Galego
Las patronales del autobús reclaman al Gobierno todavía más ayudas ante el encarecimiento del combustible
El sector del transporte de viajeros por carretera exige subir el descuento en carburantes y mecanismos extraordinarios de revisión de precios en los contratos públicos, en un momento en que los costes energéticos no dan tregua
Las principales organizaciones empresariales del transporte de viajeros en autobús han elevado el tono de sus reclamaciones ante el Gobierno central. A través del departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), las patronales del sector piden que el descuento en carburantes pase de los actuales 20 céntimos por litro a 25 céntimos, argumentando que la bonificación vigente resulta claramente insuficiente para absorber el impacto del encarecimiento energético derivado del conflicto en Oriente Medio.
La petición no se limita al precio del gasóleo. El CNTC reclama también que los autobuses que no utilicen combustibles fósiles reciban ayudas directas de al menos 1.500 euros por vehículo, una cifra que el sector considera más ajustada a los niveles reales de actividad y consumo. La demanda refleja la creciente apuesta del sector por la renovación de flotas hacia vehículos eléctricos o de gas, un proceso de transición costoso que las empresas no pueden asumir sin respaldo institucional.
En Galicia, el transporte de viajeros por carretera vertebra la movilidad de amplias zonas rurales y semiurbanas donde el autobús es la única alternativa real al vehículo privado. El incremento de costes en el sector repercute directamente en la sostenibilidad de rutas escolares, laborales y asistenciales que dan servicio a miles de ciudadanos gallegos, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense.
EL PRECEDENTE DE LOS CAMIONES
La reclamación de los autobuses llega después de que el departamento de Mercancías del propio CNTC lograra que el Ejecutivo ampliara el decreto anticrisis para incluir medidas adicionales dirigidas al transporte de mercancías por carretera. Las empresas de autobús consideran que merecen un tratamiento equivalente y esperan que el Gobierno extienda también a su sector mecanismos extraordinarios de revisión de precios en los contratos públicos de transporte, con el fin de reequilibrar económicamente unas prestaciones cuyo coste real ha aumentado de forma sostenida.
Esta revisión afectaría directamente a los contratos de transporte escolar, servicios laborales y rutas asistenciales, modalidades en las que el precio está fijado contractualmente y no puede trasladarse al usuario final. Las empresas operadoras quedan así atrapadas entre unos costes crecientes y unos ingresos estáticos, lo que compromete la viabilidad de estos servicios en el medio plazo.
LA PELOTA, EN EL TEJADO DEL MINISTERIO
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) ha confirmado que el conjunto de estas demandas ya ha sido formalmente trasladado a la Dirección General de Transporte Terrestre, con la petición expresa de que sean elevadas a los ministerios competentes para su consideración.
El Gobierno central no se ha pronunciado públicamente sobre estas peticiones hasta el momento. Tampoco lo han hecho las comunidades autónomas, incluida la Xunta de Galicia, que tiene competencias en materia de transporte interurbano dentro del territorio autonómico y cuya posición podría resultar relevante de cara a la negociación de los contratos públicos afectados.
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