Primer convenio nacional del textil con los empleados de Inditex en el centro: mejores salarios, menos horas...

Tras más de tres años de negociación, patronal y sindicatos firman un preacuerdo histórico que unificará las condiciones laborales en las grandes cadenas de moda de toda España, con especial impacto en Galicia, sede de la mayor empresa del sector


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Foto: EP

 

El sector de la moda y el calzado vivió ayer un hito en sus relaciones laborales. La Comisión Negociadora del I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector del Comercio Textil y del Calzado alcanzó un preacuerdo que sienta las bases del primer marco regulatorio estatal para unas 200.000 personas trabajadoras. El acuerdo, suscrito por la patronal ARTE —Asociación Retail Textil España, que agrupa a empresas como Inditex, Mango, H&M, Primark o Hugo Boss— y los sindicatos CCOO Servicios y FETICO, llega después de más de tres años de una negociación que arrancó en septiembre de 2023 y que no ha estado exenta de tensiones.

 

 

Para Galicia, la noticia tiene una dimensión especial: Inditex, con sede en Arteixo y con decenas de miles de empleados en todo el mundo, es la empresa más grande integrada en ARTE y la que mayor peso tiene en esta negociación. El grupo fundado por Amancio Ortega opera cadenas como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear o Bershka, y sus trabajadores en España se verán directamente afectados por las condiciones pactadas en este preacuerdo.

 

El texto acordado regula tres grandes áreas: contratación, salarios y tiempo de trabajo. En materia de contratación, se fija que los contratos por circunstancias de producción no podrán superar los nueve meses de duración, y los trabajadores fijos-discontinuos tendrán garantizado un mínimo de 180 días de actividad al año, de los cuales al menos 90 deben ser consecutivos. Además, ningún contrato a tiempo parcial podrá establecerse por menos de 24 horas semanales, una medida especialmente relevante en un sector donde el 60% de la plantilla trabaja a tiempo parcial.

 

 

REDUCCIÓN DE JORNADA

Una de las conquistas más valoradas por los sindicatos es la reducción progresiva de la jornada anual a lo largo de los tres años de vigencia del convenio: 1.770 horas en 2026, 1.760 en 2027 y 1.740 en 2028. Esto sitúa la jornada laboral por debajo de las 38,5 horas semanales, un avance significativo en un sector históricamente marcado por la precariedad y la irregularidad de los horarios. Los convenios provinciales que ya contemplen jornadas inferiores mantendrán sus condiciones, sin que el nuevo marco estatal pueda suponer un retroceso.

 

En cuanto al descanso semanal, la regla general será de dos días no consecutivos, aunque se garantiza que ese descanso coincida con sábado y domingo al menos ocho semanas al año en 2026, diez en 2027 y once en 2028. Asimismo, se preservan las condiciones especiales ya existentes en los convenios provinciales para fechas señaladas como Nochebuena, Nochevieja, el día de Reyes o los sábados por la tarde, entre otras. 

 

 

El trabajo en domingos y festivos será voluntario, aunque el convenio asegura la cobertura del servicio si no hay suficientes voluntarios; estas jornadas serán compensadas con un plus que alcanzará los 55 euros por domingo y los 80 euros por festivo en 2028.

 

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Foto: EP

 

Las tablas salariales incluidas en el preacuerdo establecen retribuciones que oscilan entre los 18.000 euros anuales para los puestos del Grupo 6 —mozos, operarios de almacén y personal de limpieza— y los 24.860 euros para los del Grupo 1. Estas subidas tendrán un impacto especialmente positivo sobre los contratos a tiempo parcial, ya que al aumentar tanto el salario base como la jornada, se incrementa también el valor de la hora trabajada. Como garantía adicional, las tablas serán revisables en función de lo que finalmente se acuerde en el próximo AENC, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

 

UGT SE DESMARCA

El convenio no contará, al menos de momento, con el respaldo de UGT, que no suscribió el preacuerdo y mantiene su defensa de la prevalencia de los convenios provinciales frente a un marco estatal. Esta ausencia resta peso representativo al acuerdo, aunque no impide su validez. La posición de UGT no es nueva: el sindicato lleva meses defendiendo que los convenios territoriales ya existentes ofrecen mejores condiciones en muchos casos y que un convenio estatal podría suponer una nivelación a la baja en algunas provincias.

 

 

Por su parte, FETICO tuvo que llegar al Tribunal Supremo para recuperar su lugar en la mesa de negociación, después de haber sido excluido de las conversaciones. Su secretario general, Antonio Pérez, subrayó la importancia de este hecho y defendió que sin la firma de su sindicato no habría sido posible alcanzar el umbral de representatividad necesario para que el acuerdo tuviera validez legal. Pérez valoró el preacuerdo como una demostración de que la negociación colectiva a escala nacional es el camino adecuado para un sector tan fragmentado como el del retail textil, donde hasta ahora convivían más de 50 convenios provinciales con condiciones dispares.

 

UN CONVENIO QUE NO LLEGA A TODOS

El nuevo marco colectivo no será de aplicación universal. Solo afectará a las empresas del comercio textil y del calzado con plantillas superiores a 400 personas y una superficie de venta de más de 3.500 metros cuadrados, o con presencia en al menos tres comunidades autónomas. 

 

 

Quedan fuera, por tanto, las pequeñas y medianas empresas del sector, que seguirán rigiéndose por sus convenios provinciales o de empresa. El País Vasco también queda excluido, en cumplimiento de su marco legal propio y del acuerdo interprofesional autonómico vigente.

 

El preacuerdo irá entrando en vigor de forma escalonada, en función de cuándo vayan caducando los distintos convenios provinciales preexistentes. La próxima reunión de la comisión negociadora está prevista para finales de abril, con el objetivo de cerrar los flecos pendientes y avanzar hacia la firma definitiva del convenio. 

 

Desde CCOO Servicios, que lleva años impulsando este proceso, se calificó el resultado como una herramienta clave para avanzar en igualdad de condiciones entre territorios y para poner fin a las diferencias que hoy separan a trabajadores de una misma empresa según la provincia en la que residan.

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