Multas de 900 euros si no se limpian las fajas de biomasa antes del 31 de mayo

La Dirección Xeral de Defensa do Monte presidió esta semana una nueva reunión de seguimiento del convenio suscrito entre la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga para coordinar la gestión de la biomasa en las fajas secundarias. El encuentro sirvió para evaluar las últimas adhesiones municipales al acuerdo y planificar las próximas actuaciones, con el foco puesto en un mensaje claro: queda poco tiempo para actuar.

El 31 de mayo es la fecha límite fijada por la normativa gallega para que los responsables de los terrenos afectados completen los trabajos de desbroce y limpieza. El artículo 22.1 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, establece que las personas responsables deberán ejecutar la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de fajas antes de que finalice el mes de mayo de cada año. A partir del 1 de junio arrancan las inspecciones.

Casi toda Galicia, adherida al convenio

En cuanto a las ayudas disponibles, los propietarios de parcelas en parroquias priorizadas pueden contratar directamente a Seaga para realizar los trabajos. El precio es de 420 euros por hectárea, y el número de parroquias incluidas en este régimen asciende a 276 para el presente año. Los trámites se gestionan a través de los ayuntamientos, que son quienes reciben y tramitan los contratos de gestión de la biomasa. A su vez, los municipios adheridos al convenio reciben apoyo de Seaga para las inspecciones, las notificaciones y la preparación de documentos necesarios para ordenar ejecuciones subsidiarias y procedimientos sancionadores.

La adhesión municipal al acuerdo es ya casi universal en Galicia: 298 concellos han solicitado su incorporación, lo que supera el 95% de los municipios gallegos y mejora la cobertura respecto al convenio anterior. La inversión destinada a estos trabajos se ha duplicado hasta los 25 millones de euros anuales, con un fondo específico de Limpieza de Fajas dotado con 10 millones de euros.

Multas de 900 euros por hectárea para los incumplidores

Ignorar estas obligaciones tiene consecuencias económicas directas. El incumplimiento es constitutivo de infracción administrativa y da lugar al inicio del procedimiento sancionador previsto en el título VII de la Ley 3/2007, pudiendo adoptarse medidas provisionales de gestión de la biomasa y decomiso de las especies arbóreas retiradas. Además, en caso de persistir el incumplimiento, el ayuntamiento puede imponer multas coercitivas reiterables cada tres meses de 900 euros por hectárea de superficie no gestionada, o la parte proporcional si la superficie fuera menor. 

Si el propietario sigue sin actuar, la administración puede recurrir a la ejecución subsidiaria, es decir, realizar los trabajos por su cuenta y repercutir los costes al titular. La liquidación provisional de esos trabajos se estima en torno a los 3.953 euros por hectárea. La Xunta no se ha pronunciado sobre posibles medidas adicionales de apoyo para propietarios con dificultades económicas, ni las asociaciones de propietarios forestales han emitido valoración pública al respecto.