CSIF exige a la Xunta que amplíe ya la jornada intensiva de verano para los funcionarios con cargas familiares

El sindicato CSIF (Central Sindical Independente e de Funcionarios) presentó ayer formalmente en la Mesa Sectorial de Funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma una solicitud para que la Xunta extienda el período de jornada intensiva de verano desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para todos los empleados públicos gallegos con necesidades de conciliación familiar. La organización sindical insta a que se adopte sin demora la misma fórmula que ya aplica la Administración General del Estado (AGE) desde este mes.

La referencia concreta es la Resolución del 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública, publicada en el BOE del día 15, que reconoce la jornada intensiva de verano de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Dicha norma permite acogerse a este régimen desde el 1 de junio al 30 de septiembre a quienes tengan a su cargo hijos o menores tutelados de hasta 12 años, así como a quienes cuiden a personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, siempre que convivan con el solicitante. 

La jornada intensiva ampliada por conciliación se configura como un derecho individual de cada funcionario, por lo que no cabría limitar su disfrute aunque ambos progenitores trabajen en la misma unidad. 

GALICIA, EN DESVENTAJA

Según CSIF, la Dirección Xeral de Emprego Público de la Xunta reconoció que la propuesta está siendo estudiada, pero el sindicato considera inaceptable que ese análisis se prolongue mientras los funcionarios gallegos quedan en inferioridad de condiciones respecto a sus homólogos estatales. 

La organización ha pedido a la directora general que acelere los trámites para una implantación inmediata, sin esperar al inicio oficial de la jornada intensiva autonómica habitual, que arranca el 16 de junio. 

La Xunta no ha hecho declaraciones públicas al respecto más allá de confirmar que la medida está en fase de estudio. CSIF advierte de que mantener esta situación supone un agravio comparativo intolerable para el empleo público gallego en materia de derechos de conciliación.