El BOE publica el nuevo Convenio de Seguridad Privada 2027-2030 con un incremento salarial del 16% y el rechazo de CIG

El Boletín Oficial del Estado ha dado luz verde este sábado al nuevo Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada para el periodo 2027-2030, cerrando así el ciclo abierto con el anterior marco laboral que reguló el sector entre 2023 y 2026. La publicación oficializa el acuerdo alcanzado en enero tras cuatro meses de intensas negociaciones, que concluyeron con el respaldo de las tres patronales del sector —APROSER, ASECOPS y FES— y de los sindicatos UGT, CCOO y USO, pero también con el rechazo expreso de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y del sindicato vasco.

Subidas salariales y escudo ante la inflación

El eje central del nuevo texto es un incremento retributivo del 16% sobre todos los conceptos salariales a lo largo de los cuatro años de vigencia del convenio. La distribución será progresiva: un 3,5% en 2027, un 4% en 2028, otro 4% en 2029 y un 4,5% en el último año del periodo, 2030. Si se suma al aumento del 16% pactado en el convenio anterior para el ciclo 2023-2026, el sector acumula una mejora retributiva del 36,8% en ocho años, un dato que los sindicatos firmantes han utilizado como argumento para justificar el acuerdo.

El texto incorpora además una cláusula de revisión salarial vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumo. En caso de que la inflación acumulada entre enero de 2027 y agosto de 2030 supere el 16% pactado, los trabajadores percibirán un incremento adicional de hasta un 2%, con efectos desde el 1 de enero de 2031. Este mecanismo fue uno de los puntos de fricción durante las negociaciones: la CIG lo considera un blindaje insuficiente que no garantiza la recuperación real del poder adquisitivo perdido en los últimos años. 

Conciliación, descansos y desconexión digital

Más allá de las retribuciones, el convenio introduce novedades relevantes en materia de conciliación de la vida laboral y personal. Por primera vez en el sector, se reconoce de manera explícita el derecho a la desconexión digital, lo que implica que los trabajadores no estarán obligados a atender dispositivos corporativos fuera de su horario, salvo que decidan voluntariamente hacerse disponibles para cubrir imprevistos.

En lo que respecta a los descansos, el texto fija un sistema progresivo para ampliar los fines de semana libres ininterrumpidos de 48 horas: uno al año en 2027, dos en 2028 y tres a partir de 2029. También se amplía el disfrute de las noches de Nochebuena y Nochevieja, garantizando que cada trabajador libre al menos una de ellas junto a la mañana siguiente. En cuanto a la planificación de turnos, el porcentaje de cuadrantes anuales obligatorios pasa del 65% al 75%, y los mensuales deberán comunicarse con al menos siete días naturales de antelación. 

Jubilación parcial y nuevas categorías profesionales

Otro de los puntos que ha generado más debate es el mecanismo de jubilación parcial a los 63 años. El convenio establece que las empresas deberán aceptar un porcentaje de solicitudes de retiro parcial en función del nivel de absentismo por incapacidad temporal en el sector, con datos de Randstad Research como referencia. La tabla oscila entre el 0% de aceptación obligatoria si el absentismo supera el 8%, y el 100% si se sitúa en el 4% o por debajo. La CIG rechaza este modelo por considerar que penaliza a los trabajadores de mayor edad y elude el problema del envejecimiento de las plantillas.

El texto también apuesta por la actualización del mapa de categorías profesionales, con especial atención a los nuevos perfiles vinculados a la seguridad electrónica y los sistemas tecnológicos de control. Para ello, se crearán comisiones específicas encargadas de adaptar el convenio a la transformación digital del sector, un proceso que en Galicia, como en el resto de España, está modificando profundamente el trabajo diario de los vigilantes. 

La CIG insiste en un convenio gallego

A pesar de la publicación en el BOE, el debate en Galicia no está cerrado. La CIG mantiene su postura de que el acuerdo estatal no representa los intereses de los trabajadores gallegos del sector y reclama abrir una negociación específica para la comunidad. El sindicato critica que las subidas pactadas llegan de forma demasiado diferida, que la cláusula de revisión salarial es insuficiente y que las mejoras en conciliación dependen en exceso de la voluntad de cada empresa. En una posición similar se sitúa ELA en el País Vasco, donde también se reclama un marco propio.