seguridad privada

Las empresas lanzan un órdago en una negociación en la que hay algunos avances pero no acuerdo definitivo. De fondo, el nerviosismo de muchos vigilantes de seguridad, que ven como no se concreta un alza de salarios necesaria para combatir la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. 

La CIG advierte que, sin avances inmediatos, habrá movilizaciones, mientras que UGT, CC.OO. y USO piden la retirada de las propuestas sobre la incapacidad temporal y el transporte de fondos.

El fallo del alto tribunal sienta jurisprudencia clara sobre los supuestos en los que se debe abonar las dietas y el kilometraje a los vigilantes. 

Parte de los vigilantes de seguridad están molestos por la falta de avance en la negociación del convenio estatal. Un influencer gallego, Pablo "percebe87", logró reunir ayer en Madrid a cientos de ellos y recabar el apoyo de algunas figuras políticas de la extrema derecha y de la extrema izquierda. A su juicio, en declaraciones a este diario, la fecha de ayer supone un punto de partida para una mayor unidad en el sector.

Este miércoles 26 de noviembre tendrá lugar en Madrid una protesta de los profesionales de la seguridad privada que no está organizada ni por sindicatos ni por asociaciones de vigilantes. En plena negociación por un nuevo convenio en el sector, Pablo, mejor conocido @percebe87, es la persona detrás de la convocatoria que, parece, superará todas las expectativas. Galiciapress charla con este vigilante gallego que invita a los sindicatos a "escuchar" y estar más cerca de "el día a día" de los trabajadores de la seguridad privada en un momento en el que muchos "malviven" en un clima de precariedad.

El sindicato Alternativa Sindical (AS) indica que La empresa de seguridad Loomis Spain ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo debido a cotizaciones incorrectas de las horas extraordinarias de sus empleados. Esta resolución, que afecta a 17 provincias españolas, incluyendo A Coruña y Pontevedra.

El sector de la seguridad privada en Galicia, que agrupa a 7.500 profesionales y 80 empresas —de las más de 100 que operan en la comunidad—, busca fortalecer su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos al tiempo que encara una etapa de incertidumbre marcada por la falta de personal y las tensas negociaciones del nuevo convenio estatal. Así se ha puesto de manifiesto en la I Jornada de la Asociación de Jefes y Directores de Seguridad de España (AJDSE) celebrada en Santiago de Compostela, bajo el título ‘Aspectos prácticos de la seguridad pública y privada. La importancia de las Policías Locales en la Seguridad Privada. Presente y futuro’.

El absentismo en el sector es un elemento que marca las distancias entre la patronal, que aboga por reformular los complementos, y los representantes de los trabajadores, que apuestan por ampliarlos. 

A la espera de conocer la contrapropuesta que se presente hoy en la nueva reunión de la mesa negociadora por un nuevo convenio en el sector de la seguridad privada, desde la CIG acuden a la cita con el firme propósito de comenzar a aplicar, inmediatamente después de la firma, los acuerdos pactas. Sin embargo, Pedro Pérez, repesentante de CIG-Servizos, se muestra poco esperanzado en que el entendimiento llegue pronto, pues acusa a la patronal de "marear la perdiz" y "no centrar el tiro" en las últimas semanas de negociación, donde asuntos como la reducción de jornada o la subida laboral deben abordarse cuanto antes. 

Desde el sindicato ponen el suceso como ejemplo de la situación de los miles de trabajadores de la seguridad privada en Galicia.

La negociación del convenio de seguridad privada avanza lentamente. Los sindicatos están citados a una nueva reunión este viernes 31 de octubre. A la llamada acuden con la tranquilidad de saber que el actual convenio sigue vigente y que no caducará hasta 2027, por lo que, entienden, el tiempo corre a su favor. Iván Blanco, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), uno de los que representantes de los trabajadores que se sienta en la mesa de negociación, explica a Galiciapress las claves de esta negociación convocada por la patronal para abordar los problemas de un sector "poco atractivo", "sin relevo generacional" y donde los trabajadores han visto mermado su poder adquisitivo. En su opinión, las dificultades de las empresas constituyen una buena oportunidad para abrir la negociación.

La negociación del convenio colectivo estatal de seguridad privada, un marco laboral que afecta a unos 6.000 trabajadores en Galicia y cerca de 85.000 en toda España,  está entrando en  lo que parece su recta final en medio de la polémica. Mientras la mesa de diálogo oficial en Madrid avanza, aunque con "notables diferencias" entre patronal y sindicatos mayoritarios, el descontento crece desde distintos frentes: desde la crítica de sindicatos minoritarios a la convocatoria de movilizaciones al margen de las centrales tradicionales, pasando por la histórica reivindicación de convenios autonómicos por parte de centrales nacionalistas gallegas y vascas.

La mesa de negociación del nuevo convenio de seguridad privada encara una cuarta reunión con posturas distantes entre sindicatos y patronales. La CIG apuesta por un acuerdo autonómico en Galicia, mientras ELA reclama un marco vasco. FeSMC-UGT urge al Gobierno a asumir responsabilidades.

Entre las principales líneas de negociación destaca el compromiso de un convenio plurianual de entre tres y cuatro años de vigencia, que permita garantías de estabilidad y previsibilidad tanto a las empresas como a los profesionales de la seguridad privada

La negociación del nuevo convenio estatal de la seguridad privada ha entrado en una fase clave y mantiene en vilo a los casi 80.000 profesionales del sector, incluidos los más de 5.000 que operan en Galicia. Patronales y sindicatos intentan cerrar un acuerdo que combine avances salariales y estabilidad laboral con la necesaria adaptación tecnológica que marcará el futuro inmediato del sector.

Este viernes, día 10 de octubre, no es una fecha cualquiera para los miles de vigilantes de seguridad que trabajan en Galicia. Se constituye la mesa para negociar el futuro convenio colectivo estatal, un proceso que, aunque el actual acuerdo no vence hasta finales de 2026, arranca con una prisa que revela las profundas grietas de un sector esencial pero crónicamente precarizado. La central sindical gallega CIG acude a la cita con una postura firme: es el momento de "recuperar derechos y salario".

La entidad bancaria se enfrenta a una denuncia ante la Policía Nacional por la supresión del servicio de seguridad en sus unidades itinerantes, una medida que, según el sindicato USO, pone en peligro a empleados y usuarios y contraviene la legislación vigente. Estas oficinas son a menudo el único acceso a servicios bancarios presenciales para miles de personas en pequeños municipios gallegos.

Los votos del Partido Popular, Vox y Junts echaron por tierra la aspiración de Yolanda Díaz de rebajar la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales. Una medida que afecta más a algunos sectores como el de la seguridad privada, donde los vigilantes podrían ver crecer sus emolumentos con esta propuesta. Iván Blanco, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), explica a Galiciapress los promenores de una medida que puede tener su eco en las próximas negociaciones de los nuevos convenios.

UGT denuncia las condiciones que tienen que soportar los encargados de la seguridad privada en la Estación Intermodal de Ourense, bajo el contrato de Grupo Control, empresa sancionada por la situación de sus empleados.

Galiciapress conversa con la CIG para conocer de primera mano las demandas de los trabajadores de la seguridad privada de Marineda City, el Centro Comercial Cuatro Caminos o el IKEA de A Coruña, donde no cuentan con los medios suficientes para poder afrontar las incidencias que se presentan en el día a día de estas superficies comerciales.