¿Cuánto cuesta a las empresas las ausencias de los trabajadores? Vieites mantiene el pulso por el absentismo
"Hay quien confunde absentismo con tener derechos", censura.
El absentismo laboral vuelve a estar en el centro del debate en Galicia. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, cargó contra la situación durante la jornada del Observatorio CEO sobre capital humano celebrada en Ourense, calificando de "alarmantes" los datos de trabajadores que no acuden diariamente a su puesto, y alertando de que las consecuencias resultan "insostenibles" tanto para la Seguridad Social como para el tejido empresarial. Según cifras que maneja la patronal, más de 1.100 personas en Galicia se encuentran cada día en esa situación.
La comunidad gallega presenta una de las tasas de absentismo más elevadas del Estado. Según datos de Randstad, Galicia cerró 2025 con una tasa del 8,6%, por encima de la media nacional, con la industria a la cabeza con un 9%.
Desde la pandemia, el absentismo general en la comunidad ha escalado del 5,6% al 8,4%, y el relativo a incapacidad temporal ha crecido cerca de un 60%. El coste directo para las empresas gallegas supera los 780 millones de euros anuales, y ronda los 850 millones para el sistema de la Seguridad Social.
LA XUNTA ANUNCIA UN PLAN INTEGRAL
Vieites subrayó también la importancia de reforzar la atención primaria para acortar listas de espera que, según la patronal, prolongan artificialmente las bajas, y reclamó una revisión de los procesos de incapacidad temporal con criterios objetivos y mayor coordinación entre el sistema sanitario, las mutuas y las empresas. El presidente de la CEG celebró el anuncio realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, en el que avanzó un programa integral de control de las bajas, con foco especial en patologías musculoesqueléticas y de salud mental leve, y con mayor protagonismo de las mutuas privadas.
El conselleiro de Emprego, José González, precisó que el plan no pretende tachar a las personas trabajadoras de defraudadoras, sino establecer un marco de diálogo entre empresarios y sindicatos. Según González, la presentación del programa se producirá en el plazo de dos meses, tras la aprobación del correspondiente decreto de diálogo social en el Consello de la Xunta. El conselleiro recordó, además, que buena parte del marco legal que regula las bajas depende del Gobierno central y del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
LOS SINDICATOS, EN LA OTRA TRINCHERA
La reacción de los sindicatos no se hizo esperar. Desde la CIG, su representante Paco Sío tachó a Rueda de "vasallo de la patronal", mientras que desde Comisións Obreiras, Armando Iglesias señaló que las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras "cuando el problema no está ahí".
Las centrales sindicales relacionan la duración de las bajas con el deterioro de la sanidad pública gallega: la falta de inversión produce listas de espera que se alargan, y Comisións habla de dejadez del empresariado respecto a la salud laboral, mientras la CIG alerta de que la reducción de presupuestos en prevención de riesgos laborales deja a las empresas con menos inspección.
Los sindicatos también señalan el envejecimiento de la plantilla gallega —uno de cada cuatro trabajadores supera ya los 55 años— y unas jornadas laborales por encima de la media europea como factores que explican el aumento de la siniestralidad y las bajas.
Un informe del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) mostró que en 2025 los accidentes laborales con baja crecieron un 1,5% en Galicia, y el avance del Ministerio de Trabajo señala que la subida gallega de siniestralidad fue la segunda más pronunciada de todas las comunidades.
Vieites insistió en que no se debe confundir el derecho legítimo a la baja con el fraude, admitiendo que son "cuestiones diferentes". Sin embargo, la posición de empresarios y Xunta abre un debate que, según los sindicatos, corre el riesgo de criminalizar a quienes enferman. El diálogo social anunciado por la Xunta será la prueba de fuego para saber si las distintas partes logran ponerse de acuerdo sin, como pide el propio Vieites, recurrir a las "trincheras ideológicas".
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