Los sindicatos críticos mantienen su no al acuerdo por el convenio de la seguridad privada, que se pactará hoy

Este martes se reúnen, por enésima vez, los actores que participan en la mesa de negociación por un nuevo convenio en el sector de la seguridad privada, donde encontramos tres partes bien diferenciadas. A un lado, la patronal, compuesta por APROSER, FES y ASECOP, que tras empezar el diálogo con un tono duro e intentando llevar la conversación hacia las incapacidades temporales y otros asuntos que nada tenían que ver con las mejoras salariales, fue moderando el tono con el paso de los días; al otro, los sindicatos, divididos a su vez en dos subgrupos, donde encontramos los que se encuentran próximos a los empresarios tras la última oferta para alcanzar un acuerdo, y el que conforman ELA y la CIG, que han expresado su negativa a firmar en las condiciones actuales.

"LA MISMA QUE HACE CUATRO AÑOS"

En la bancada de los sindicatos críticos permanece la CIG, que desde el principio de las negociaciones ha mostrado recelos en torno a las verdaderas intenciones de los empresarios, considerando que las subidas propuestas eran a todas luces insuficientes después de la escalada de la inflación experimentada durante los últimos años. “La propuesta es la misma que hace cuatro años. Si no nos valía hace cuatro años, pues que tampoco nos vale para ahora”, razona Pedro Pérez, representante de CIG-Servizos.

Pérez, presente en la mesa de negociación, teme que el acuerdo pueda cerrarse este 27 de enero en los términos establecidos en la última reunión. “Eso parece, no va a haber cambios”, lamenta, consciente de que la mayoría sindical que representan CC.OO. del Hábtitat, FeSMC-UGT y FTSP-USO, que acuden a la negociación del convenio bajo una misma plataforma, podría impulsar el pacto con los empresarios. 

“Parece que les vale, pero para nosotros no. Es un retroceso y vamos hacia la pérdida de una oportunidad única para poder situar al sector de seguridad privada donde se merece estar”, reflexionan desde la CIG, que pone esa meta en “unos salarios dignos” y “una conciliación de la vida laboral y familiar que hoy carecemos”.

INCREMENTO "INSUFICIENTE"

Con una propuesta para subir el salario un 16% en los próximos 4 años de vigencia del convenio (un 3,5% en 2027, un 4% en 2028 y 2029 y un 4,5% para 2030, contemplando además un 2% adicional vinculado a un hipotético incremento del IPC), el alza de la remuneración sigue estando por debajo del 8% anual que defendía la CIG. “El incremento es totalmente insuficiente. No se recupera el poder adquisitivo perdido en la última década. Seguimos con más de lo mismo y si antes no se recuperaba ahora tampoco se recupera la pérdida del poder adquisitivo”, censura. 

Para Pérez, en cambio, el hecho de que se pueda llegar a un acuerdo no resulta sorprendente porque va en la línea de “los acuerdos confederales propios de los sindicatos estatales”, aunque vayan en contra de lo pactado para la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales, “algo que tampoco ellos mismo respetan, porque en este caso la jornada no se va a tocar”. 

Uno de los puntos críticos sigue siendo la falta de mano de obra en un sector que, a ojos de la CIG, seguirá sin resultar atractivo para los profesionales. “¿Cómo se va a querer hacer atractivo el sector pagándote un euro la hora cuando trabajas de noche, o un euro la hora cuando trabajas el fin de semana? ¿Cómo se pretende atraer nuevo talento?”, se pregunta Pérez, que cree que en estas condiciones “va a faltar siempre” personal cualificado que cubra los huecos existentes en las plantillas actuales. 

“Vemos que priman más las cuentas empresariales que los salarios de los trabajadores que hacen elevar esas cuentas. Ni hay reducción de jornada, ni mejora de las condiciones de conciliación de la vida laboral y familiar, manteniendo un solo fin de semana al mes, aunque ahora pretendan decir que van a subir a 13 fines de semana al año”, critica sobre unas cuentas que considera retorcidas e irreales. “Ni siquiera permite que esa ampliación de dos fines de semana a tres fines de semana al mes, en la vigencia del convenio, se garanticen que sean sábado y domingo. Porque puede ser viernes o sábado o domingo o lunes, porque tampoco quedó clarificado”, argumenta. 

Por otra banda, Pérez entiende que, en los términos actuales, se mantiene una “discriminación entre trabajadores”, marcando una distancia entre aquellos anteriores a 1994, que mantienen un plus de peligrosidad de 170 euros, 150 euros más que un trabajador nuevo. “Pedimos que se equiparen todos y que todo el mundo cobre el mismo plus de peligrosidad. No puede haber gente de primera y otra de segunda, porque si llevo trabajados 30 años ya tengo mi plus de antigüedad. No tiene lógica y se lleva por delante una cuestión que contempla la Constitución: a igual trabajo, igual salario”, apostilla. 

LICITACIONES EN EL HORIZONTE

Aunque el actual convenio se mantiene vigente y el que se está negociando es con vistas a arrancar en 2027, el texto parece que se cerrará con más prisas de las esperadas, pues el preacuerdo llegará, si nada se tuerce, en el primer mes del año, aunque las negociaciones arrancaron ya en otoño. Para Pérez esta es una forma de “mantener la rentabilidad de las empresas” ante un panorama prometedor para las firmas de la seguridad privada por la proximidad de un buen número de licitaciones que saldrán muy pronto a concurso. 

“Estamos hablando de cientos de decenas de millones de euros”, enfatiza Pérez, que entiende que con este acuerdo las compañías contarán con una mayor seguridad a la hora de hacer sus cálculos de cara a presentar sus ofertas. En todo caso, indica, es una seguridad “falsa, porque puedes subir un 10% el salario y vas a tener igualmente conocimiento de lo que puedes ofrecer”.

La dificultad, en todo caso, puede radicar en contar con un número adecuado de trabajadores, pues desde la CIG pronostican que el resultado será “más intrusismo” en el sector, que ya sufre la fuga de talento a otras industrias mientras muchas jubilaciones se quedan sin relevo. “Estamos haciéndonos trampas al solitario”, interpreta Pérez.

Así las cosas, fuentes consultadas de la plataforma que integran los sindicatos mayoritarios reconocían a este diario que este acuerdo podría haber sido mejor, pero que en todo caso se encontraba por encima de la media de lo que se está firmando en estos momentos. Al tiempo, recordaban a los sindicatos críticos que su peso en la mesa era prácticamente simbólico, sin alcanzar el 2%. 

Pérez se toma estas declaraciones con un punto de filosofía y humor, ya que “si están tan seguros de eso, ¿por qué no quieren ir a negociaciones de ámbitos inferiores? ¿Por qué son los primeros defensores del ámbito estatal? Si no hay problema con esto, no habría que tener problema para negociar en el ámbito de cada uno, ¿verdad?”. A renglón seguido, echa mano de los puntos que contempla el convenio estatal, a partir de los 80 delegados, para “sufragar todas esas horas sindicales que tienen de más en las secciones sindicales estatales y que son financiadas por las patronales”.

“A partir de esa cifra tienes una liberación completa. Eso perjudica a los otros sindicatos. No quiero que me financien las patronales las liberaciones sindicales que puedan haber”, subraya, considerando, a su vez y ante el escenario actual, que la posibilidad de negociar un convenio a nivel autonómico “está lejos, pero no es imposible”. 

PROTESTA EL 29 DE ENERO EN SANTIAGO

“Va a depender también de lo que diga el sector realmente. Porque aquí hay gente que no solamente somos los sindicatos críticos que estamos en la mesa. Hay otros que también son críticos e incluso críticos dentro de los sindicatos estatales”, recalca Pérez, que ya prepara la siguiente batalla, que será el 29 de enero en las calles de Santiago de Compostela con una movilización desde la Alameda hasta la Praza do Toural convocada para todos los trabajadores de la seguridad privada y que se mantendrá “tanto si hay como si no hay acuerdo”. 

Será una oportunidad para tomarle la temperatura a los vigilantes y ver la acogida que puede tener una potencial firma, pues sería “un convenio que no ofrece las garantías y las mejoras que pide el sector, y donde vemos que la vía estatal es una vía totalmente agotada”. En caso contrario, de mantenerse el bloqueo en el acuerdo, desde la CIG anuncian que insistirán en que “no es la vía adecuada la que se está tomando ni se están teniendo en cuenta realmente las necesidades que tienen los trabajadores del sector”.