La continuidad de Fademga "está en riesgo" si no logra una mejor financiación de Política Social

A donde otros no llegan, llega Fademga. La Federación Galega de Asociacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do desenvolvemento es la referencia autonómica en este ámbito, con 42 entidades adheridas de las cuatro provincias y más de 7.000 socios que representan a más de 10.000 personas con distintas necesidades. Desde la Federación tratan de llegar a cubrir todos aquellos aspectos que se escapan a las administraciones públicas y a otras entidades que, por falta de recursos, no alcanzan a todo. Sin embargo, en Fademga también se están viendo asfixiados a nivel económico en un mundo donde todo se encarece y se precariza, perjudicando siempre a los mismos. Para evitar eso, el colectivo lleva meses demandando una reunión con la Consellería de Política Social, encabezada por Fabiola García, que tras desoir sus muchas llamadas, decidió convocar a Fademga a una reunión este viernes 10 de abril, a donde la organización acudirá con los deberes hechos. 

UN ENCUENTRO QUE LLEGA TARDE

En Fademga llevaban muchos meses demandando una reunión con la Consellería que no terminaba de llegar. La necesidad de lograr “una financiación digna” resultaba urgente para miles de familias, mientras desde la organización veían como, de manera sistemática, se incumplían los compromisos alcanzados en un primer momento con Política Social, los que motivaron que se calmasen las aguas en el sector y evitar más movilizaciones en otoño, con la promesa de que a inicios de 2026 se iban a sentar a hablar de sus necesidades, en el marco de las exigencias que el colectivo considera cruciales hasta 2030. 

En la Federación han trabajado en un plan de reivindicaciones muy discutido que, como detalla el presidente de Fademga, Eladio Fernández, “lleva su tiempo y tiene sus desacuerdos”. “Nos dijeron que a primeros de año nos sentaríamos en una mesa de negociación, pero esa mesa no se ha creado”, critica Fernández, pues no fue hasta justo antes de Semana Santa que la Consellería levantó el teléfono para citarlos para este viernes día 10, en el cuarto mes del año.

“Ya hicimos la solicitud el 14 de enero. La reclamamos por correo, enviando cuatro o cinco escritos, hablé con la conselleira y me dijo que sería a mediados de marzo, hablé con el jefe de gabinete sobre cuándo podríamos sentarnos… Todo fueron buenas palabras, pero sin respuesta”, censura Fernández, que se mostró comprensivo sobre el hecho de que “puede haber dificultades, lo entendemos”, pero dando un toque a Fabiola García por la tardanza pese a ver en ella “buena voluntad”. 

“No entendemos que se cerrase el diálogo que teníamos directamente con la propia Consellería cuando en octubre nos dijeron que podíamos llamar en cualquier momento. Eso se vino abajo y quiero saber por qué”, reprenden desde Fademga, donde creen que la conselleira está “mal asesorada” y señalan directamente a los mandos intermedios como los palos en la rueda para que no cristalizasen antes los encuentros. “Están muy cómodos en su posición y le están haciendo un flaco favor”, valora Fernández. 

ASUNTOS A TRATAR EN MOMENTOS DE VACAS FLACAS

A la reunión Fernández llevará cuestiones como la revisión de los módulos económicos del coste de plaza, el incremento del 1,5% del convenio colectivo, el incremente comprometido para los funcionarios, el desarrollo normativo que elimine o, cuanto menos, reduzca la inseguridad jurídica, o eliminar los criterios de los interventores y técnicos para definir qué es un concierto social y qué un contrato de manera que cuando se pongan en marcha incrementos se apliquen los mismos de manera inmediata.

Con todo, hay muchísimas más cuestiones que abordar en un sector donde la precariedad está a la orden del día y donde las familias necesitan respuestas inmediatas. “Hay que incrementar las ratios de atención trabajadores-residentes. Estamos teniendo una ratio mínima muy alta para la atención de personas con grandes necesidades de apoyo”, abunda Fernández, que incluye entre las prioridades la necesidad de que “el usuario tenga voz para decidir a dónde quiere ir, y también su entorno familiar”. Asuntos como las mejoras en el transporte, adaptando el mismo a las necesidades de cada centro y de si su ruta incluye entornos urbanos o rurales, o el sistema de financiación en un contexto de disminución de los convenios.

En esta época de vacas flacas, y con una inestabilidad económica que hoy afecta a todos los bolsillos, desde Fademga no esconden los apuros que están sufriendo en la propia Federación, donde Fernández admite que “está en riesgo la continuidad”. “Pensemos que el año pasado se incrementó el convenio un 10%. El acuerdo con la Consellería subía un 9,5%, quedando ese medio punto que iba a ir este año para compensar esa pérdida. Aunque nos lo pagaron, nosotros tuvimos que pedir una línea de crédito para mantener a los trabajadores, para pagarlos hasta que nos pagase la administración. Todo eso tiene un coste. Somos entidades sociales sin ánimo de lucro, no tenemos recursos propios ni podemos generar una cuenta de resultados positiva al acabar el año, porque la ley tampoco lo permite. Esto se va arrastrando y arrastrando…”, explica Fernández. 

Las estrecheces que sufre el colectivo se trasladan también a los centros nuevos que se están construyendo y a los que ya están operativos, donde encuentran déficits a los que no pueden hacer frente porque “no tenemos dinero para reformarlos, adaptarlos a la normativa, y para cuanto queremos hacer hay que invertir en un préstamo o una línea de crédito”.

Fernández describe el escenario como “una situación crítica para el movimiento asociativo”, cada vez más minado por cuestiones como el hecho de que cada vez tienen que asumir el cuidado de personas que “no están adaptadas a nuestros centros”, en una situación similar a la que describen los trabajadores de residencias, que denuncian la “psiquitrización” de los geriátricos con el envío de usuarios por parte de la Xunta que no responden a los estándares de los centros para la tercera edad. 

“¿Por qué a nosotros se nos manda a esas personas? ¿Porque les sale más barato? ¿Porque el coste plaza nuestro es más barato? Nos está rompiendo la convivencia en los centros”, sostiene Fernández, que no duda en considerar “peligrosa” la convivencia a día de hoy en algunas instalaciones tanto para los usuarios como para los propios trabajadores, pues acuden “personas con trastornos de salud mental, con hábitos de conducta tremendos y con unos riesgos tremendos”. 

En esa línea, la mayor crítica vuelve a ser para la administración y la falta de transparencia, pues Fernández argumenta que no les comunican los expedientes de los usuarios y que sufren la “falta de información” que les trasladan, “poniendo en riesgo incluso a menores”. “Vivimos situaciones que queremos aclarar, dialogar, ver los dos lados y por donde gana uno y pierde otro. Eso es una negociación, no la obstrucción al diálogo y la prepotencia que pueden tener algunos funcionarios y políticos”, añade. 

MILES DE FAMILIAS PENDIENTES

Las familias viven muy de cerca esta situación al ser Fademga la que cuenta con más plazas públicas entre las organizaciones, pero no cuentan con los recursos necesarios para atender las necesidades especiales y concretas de muchos usuarios, por lo que piden, a mismo trabajo, misma remuneración. “Que paguen lo mismo que a otras, con un coste de plaza más alto que se pague igual a los que atendemos a personas con un síndrome u otro”, apostillan desde Fademga.  

Por todo ello, las familias se ven obligadas a realizar “un sobreesfuerzo” para poder hacer frente a los gastos que suponen estas discapacidades, pues las ayudas no siempre alcanzan a cubrirlo todo sin que se resienta en la calidad de los servicios, que sigue siendo lo principal. “Los recursos públicos que hay son muy, muy escasos. Tenemos que buscar otros recursos ya no solo para dar la atención al usuario, sino también para mantener las instalaciones, para los incrementos en la alimentación, adaptarnos a las nuevas directrices que marca la legislación…”, enumeran. 

Hay que tener en cuenta que, afortunadamente, la calidad de vida de los usuarios ha aumentado considerablemente en los últimos años, así como su esperanza de vida, sobreviviendo en muchos casos a sus progenitores y familiares. Esas personas dependientes necesitan el apoyo de las instituciones una vez pierden a sus familias, un reto al que todavía nos estamos asomando en muchos casos. 

Desde Fademga subrayan que, en su caso, están preparados, pero necesitan mejores y más infraestructuras. “En estos momentos una persona huérfana, ya tenga 20 o 70 años, cuanto más patrimonio tenga, más posibilidades para conseguir una plaza”, abunda Fernández. Volvemos, de nuevo, a un corte puramente económico y no sometido a las necesidades reales del usuario, cuestión que llevarán este viernes al despacho de Fabiola García para cerrar los acuerdos cuanto antes, y no llegar al 29 de diciembre, como ocurrió en otras ocasiones, con los deberes todavía por hacer, porque entonces “nos vemos agobiados y todos con muchas prisas y problemas en unos y otros”.

Tiempo es, precisamente, el que necesitan muchas familias pendientes de la valoración que hagan los expertos para conocer el grado de dependencia de una persona, informes que resultan claves para el cobro de una pensión o la asignación de una plaza. Las evaluaciones “van muy lentas”, aunque Fernández reconoce que “se mejoró algo”. 

“Sigue siendo algo que influye mucho, porque el cambio de un Programa Individual de Atención lleva mucho tiempo y, mientras no tengas esa documentación, no puedes cambiar de régimen de atención. Una persona que está en el centro ocupacional y tienen que cambiar el PIA para pasar a un sistema residencial a lo mejor le lleva un año de espera y durante ese tiempo está recibiendo una atención que no es la adecuada”, razona. 

Esa es una de las preocupaciones de las familias y uno de los puntos que pretenden cambiar desde la entidad, que persigue evitar que se rompan lazos fundamentales para los usuarios, forzados en ocasiones a no poder seguir en sus centros habituales, con sus compañeros, cerca de un entorno familiar, con traslados a muchos kilómetros de distancia que suponen un desajuste tanto para los usuarios como para sus familias. 

¿PROTESTAS?

Si no se corrigen esas carencias, la posibilidad de que se retomen las protestas en los próximos meses sobrevuela el sector. “Nosotros somos familias y lo que queremos es diálogo. Ante todo una negociación”, reitera Fernández, que asume que en ese tira y afloja pueden tener que ceder en algunas reivindicaciones, pero “si la administración sigue cerrada en banda” no quedará más alternativa que volver a las calles.

“Hay que crear una partida presupuestaria para abordar todos estos asuntos. Si no, nos tendremos que ver obligados a retomar iniciativas que ya tuvimos en su momento. Queremos esperar a que tenga ese momento de reflexión la conselleira con su equipo técnico. No queremos recuperar a las pancartas, la última vez llegamos a la negociación a última hora, pero no podemos consentir ese menosprecio. Es duro decirlo, pero es un desprecio el que hacen al movimiento asociativo y a las familias”, concluye.