Vídeo | Operación Capitalpo: Constructores y transportistas detenidos por fraude con camiones en Vigo, Tui y Pontevedra

La operación 'Capitalpo' descubre un entramado societario con ramificaciones en varias partes de España que falsificaba contratos de arrendamiento para apropiarse de flotas de camiones y furgonetas sin abonar las cuotas pactadas
 


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Operaicón Capitalpo

La Guardia Civil ha desarticulado una sofisticada trama empresarial dedicada al fraude mediante contratos de arrendamiento de vehículos industriales en Pontevedra. La operación, bautizada como 'Capitalpo', se ha saldado con dos detenidos y un tercer investigado, además de la recuperación de una flota de vehículos cuyo valor supera el millón y medio de euros. El caso, instruido por el Tribunal de Instancia de Barcelona, sigue abierto.

 

El engranaje del fraude se sustentaba en la obtención de vehículos a través de contratos financieros presuntamente falsificados. Las empresas implicadas suscribían los acuerdos de arrendamiento, recibían los vehículos y dejaban de pagar las cuotas pactadas mientras continuaban explotando la maquinaria en sus actividades comerciales. Para blindarse frente a posibles investigaciones, el entramado recurría a sociedades pantalla sin actividad real, domicilios ficticios y firmas que no correspondían a sus titulares legítimos.

 

El rastro llegó hasta Galicia en octubre del año pasado, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil interceptó en Sanxenxo un vehículo sobre el que pesaba una denuncia por sustracción formulada en Madrid. El hallazgo no fue un caso aislado. En los días posteriores, los agentes localizaron otros vehículos en circunstancias idénticas: varias furgonetas aparecieron en una nave industrial en las afueras de Pontevedra vinculada a una empresa de construcción con sede en Vigo, y poco después, en Tui, fue intervenido un camión que también constaba como sustraído.

 

Un entramado entre tres ciudades

La investigación, desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra con el apoyo del Grupo GIAT del Subsector de Tráfico, fue desentrañando progresivamente la arquitectura del fraude. El entramado operaba entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, aprovechando la dispersión geográfica para dificultar el seguimiento de los vehículos y diluir responsabilidades entre distintas mercantiles.

 

Durante el primer trimestre de 2026, los investigadores localizaron e intervinieron catorce camiones y remolques adicionales distribuidos entre las provincias de Pontevedra y Murcia. La cifra total de bienes recuperados elevó el valor del operativo a más de 1.500.000 euros, una cantidad que ilustra la escala del presunto fraude perpetrado contra las empresas propietarias de los vehículos arrendados.

El análisis de la documentación incautada reveló la existencia de contratos con irregularidades graves: firmas suplantadas, cláusulas incumplidas de forma sistemática y el uso recurrente de domicilios que no correspondían a ninguna actividad empresarial real. Los investigadores también detectaron conexiones entre las sociedades implicadas y varios procesos de quiebra de empresas del sector de los congelados, lo que apunta a que la trama podría haber operado en otros ámbitos más allá del arrendamiento de vehículos.

 

Detenidos en Pontevedra y Vigo

El desenlace operativo se produjo de forma simultánea en varios puntos de la provincia. El principal investigado, un empresario vinculado a sociedades radicadas en Barcelona y Pontevedra, fue detenido en la capital provincial. Al mismo tiempo, en Vigo, los agentes procedieron a la detención del representante de la empresa constructora que había aparecido vinculada a los vehículos localizados en la nave industrial. En Poio, fue investigado el administrador de varias de las sociedades relacionadas con la trama.

 

Durante esa misma jornada, la Guardia Civil practicó registros en la sede de la empresa constructora en Vigo y en un domicilio particular en Pontevedra. Ambas actuaciones permitieron intervenir abundante documentación, tanto en formato físico como digital, que los investigadores consideran clave para el avance del caso.

 

Las diligencias continúan abiertas bajo la dirección del Titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 9 de Barcelona, competente en la causa dada la ubicación de varias de las sociedades implicadas en la ciudad condal. Ninguno de los investigados ni sus representantes legales se han pronunciado públicamente sobre los hechos que se les imputan.

 

La operación 'Capitalpo' pone de relieve la vulnerabilidad del sector del arrendamiento de vehículos industriales frente a este tipo de fraudes, que combinan ingeniería societaria con la explotación de lagunas en los mecanismos de control financiero. El caso también subraya la capacidad de coordinación de la Guardia Civil gallega para desmantelar estructuras criminales con ramificaciones en varias comunidades autónomas.

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