Una autonomía; un convenio: la seguridad privada busca ajustar por convenio las necesidades en cada región

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha presentado una propuesta ambiciosa para el nuevo convenio de seguridad privada, que busca recuperar derechos laborales y mejorar las condiciones del sector. Entre sus demandas destaca un incremento salarial del 8% anual, la reducción de la jornada laboral a 1.568 horas anuales (equivalentes a 35 horas semanales) y un aumento de los días de descanso de 96 a 110 al año. 

Además, plantea consolidar el plus de peligrosidad para todos los vigilantes, recuperar pluses de vestuario y transporte en 15 pagas, y establecer un incremento del 25% en la remuneración de horas nocturnas, fines de semana y festivos. También propone nuevos complementos por el uso de idiomas, conducción de vehículos o manejo de desfibriladores, y ampliar permisos retribuidos, incluyendo tres días de asuntos propios pagados.

Por su parte, el sindicato vasco ELA, tal y como recoge la última información publicada por Escudo Digital, apuesta por un convenio autonómico en el País Vasco, argumentando que los acuerdos estatales han perdido calidad y no han logrado avances significativos. Según ELA, la propuesta patronal de un aumento salarial del 12% en cuatro años es insuficiente y perpetúa la precariedad. 

El sindicato reclamará en la reunión que se celebra este mismo lunes una revisión salarial vinculada al IPC, la ampliación de permisos retribuidos, la reducción de jornada y un compromiso con la jubilación parcial para dignificar la profesión. En cualquier caso, parece determinante la urgencia de cada sindicato por que el texto firmado sea de índolo autonómico, de manera que las necesidades de los profesionales de la seguridad privada se ajusten a las existentes en cada territorio.

NEGOCIACIÓN EN UN CONTEXTO CRÍTICO

La CIG ha calificado de “insuficiente” la oferta de las patronales –APROSER, ASECOPS y FES–, que plantean un incremento salarial acumulado del 12% en cuatro años. Según el sindicato gallego, esta propuesta no aborda la pérdida de poder adquisitivo ni fomenta la atracción de nuevos profesionales al sector, que sufre alta precariedad. Además, defiende un convenio de dos años con cláusula de ultraactividad y revisión salarial automática, y aboga por un futuro convenio gallego adaptado a las necesidades regionales.

ELA, por su parte, critica que las patronales usen los costes como excusa para no mejorar las condiciones laborales, mientras que FeSMC-UGT ha señalado directamente al Gobierno y a las administraciones públicas, exigiendo una reforma de la Ley de Seguridad Privada o un nuevo reglamento que garantice mayor seguridad jurídica para los trabajadores. 

En un comunicado, el sindicato ha denunciado la adjudicación de contratos públicos a ofertas económicas “temerarias”, que han llevado a varias empresas a situaciones de insolvencia. “Es necesario cambiar estas prácticas que perjudican el empleo”, afirma FeSMC-UGT, que también reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una mayor implicación en el sector.

LLAMADA A LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

FeSMC-UGT destaca la importancia de la unidad sindical con CCOO y FTSP-USO, que han presentado una plataforma conjunta con más de 30 medidas para mejorar salarios, derechos y la revalorización de la profesión. El sindicato insiste en que el nuevo convenio debe consolidar avances previos y pide a las empresas abandonar estrategias basadas únicamente en el precio. Además, propone medidas como coeficientes reductores para la jubilación anticipada y un fortalecimiento del contrato de relevo para facilitar la transición hacia nuevas tecnologías sin dejar atrás a los trabajadores.

La cuarta reunión de la comisión negociadora se celebra hoy, 20 de octubre, a partir de las 10:30 horas, en un contexto de notables diferencias entre las partes. Mientras los sindicatos buscan mejoras estructurales, las patronales mantienen una postura más conservadora. Según la fuente primaria, Escudo Digital, las conversaciones definirán el futuro de un sector clave para la seguridad en España.

Cabe recordar que en Galicia el sector de la seguridad privada emplea a miles de trabajadores en servicios como vigilancia, transporte de fondos y protección de infraestructuras. Sin embargo, la precariedad laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento profesional han sido problemas recurrentes. La negociación del convenio estatal, con la posibilidad de acuerdos autonómicos, podría marcar un punto de inflexión para los trabajadores gallegos, según defienden sindicatos como la CIG.