El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Riesgos Laborales para que "nadie enferme ni muera en el trabajo"

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, para que "nadie enferme ni muera en el puesto de trabajo".

Así lo ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha destacado que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que data de 1995, fue uno de los compromisos adquiridos en la Ley Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que ya preveía la necesidad de revisar esta norma tras 30 sin actualizarse.

La ministra ha recordado que en el año 2025 fallecieron más de 700 personas en su puesto de trabajo, una cifra que es "brutal" a pesar de que se ha reducido un 40%, y ha calificado la siniestralidad laboral del "principal problema" en España.

Asimismo, ha destacado que las enfermedades profesionales han ascendido a 30.713, las no traumáticas aumentaron en 34.440 y hay cerca de tres millones de personas trabajadoras en el mundo, según la OIT, que han fallecido en el puesto de trabajo, mientras que las incapacidades temporales en España por síntomas emocionales se han incrementado un 500%.

Yolanda Díaz ha recalcado que la reforma incorpora la perspectiva de género y la edad del trabajador a la hora de evaluar la prevención, junto a los riesgos climáticos y los psicosociales.

"Hablamos de absentismo, pero los datos de aumento de IT por salud mental se han incrementado un 500%, no es una maldición divina en España o Europa. Tenemos en esta ley la posibilidad de abordar futuros absentismo, actuar antes para que la ciudadanía no enferme. Es mejor actuar ex ante que culpar a los trabajadores que enferman de una responsabilidad que no es suya", ha expuesto.

Según el texto aprobado este martes, que cuenta con el respaldo de CCOO y UGT no así de la patronal, la empresa deberá informar de los riesgos laborales en general, pero necesariamente también de los propios de cada actividad o función, así como de las medidas de protección aplicables.

SE APLICARÁ A TODOS LOS TRABAJADORES
La ministra ha destacado que esta reforma se aplicará a todos los trabajadores del país, a los trabajadores del sector público, así como a los autónomos que trabajan en coordinación con las empresas principales ante el incremento del 71,4% del índice de incidencia de siniestralidad de los trabajadores por cuenta propia.

Además, la vicepresidenta segunda ha subrayado que esta reforma incluye la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para que el pronto pago en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales no se pueda aplicar.

Sobre los plazos de entrada en vigor, Díaz ha indicado que este martes se aprueba la norma, y más adelante, como se comprometió con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, se aprobará un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras contra los riesgos psicosociales y frente al cambio climático, algo para lo que no hay plazos.

"Primero se aprueba una norma y luego se hacen los reglamentos. No se puede hacer de ninguna otra manera. Por tanto, lo que hacemos hoy es aprobar esta norma y luego, no se preocupen, vamos a cumplir a pies juntillas antes de que acabe la legislatura", ha añadido.

ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO 191 DE LA OIT
Además, según ha anunciado Yolanda Díaz, este martes ha entrado en vigor el convenio 191 de la OIT que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo.

"Este convenio lo depositamos hace meses en Ginebra y hoy entra en vigor en nuestro país. Por lo tanto, el convenio 191 que regula la seguridad y la salud en el trabajo, el convenio más novedoso, entra en vigor. Y la clave sustancial para todas las empresas de nuestro país es que declara la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano", ha expuesto.

DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
El texto modifica el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a los derechos laborales de los trabajadores, para incluir entre ellos el derecho a la integridad física y moral y a la protección frente a la violencia y a cualquier tipo de acoso.

El anteproyecto plantea además la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para regular con mayor precisión las infracciones en materia de igualdad y no discriminación tanto en el empleo como en el acceso al mismo.

En concreto, se contemplan posibles reducciones del 40% en el importe de las multas cuando se cumplan, simultáneamente, varias condiciones: que la sanción propuesta tenga carácter exclusivamente pecuniario, y que el sujeto responsable proceda al pago con carácter previo a la resolución y renuncie al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa contra la sanción.

No obstante, esta reducción no será aplicable cuando la infracción lleve aparejada la propuesta de sanciones accesorias; que la sanción se proponga por la comisión de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales relacionadas casualmente con un accidente de trabajo, y que la sanción se proponga en actas de infracción concurrentes con actas de liquidación por los mismos hechos.

AGENTE TERRITORIAL DE PREVENCIÓN
Según el texto, se permitirá a los delegados de prevención contar con un aumento del 20% en su crédito horario, se apoyará a las pymes mediante la figura del agente territorial de prevención y se garantizará que los sindicatos sean consultados en la elección de la mutua de accidentes de trabajo.

El texto incluye la bonificación de la formación obligatoria en prevención de riesgos para empresas de menos de 10 trabajadores y establece que los delegados deberán contar al menos con formación de nivel básico, adaptada a cada sector.

La norma reduce también los umbrales para constituir servicios de prevención propios (300 personas, 150 en actividades peligrosas) y limita a 10 el número máximo de trabajadores para que la empresa asuma personalmente la actividad preventiva.

El texto explica que será obligatorio adoptar medidas de actuación ante catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Además, la evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo.

El trabajo deberá adaptarse a las características personales particulares como en los casos tras la ausencia prolongada por motivos de salud. Se establecerán procedimientos de retorno al trabajo, con actualización de la formación preventiva en determinados supuestos. Los equipos de protección individual también deberán adaptarse.

ACOSO O VIOLENCIA
Se definen como cualquier comportamiento, conducta o amenaza, que tenga por objeto, cause o sea susceptible de causar a la persona trabajadora un daño a su salud física o mental, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, incluyendo además los ejercidos por medio de cualquier tipo de tecnología de la información (ciberacoso) y de la comunicación o por el uso de algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, así como la violencia y el acoso sexual y por razón de género.

La empresa ha de garantizar la protección de las personas trabajadoras frente a situaciones de violencia y acoso sexual o por razón de sexo. La evaluación de riesgos, se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo.

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