Justicia confirma delito en la cantera de Miramontes pero el daño no se repara al quebrar la empresa

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una sentencia firme condenatoria por delito contra el medio ambiente contra la empresa Tecnosolos Galaicos SL y su responsable por la actividad desarrollada en la cantera de Miramontes, en Grixoa. La resolución judicial supone el reconocimiento de años de denuncia por parte de la Plataforma de Afectados Polo Vertedoiro de Santiago de Compostela y la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA).

Lo que debería haber sido una iniciativa de mejora ambiental mediante la elaboración de tecnosuelos (suelos artificiales a partir de residuos para cubiertas vegetales) terminó convirtiéndose en un foco de contaminación que afectó gravemente al entorno de Santiago de Compostela. La sentencia recoge, según la nota de prensa remitida por la Plataforma de afectados polo vertedoiro de Santiago de Compostela - Miramontes, pruebas de que entre 2016 y 2017 la mercantil incumplió de forma consciente y continua las condiciones de su autorización ambiental, superando ampliamente la capacidad máxima autorizada y almacenando residuos en áreas no permitidas.

El fallo judicial documenta, recuerda la Plataforma, que la empresa dejaba materiales expuestos a la intemperie, generaba lixiviados y vertidos sin tratamiento, provocando afecciones tanto al subsuelo como a las aguas subterráneas de la zona. Los análisis realizados durante el proceso detectaron la presencia de contaminantes por encima de los límites normativos, incluyendo cadmio, nitratos, hidrocarburos, chumbo y zinc. Estos elementos convertían el supuesto tecnosolo en un auténtico vertido de residuos que agravaba la situación ambiental en lugar de mejorarla.

Pena de prisión e inhabilitación para el responsable

Los activistas señalan el responsable de Tecnosolos Galaicos aceptó una pena de 18 meses de prisión, una multa de cantidad significativa y una inhabilitación para desarrollar actividades relacionadas con la gestión de residuos durante otros 18 meses. 

La empresa también ha recibido una sanción económica como consecuencia de la sentencia condenatoria. 

Esta resolución judicial marca un hito tras años de investigaciones iniciadas cuando la Fiscalía de Medio Ambiente abrió diligencias en 2018 por posibles delitos ambientales tras las denuncias vecinales.

Las querellas presentadas en 2019 por la Fiscalía, que tuvieorn en cuenta las investigaciones realizadas de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, argumentaban que existía mala gestión deliberada de la empresa gestora del vertedero.  La acusación argumentó que los gestores eran "plenamente conscientes de los hechos" y que se lucraban con ellos.

Según figura en las bases de datos comerciales que se alimentan del Registro Mercantil, Tecnosolos Galaicos tiene como socio único desde 2021 a la sociedad Desarrollo De Iniciativas Medioambientales De Galicia. Anteriomente, desde 2013, el administrador único había sido el empresario Juan Mogin.

Las demandas de la comunidad afectada

La condena difundida hoy no cierra del todo el conflicto. Con anterioridad al proceso penal, las denuncias vecinales motivaron inspecciones de la Consellería de Medio Ambiente que originaron expedientes sancionadores ordenando la restauración de la situación anterior. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó posteriormente estas sanciones administrativas, lo que convierte la retirada del material depositado en una obligación judicialmente ratificada.

Sin embargo, la empresa se encuentra desde 2022 en situación concurso voluntario, una circunstancia que ha paralizado la ejecución de las medidas de restauración. 

Desde FERUSA y la Plataforma de Afectados advierten que esta situación no puede convertirse en una excusa para perpetuar el daño ambiental. Los contaminantes detectados —que incluyen metales pesados y compuestos químicos— representan un riesgo continuado para los acuíferos subterráneos y la salud de la población en los núcleos cercanos.

Piden responsabilidades a la Xunta

La plataforma vecinal y la federación han presentado exigencias claras a la Xunta de Galicia como administración competente en materia ambiental. Solicitan un calendario público detallado para proceder a la retirada del material procedente de residuos depositado en la cantera, así como transparencia total sobre el estado actual de la zona y los riesgos existentes. Demandan además garantías de que la restauración se ejecutará con todas las medidas técnicas necesarias para evitar nuevos impactos ambientales.

Los afectados subrayan que esta sentencia supone un reconocimiento judicial de la gravedad de lo ocurrido, pero que la defensa real del medio ambiente no termina con una condena penal: termina con la restauración efectiva del daño causado.