Huelga en la enseñanza pública este martes, la sexta de este curso

El conflicto, que nació como una reivindicación del colectivo docente, se ha ido ampliando a lo largo del curso hasta abarcar al conjunto de la comunidad educativa. El Sindicato de Estudantes anunció el pasado mes de marzo su adhesión al paro, bajo el argumento de que estudiantes y profesores deben unirse contra lo que denominan una política de recortes y privatización de la educación pública impulsada por el Gobierno autonómico del PP.

La huelga de este martes se desarrolla durante las 24 horas del día, desde las 00.00 hasta las 24.00, y afecta al personal docente de todos los centros dependientes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

UN LARGO CURSO DE MOVILIZACIONES

Para entender el alcance de este conflicto hay que remontarse al inicio del curso. CIG-Ensino, STEG y las Asembleas Abertas do Ensino Público convocaron la primera huelga el 25 de septiembre, a la que siguieron dos jornadas de paro de 48 horas en octubre —los días 28 y 29— y otras dos en diciembre —los días 16 y 17—, coincidiendo estas últimas con la aprobación de los presupuestos de la Xunta. Durante ese período también se registraron encierros de docentes en centros de toda Galicia y marchas fúnebres simbólicas por la enseñanza pública.

La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha sido una de las voces más activas del conflicto. En declaraciones recientes, Arroxo subrayó que "la Consellería es consciente de que las aulas gallegas están al límite y del profundo malestar del profesorado gallego", pero advirtió que "mientras no haya hechos y documentos en la Mesa Sectorial se mantendrán las movilizaciones". La dirigente sindical también recordó que los objetivos siguen siendo los mismos que cuando comenzaron las primeras protestas el 13 de septiembre.

Los sindicatos convocantes acusan al conselleiro Román Rodríguez de rechazar sentarse a negociar con la mayoría sindical representativa del sector, optando en cambio por cerrar acuerdos con organizaciones con menor peso en las aulas. De hecho, hace apenas unos días la Consellería rubricó un pacto con CC.OO., UGT, ANPE y CSIF —sin la participación de CIG ni STEG— que incluye la recuperación de las 18 horas lectivas en Secundaria a partir del próximo curso. Los sindicatos convocantes califican ese acuerdo de insuficiente y recuerdan que ya existen precedentes de compromisos similares firmados en 2023 que no se llegaron a cumplir.

LAS REIVINDICACIONES DEL PROFESORADO

El pliego de demandas de CIG-Ensino y STEG es amplio y detallado. El principal objetivo es la recuperación de las 21 y 18 horas lectivas que tenía el profesorado gallego en 2010, antes de que los recortes impuestos durante la crisis económica las elevaran hasta los niveles actuales. A eso se suma el fin de lo que los sindicatos describen como discriminación en los centros integrados y escuelas artísticas, así como la reducción de las ratios de alumnos por aula en todas las etapas educativas a partir del próximo curso.

Hay que recordar que el conselleiro Román Rodríguez cerró el pasado viernes un pacto con CC.OO., UGT, ANPE y CSIF —sin CIG ni STEG— que contempla la reducción de la jornada lectiva del profesorado de Secundaria a 18 horas a partir del curso 2026/27, junto a la bajada de ratios y mejoras en la atención a la diversidad. En ESO, las ratios bajarían de 30 a 25 alumnos, y en Bachillerato de 33 a 30, con aplicación progresiva hasta 2028, adelantando en cinco cursos el calendario previsto inicialmente.

El profesorado también exige mayor dotación de personal especializado para atender la diversidad del alumnado, la puesta en marcha de un plan real de reducción de la burocracia administrativa y avances en el complemento autonómico retributivo para todo el cuerpo docente. Otras reivindicaciones apuntan a la equiparación salarial del personal de servicios socioeducativos y de formación profesional, la recuperación del pago de verano para el personal sustituto que trabaje al menos cinco meses y medio, la reducción de la jornada lectiva a partir de los 55 años y la recuperación de las licencias por formación retribuidas.

El colectivo de Educación Infantil también ha protagonizado movilizaciones propias a lo largo del curso, lo que pone de manifiesto que el malestar no se circunscribe a un nivel educativo concreto sino que atraviesa de forma transversal toda la enseñanza pública gallega.

SERVICIOS MÍNIMOS: LOS COLEGIOS NO CERRARÁN

Pese a la huelga, los centros educativos gallegos permanecerán abiertos este martes. La Xunta publicó el lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se fijan los servicios mínimos para el paro, con el objetivo de compatibilizar el derecho a la huelga con la protección del alumnado menor de edad. La norma establece que el director o un miembro del equipo directivo deberá estar presente en cada centro durante el horario habitual para garantizar la vigilancia y custodia de los estudiantes. En los centros con menos de seis unidades, esa función podrá ser asumida por cualquier docente del claustro. Cada dirección deberá hacer pública en su tablón de anuncios la identidad de la persona designada para cubrir ese servicio, y el incumplimiento de la obligación conllevará sanciones.

La Consellería de Educación no ha realizado declaraciones públicas adicionales sobre el conflicto más allá de la publicación de la orden en el DOG. El conselleiro Román Rodríguez se ha limitado en anteriores ocasiones a calificar la conflictividad como una estrategia propia de organizaciones sindicales de carácter nacionalista e izquierdista, sin entrar a valorar las demandas concretas del profesorado.

Este martes, a las 12.00 horas, una manifestación partirá desde la Alameda de Santiago de Compostela con destino a la sede de la Xunta. Los sindicatos convocantes ya advierten que, si el Gobierno autonómico no da pasos concretos en la negociación, tienen previsto organizar nuevas jornadas descentralizadas por distintos puntos de Galicia a comienzos del mes de mayo.

El conselleiro encuadró las huelgas dentro de una estrategia deliberada de conflicto impulsada por un entramado de organizaciones nacionalistas de izquierda, en el que incluyó expresamente al BNG, a la UPG y a la CIG. Señaló que estas organizaciones estarían pintando una imagen distorsionada de Galicia, saltando de un sector a otro de forma sistemática.