Losán gana tiempo, pero no garantías, para las plantas de Curtis y Vilasantar, cuyos empleados siguen sin cobrar

Losán, con sede en A Coruña y plantas en Curtis y Vilasantar, llegó al pasado miércoles 29 de abril al límite del plazo del preconcurso de acreedores con la obligación de presentar ante el Juzgado de lo Mercantil un plan de viabilidad que permita evitar la entrada formal en concurso. Finalmente, el grupo maderero ha conseguido una prórroga, aunque la incertidumbre sobre su futuro sigue siendo casi total para quienes trabajan en sus instalaciones gallegas. 

El presidente del comité de empresa de Industrias Losán en Curtis, Xosé Anxo Sánchez, confirmó a Europa Press que la prórroga parece haberse concedido, pero subrayó que los trabajadores no tienen conocimiento de ningún plan de viabilidad, pese a haberlo reclamado reiteradamente. La plantilla lleva varios meses sin percibir sus nóminas, una situación que ha generado una presión creciente sobre todas las administraciones implicadas.

EL CONGRESO ENTRA EN ESCENA

La crisis de Losán llegó este jueves a la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, a raíz de una iniciativa del PP defendida por su diputado Francisco Conde, que salió adelante con 20 votos a favor y 17 abstenciones. Conde reclamó al Gobierno un "cambio radical" en su actitud y exigió que el Ministerio de Industria y la SEPI convoquen de manera urgente una reunión con todos los implicados. La diputada socialista Patricia Otero le respondió recordándole su propia "pasividad" cuando fue conselleiro de la Xunta de Galicia con responsabilidades en materia industrial.

Por el BNG, el diputado Néstor Rego apoyó la iniciativa como gesto de solidaridad con los trabajadores afectados, y advirtió de que la prórroga supone "un mes más de angustia" al que hay que poner fin. Más optimista se mostró el representante de Sumar, Manuel Lago, quien aseguró que la prórroga no se debe a un error notarial sino a un compromiso real de presentar un plan de viabilidad.

XESGALICIA Y LA SEPI, CLAVES

Según Lago, ese plan estaría impulsado por Xesgalicia —el instrumento de capital público de la Xunta— junto a organismos equivalentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y contaría con el respaldo de la SEPI y un acuerdo previo con los acreedores. El plan, en cualquier caso, deberá ser validado por la jueza competente.

La pérdida de actividad afectaría no solo a los empleos directos, sino también al tejido económico vinculado al transporte, al sector forestal y a los servicios del interior coruñés, con unos 150 puestos de trabajo en riesgo entre ambas plantas. La empresa recibió 35 millones de euros de financiación pública a través del fondo de solvencia post-covid, además de avales de la SEPI.