CSIF denuncia narcotráfico en la residencia pública de O Meixoeiro en Vigo

La Confederación Independiente de Sindicatos y Funcionarios Públicos (CSIF) emitió una alerta sobre la situación que presuntamente se está viviendo en la CRAPD II de Vigo, la Residencia para Personas Dependientes ubicada en la calle O Meixoeiro, en Lavadores. El sindicato denuncia presuntos casos de consumo, posesión y posible distribución de estupefacientes por parte de algunos usuarios derivados al centro a través de los servicios sociales de emergencia, y exige a la Consellería de Política Social e Igualdad que actúe de inmediato.

La CRAPD II es un centro público propiedad de la comunidad autónoma, gestionado por la Xunta de Galicia, con 150 plazas residenciales destinadas principalmente a personas mayores y personas con dependencia grave debido a patologías crónicas, deterioro cognitivo o problemas de salud mental. Sin embargo, el centro también acoge a usuarios menores de 65 años que acceden a él por emergencia social, lo que, según CSIF, genera situaciones de convivencia de perfiles radicalmente incompatibles sin los medios ni los protocolos adecuados para gestionarlas.

Los trabajadores del centro llevan tiempo alertando internamente de casos en los que algunos residentes ofrecían o incitaban al consumo de sustancias a otros usuarios, incluyendo a personas mayores especialmente vulnerables. CSIF califica estos hechos de «especialmente alarmantes» en un espacio destinado a quienes requieren mayor protección, y advierte que el personal sanitario y asistencial carece de competencias legales, formación específica y medios adecuados para afrontar situaciones de esta naturaleza, exponiéndose así a escenarios para los que no están preparados ni cualificados.

Esta no es la primera vez que este centro es noticia por motivos similares. En 2023, sindicatos y trabajadores ya denunciaron públicamente episodios de violencia grave, incluyendo una agresión sexual de un residente a un trabajador, lo que puso de manifiesto las deficiencias estructurales derivadas de la mezcla de perfiles con necesidades y comportamientos muy diferentes. En aquel momento, organizaciones como CSIF, CIG o SATSE ya exigían mejoras en la dotación de personal y la gestión de ingresos.

Ahora, el sindicato reitera esta queja. Afirma que la situación está provocando un deterioro del clima laboral y una creciente carga psicosocial para los trabajadores, especialmente para el personal de atención directa, que trabaja en un contexto de tensión permanente. A esto se suma el riesgo real de accidentes laborales y lesiones personales dentro de las instalaciones, derivados de episodios de agresión verbal y física que, según CSIF, ya se han producido.

Ante todo esto, el sindicato presenta un conjunto de quejas específicas. En primer lugar, exige el desarrollo y la implementación inmediata de un protocolo específico de actuación en caso de sospecha de introducción, tráfico o consumo de estupefacientes, que delimite claramente las funciones del personal e impida que los trabajadores asuman responsabilidades que corresponden a las fuerzas y organismos de seguridad. En segundo lugar, exige el refuerzo de las medidas de seguridad, incluidos los controles de acceso y mecanismos eficaces de coordinación policial, y, de ser necesario, la incorporación de personal especializado.

CSIF también exige una revisión urgente de los perfiles derivados del CRAPD II para garantizar la protección efectiva tanto de residentes como de trabajadores, y solicita la adopción inmediata de medidas preventivas mientras se lleva a cabo la evaluación específica de riesgos psicosociales y agresiones prevista para el centro. El sindicato recuerda que la Administración tiene la obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de su personal y de proporcionar un entorno seguro para los residentes.