De cómo años de inacción acaban arrebatando la plaza a cientos de funcionarios de la Xunta

El problema hunde sus raíces en una parálisis administrativa de casi quince años. Desde 2012, la Xunta no convocó un solo concurso de traslados para los cuerpos especiales del ámbito social, lo que dejó a psicólogos, trabajadoras sociales y otros técnicos atrapados en sus plazas, sin posibilidad de acercarse a su lugar de residencia ni de optar a puestos de mayor categoría para los que acumulaban méritos y antigüedad. Mientras tanto, en otros cuerpos como educación o sanidad, los concursos se celebraban con regularidad.

Durante ese largo paréntesis, la Xunta fue creando nuevas plazas, muchas de ellas de nivel 26, con retribuciones sensiblemente superiores y funciones especializadas

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Durante 15 años, esas plazas fueron cubriéndose por comisiones de servicio, la Xunta sacó concurso para que los funcionarios en plantilla se pudieran hacer con ellas. 

Funcionarias psaron años en comisión de servicio, esperando una convocatoria de un concurso interior que, en función de los puntos acumulados por su experiencia y desempeño, les debía permitir, en teoría, acceder definitivamente a un destino más próximo a su domicilio o a un puesto acorde con su trayectoria. 

En 2023, un fallo judicial obligó a la Xunta a entregar las plazas de las últimas oposiciones. Algunas funcionarias que llevaban décadas en sus puestos, fueron trasladadas para hacer hueco a los nuevos.  

La sentencia que lo cambió todo

El punto de inflexión llegó con una reclamación judicial de una veterinaria de la Xunta. Esta funcionaria argumentó que el destino provisional que le habían asignado al incorporarse debía convertirse en definitivo, y los tribunales le dieron la razón. La argumentación encontraba respaldo en una doctrina previa: en 2022, el Tribunal Constitucional ya había declarado nulo un precepto de una ley canaria que permitía ese tipo de asignaciones provisionales a funcionarios recién ingresados.

El fallo tuvo un efecto dominó inmediato que está creando muchísimas tensiones entre el personal de la Xunta y otras administraciones. 

En la administración autonómica, numerosos técnicos del ámbito social de la Xunta solicitaron la extensión de efectos de aquella sentencia, reclamando que sus destinos provisionales —en muchos casos las famosas plazas del nivel 26— también quedarán consolidados como definitivos. Los tribunales comenzaron a darles la razón de forma masiva. 

La situación se había repetido antes con otra categoría: la de los ingenieros. En aquel caso, Función Pública fue pillada por sorpresa y tuvo que duplicar plazas para dar cabida tanto a los nuevos adjudicatarios por vía judicial como a los veteranos que las reclamaban por concurso. Dos personas con derechos sobre el mismo puesto. Una solución costosa y complicada que la administración decidió no repetir.

Plazas retiradas y veteranos perjudicados

Para evitar que se reprodujera la situación de los ingenieros, la Dirección Xeral de Emprego Público (DXEP) optó por una vía drástica: retirar del concurso de traslados las plazas sobre las que pesaban medidas cautelares judiciales. En el caso de los psicólogos, de las 133 plazas inicialmente incluidas en el concurso, alrededor de 30 fueron eliminadas. Once de ellas eran de alto nivel. Se adjudicaron de forma definitiva a quienes las ocupaban en destino provisional, que llevaban apenas tres años en la administración.

El resultado es que profesionales con hasta treinta años de experiencia, que en un concurso de traslados ordinario habrían tenido muchas posibilidades de acceder a esos puestos de mayor nivel, se quedan definitivamente excluidos. Además, en diciembre la Xunta añadió a la relación de plazas del concurso una cláusula según la cual todo podía modificarse para dar cumplimiento a sentencias judiciales, lo que generó una enorme incertidumbre entre los participantes.

La plataforma Técnicos da Xunta en Loita, con 180 integrantes, lleva meses de protestas. Convocó una concentración el 10 de septiembre frente al Parlamento de Galicia para exigir soluciones. Ese mismo día, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias formuló una pregunta al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, para que explicara cómo pensaba resolver el conflicto. La plataforma también solicitó reuniones con todos los grupos parlamentarios y el respaldo de los sindicatos. 

La versión de Facenda

La Consellería de Facenda, que lidera Miguel Corgos, defiende que el concurso se está desarrollando conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, paradójicamente los mismos que reclaman las afectadas. Sobre las plazas retiradas, la Consellería asegura que los ajustes responden exclusivamente al cumplimiento de resoluciones judiciales y que el proceso es garantista con los derechos de todos los trabajadores.

Las funcionarias afectadas no niegan que la administración deba acatar las sentencias, pero señalan que el origen del problema está en los catorce años sin concurso. Consideran, además, que los tribunales deberían conocer que la aplicación que hace Facenda de sus resoluciones está perjudicando a terceros con muchos más años de servicio. Piden, sobre todo, que se les escuche: tanto a ellas como a las cientos de compañeras que comparten su situación.