vigilantes

La CIG advierte que, sin avances inmediatos, habrá movilizaciones, mientras que UGT, CC.OO. y USO piden la retirada de las propuestas sobre la incapacidad temporal y el transporte de fondos.

El fallo del alto tribunal sienta jurisprudencia clara sobre los supuestos en los que se debe abonar las dietas y el kilometraje a los vigilantes. 

Este miércoles 26 de noviembre tendrá lugar en Madrid una protesta de los profesionales de la seguridad privada que no está organizada ni por sindicatos ni por asociaciones de vigilantes. En plena negociación por un nuevo convenio en el sector, Pablo, mejor conocido @percebe87, es la persona detrás de la convocatoria que, parece, superará todas las expectativas. Galiciapress charla con este vigilante gallego que invita a los sindicatos a "escuchar" y estar más cerca de "el día a día" de los trabajadores de la seguridad privada en un momento en el que muchos "malviven" en un clima de precariedad.

El absentismo en el sector es un elemento que marca las distancias entre la patronal, que aboga por reformular los complementos, y los representantes de los trabajadores, que apuestan por ampliarlos. 

La negociación del convenio de seguridad privada avanza lentamente. Los sindicatos están citados a una nueva reunión este viernes 31 de octubre. A la llamada acuden con la tranquilidad de saber que el actual convenio sigue vigente y que no caducará hasta 2027, por lo que, entienden, el tiempo corre a su favor. Iván Blanco, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), uno de los que representantes de los trabajadores que se sienta en la mesa de negociación, explica a Galiciapress las claves de esta negociación convocada por la patronal para abordar los problemas de un sector "poco atractivo", "sin relevo generacional" y donde los trabajadores han visto mermado su poder adquisitivo. En su opinión, las dificultades de las empresas constituyen una buena oportunidad para abrir la negociación.

La mesa de negociación del nuevo convenio de seguridad privada encara una cuarta reunión con posturas distantes entre sindicatos y patronales. La CIG apuesta por un acuerdo autonómico en Galicia, mientras ELA reclama un marco vasco. FeSMC-UGT urge al Gobierno a asumir responsabilidades.

UGT denuncia las condiciones que tienen que soportar los encargados de la seguridad privada en la Estación Intermodal de Ourense, bajo el contrato de Grupo Control, empresa sancionada por la situación de sus empleados.

Movemento Sumar Galicia ha denunciado hoy la supuesta complicidad activa del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, con grupos de ultraderecha que organizan patrullas ilegales en barrios como A Ponte, O Pino y O Vinteún. Según la formación, estas acciones —disfrazadas de iniciativas vecinales contra la "inseguridad"— cuentan con respaldo tácito del gobierno local, que ha abandonado sus obligaciones en seguridad ciudadana y servicios sociales.

La supuesta crisis de inseguridad en algunos barrios de Ourense ha llevado a la convocatoria de una concentración el sábado en la Praza Mayor. “Defendamos Ourense, no a la inseguridad”, es el lema de la nueva protesta.

La inseguridad en los barrios de A Ponte y O Vinteun tiene que ver con el tráfico de heroína en Covadonga, donde clanes históricos ofrecen 'caballo' de una calidad y precio superior al de otras ciudades. Esto, sumado a las nuevas conexiones por tren, ha disparado la presencia de adictos en estos barrios. Un grupo de vecinos ha respondido al aumento de hurtos y atracos organizando patrullas de vigilantes por las noches, entre acusaciones de infiltración fascista por la polémica llegada de militantes de Frente Obrero.

Autodenominadas “patrullas ciudadanas” andan controlando las calles de Ourense por las noches ante el aumento de la criminalidad. Las vigilancias han sido promocionadas por el líder del Frente Obrero, organización ultranacionalista española que se define como “patriótica” y que es crítica con la inmigración.

La aparición de una pancarta en el Puente del Milenio con mensajes contra la inseguridad es una nueva muestra del creciente malestar en una parte de la población Ourense, especialmente en los vecinos de A Ponte y O Vinteún. Un grupo de residentes dicen estar alarmados por el aumento de delitos. De hecho  han comenzado a movilizarse y a patrullar las calles por las noches con el apoyo del líder de Frente Obrero. 

Galiciapress conversa con la CIG para conocer de primera mano las demandas de los trabajadores de la seguridad privada de Marineda City, el Centro Comercial Cuatro Caminos o el IKEA de A Coruña, donde no cuentan con los medios suficientes para poder afrontar las incidencias que se presentan en el día a día de estas superficies comerciales.

Los trabajadores del Froiz de Caranza, en la calle Juan de Austria de Ferrol, han evitado la apertura de la tienda este viernes.

SEDEXPO se prepara para recibir a empresas, entidades públicas, sindicatos y curiosos a partir de este miércoles 26 de marzo, cuando comenzará una nueva edición de este evento en la Feria Internacional de Galicia en Silleda. Ricardo Durán, organizador y presidente de la Fundación Semana Verde, atiende a Galiciapress para hablar de las previsiones de cara a esta cita que se ha consolidado en los tres sectores como una de las más importantes ante la gran cantidad de oportunidades que ofrece.

En la refriega con un paciente resultaron heridos estos dos profesionales del CHUAC. Colectivos denuncian que estos casos son cada vez más habituales.

Un vigilante de seguridad del Metro de Bacelona perdió el ojo izquierdo el pasado 18 de enero por la brutal agresión de un joven de 19 años. Este es el último de una serie de episodios similares que se han dado contra el colectivo de profesionales de la seguridad privada.

Las denuncias de UGT en la Estación de Ourense motivaron la apertura de un procedimiento sancionador, que ahora podría tener lugar en las instalaciones de A Gudiña.

La seguridad de las estaciones de tren corre a cargo de la empresa concesionaria Grupo Control, que culpa a Adif por la falta de infraestructuras para el personal en terminales como la de Ourense.

Aunque la firma había activado un procotolo antiacoso entre estos dos trabajadores, los cuadrantes hicieron coincidir a la afectada con el investigado durante dos años.