La Xunta se queda con 800 fincas sin dueño conocido

Hace cinco años, Galicia se dotó de una herramienta legal ara combatir uno de los grandes males estructurales de su territorio: el abandono de miles de fincas cuyos dueños son un misterio. La Ley 11/2021 de Recuperación de la Terra Agraria de Galicia prometía movilizar unas 320.000 parcelas de titularidad desconocida en los años siguientes. 

El proceso avanza muy lentamente , condicionado por la complejidad de los trámites administrativos. Sin embargo 797 fincas  están a punto de ser transferidas a titularidad pública de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), un ente de la Xunta de Galicia.

Estas parcelas, dispersas por el territorio gallego pero concentradas mayoritariamente en la provincia de Ourense, suman una superficie total de 384,53 hectáreas. Una vez cerrado el proceso, se sumarán a las 12.932 fincas que Agader ya tiene registradas en el Banco de Terras de Galicia —conocido como Bantegal—, que actualmente acumula 5.457 hectáreas con una extensión media de apenas 0,42 hectáreas por parcela. Una cifra que refleja con claridad la histórica atomización de la propiedad en el campo gallego.

Ourense, epicentro del abandono rural

La concentración de estas fincas en la provincia de Ourense no es una casualidad. Esta es la provincia gallega que más población ha perdido desde 1981, con 124.881 habitantes menos que entonces. El éxodo rural prolongado durante décadas ha dejado un rastro de parcelas sin dueño efectivo: herencias sin repartir, terrenos pertenecientes a emigrantes que nunca regresaron, o propiedades de antepasados cuya existencia desconocen incluso sus propios descendientes. Familias que hoy viven en América Latina, Europa o en las ciudades gallegas ignoran que pueden tener tierras en este rincón del noroeste peninsular.

Estas circunstancias convierten a Ourense en el territorio donde el mecanismo de los bienes mostrencos —aquellas propiedades sin titular conocido que pasan al patrimonio público — tiene más recorrido práctico. Cuando la investigación de titularidad no logra localizar a ningún heredero o propietario, la ley establece que esos inmuebles se incorporan al patrimonio de la Comunidad Autónoma. 

No es una confiscación, sino un proceso de saneamiento registral que permite que fincas bloqueadas durante décadas por el olvido o la emigración vuelvan al circuito productivo.

La Xunta también ganó en 2020 respaldo legal para que estas parcelas, que hasta entonces revertían directamente al Estado al no encontrarse propietario, pudiesen ser gestionadas directamente por la administración autonómica. Fue un cambio sustancial que reforzó la capacidad de Galicia para ordenar su propio territorio.

¿Cómo acaba una finca bajo gestión pública?

El recorrido administrativo que lleva a una parcela hasta el Banco de Terras comienza mucho antes de la transferencia de propiedad. Agader monitoriza el territorio a través del Catálogo de Suelos Agropecuarios e Forestais. Cuando detecta una finca en estado de abandono manifiesto, abre un expediente de declaración de terra infrautilizada. En ese momento, la administración actúa como gestora, no como juez: el propietario recibe una notificación instándole a limpiar la parcela o a ponerla en producción. Solo si ignora esas advertencias de forma reiterada, la finca puede incorporarse de oficio al Bantegal para ser arrendada a terceros que sí estén dispuestos a trabajarla.

La Ley de Recuperación de Terra Agraria también habilita otra vía: la apertura de procesos de investigación de propiedad vinculados a la implantación de polígonos agroforestales o asentamentos ruraless —la nueva denominación de las aldeas modelo—. Cuando en ese proceso resulta imposible localizar al titular, Agader queda facultada para arrendar la parcela durante un período de diez años. Transcurrido ese plazo sin que aparezca el propietario, la finca puede pasar definitivamente al patrimonio autonómico.

Un escenario habitual es el de una ladera cubierta de toxos dividida en decenas de microparcelas. Si Agader la declara zona prioritaria y detecta que una de esas fincas perteneció a un vecino emigrado hace ochenta años del que nadie sabe nada, inicia la investigación. Al confirmar la ausencia de herederos, inscribe la parcela a nombre de la Xunta y la pone a disposición de una cooperativa local o un agricultor joven a través de Bantegal.

Incendios y presión de la biomasa

El riesgo de incendio añade otra dimensión de urgencia al problema. Las fajas de gestión de biomasa en los entornos de núcleos habitados obligan a mantener limpias las parcelas colindantes a las viviendas. Cuando el propietario es ilocalizable o se niega a actuar, la administración puede realizar limpiezas subsidiarias y, en casos de interés público vinculados a la recuperación de una aldea modelo, proceder a la compra o permuta forzosa de la finca. E 

El objetivo de movilizar 320.000 fincas sigue siendo extraordinariamente ambicioso. Los propios impulsores de la norma reconocieron desde el principio que la dilatación de los procesos administrativos ralentizaría el ritmo. Pero las 13.700 fincas ya en Bantegal y casi 800 más en camino, el sistema demuestra que la herramienta, creada por el bipartito y otrora denostada por el PP,  funciona.