del precio de los combustibles genera una presión económica muy significativa sobre empresas que trabajan con márgenes estrechos y que son imprescindibles para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento de la cadena logística en España. Un aviso especialmente relevante para Galicia, comunidad periférica, con una gran dispersión de población y una economía fuertemente dependiente del transporte por carretera para mover sus exportaciones industriales, pesqueras y agroalimentarias.

Un día antes, el miércoles 11, las asociaciones patronales ampliaron sus gestiones y se reunieron también con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que convocó el encuentro a iniciativa propia para conocer de primera mano el impacto del conflicto iraní sobre el sector. Cuerpo se comprometió a estudiar con rapidez las propuestas. Los transportistas confían en que el próximo Consejo de Ministros, previsto para la próxima semana, dé luz verde, al menos, a algunas de las medidas, aunque ningún ministro se ha comprometido expresamente a ello.

Camioneros reclaman jubilación anticipada

Por su parte, la polémica Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte ha advertido que "si el gobierno no atiende nuestras necesidades" están listos para lanzar un "Paro Nacional Indefinido". Entre sus reivindicaciones está la jubilación anticipada, reformas fiscales y modificación de la Ley de Costas. Esta es la Plataforma que lideró las huelgas que provocaron desabastecimientos hace unos años.

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte advirtió en un comunicado que, de no adoptarse medidas, existe el riesgo de que se paralice la actividad de transporte con consecuencias graves para la economía y la sociedad. Sin embargo, el propio Arnedo alejó ese escenario de forma inmediata: el sector no quiere parar y prefiere el diálogo. Por ahora.

Mientras las empresas negocian con el Gobierno, los trabajadores del volante llevan semanas con otra batalla abierta. El martes 10 de marzo, cerca de 5.000 conductores profesionales —según los convocantes— se concentraron frente al Ministerio de Transportes en Madrid para exigir la aplicación de los llamados coeficientes reductores, el mecanismo legal que permite adelantar la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, peligrosas o con alta siniestralidad.

CCOO y UGT presentaron en octubre de 2025 una solicitud conjunta, respaldada también por la patronal CETM, para que la Seguridad Social reconociera el derecho de los conductores a este adelanto. Han transcurrido más de cuatro meses y solo han recibido un acuse de recibo. El decreto aprobado por el Gobierno en mayo de 2025 obliga a responder en un máximo de seis meses, por lo que el plazo está a punto de agotarse.

Los datos avalan la urgencia: entre 2013 y 2025 fallecieron 1.839 conductores profesionales en accidente de trabajo, dos terceras partes de ellos mayores de 55 años. Francisco Vegas, secretario general de Carretera y Logística de CCOO, lo expresa sin ambigüedades: la profesión cumple todos los requisitos legales, y si no se conceden los coeficientes, el sector irá a la huelga. Antonio Oviedo, de UGT, fue todavía más directo y advirtió a la ministra de Seguridad Social de que, de denegarse la solicitud, se enfrentará a una huelga general del transporte sin precedentes.

Galicia en el ojo del huracán

La combinación de ambos conflictos —el alza del combustible y la amenaza de huelga laboral— dibuja un escenario de alta tensión para el transporte gallego. Galicia depende en gran medida de los camiones para el movimiento de mercancías, desde el marisco hasta los componentes de automoción. Una paralización del sector, aunque sea parcial, tendría efectos inmediatos en las cadenas de distribución, los supermercados y las fábricas de toda la comunidad.

El Gobierno tiene los días contados para dar respuestas en ambos frentes. Las empresas esperan noticias del Consejo de Ministros. Los sindicatos esperan la resolución de la Seguridad Social. Y los gallegos, que los camiones sigan rodando.