Atalaya, forzada a comprar terrenos, pese a no tener permiso para la mina de Touro

La valoración de lo que supone este paso difiere. Se trata de un paso adelante para la viabilidad del proyecto, en opinión del bando favorable a la polémica mina. Para los críticos, es un mero trámite que la empresa tenía que cumplir ahora, obligada por los contratos que firmó hace años con opciones de compra que iban a caducar.

La operación se produce en un momento en que el proyecto minero sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental de la propia Xunta. Ahora mismo, la mina de Touro sigue en el limbo.

Según información enviada por la minera a algunos medios, el primer paquete de firmas supone la formalización de 26 contratos de compraventa que suman 62 parcelas, un proceso que se extenderá hasta junio en función de la caducidad de los acuerdos originales .

Cobre San Rafael espera que, una vez completadas las operaciones en curso, pasara a poseer aproximadamente el 70% del terreno imprescindible para el desarrollo del proyecto, que en total son unas 812 hectáreas. La minera dice que se trata, en su mayor parte, de terrenos vinculados históricamente a la actividad minera -la antigua mina de cobre que sigue creando problemas de contaminación- así como eucaliptales y prados.

La versión empresarial: precios superiores al mercado

La materialización de estas compras responde a acuerdos alcanzados hace tres años. Según detalla la promotora, las operaciones se cierran con precios superiores al valor de mercado y suponen el abono del 90% del valor acordado, completando así el 10% que ya fuera adelantado a los propietarios en el momento de la firma de la opción.

La compañía, participada por la multinacional Atalaya Mining y la empresa local Explotaciones Gallegas, lleva lustros trabajando en el proyecto. 

Su director general, Fernando Riopa, señalaba recientemente que ya han invertido cerca de 20 millones de euros en la preparación de la propuesta minera, incluyendo sondeos, seguimientos ambientales y la puesta en marcha de una planta de tratamiento . 

Las críticas de la oposición: precios bajos y caducidad de contratos

Frente al relato empresarial, las asociaciones contrarias al proyecto ofrecen una lectura muy distinta. Fuentes de la plataforma Mina de Touro O Pino Non consultadas por Galiciapress señalan que la empresa se ha visto forzada a comprar por la caducidad de los contratos: "Hai cinco anos a empresa aventurouse a lanzar contratos con opción de compra, adiantando o 10% e unha vez que o proxecto tivera a súa autorización, pero parece que tiñan unha data para facer efectivos os pagos que van caducando e teñen que facerse cargo das terras coas que fixeron eses contratos".

Son prezos moitísimo por debaixo do que fai máis de 10 anos se pagaron as expropiacións dos terreos para o polígono de O Pino

El aspecto más polémico, según los críticos, es el precio. Las adquisiciones se estarían cerrando a valores de entre 1,5 y 3 euros el metro cuadrado, una cifra que consideran muy baja. Para contextualizar esta queja, comparan con expropiaciones pasadas en la zona: "Moitísimo por debaixo do que fai máis de 10 anos se pagaron as expropiacións dos terreos para o polígono de O Pino, que segue sen facerse a día de hoxe, algo que agardamos que pase tamén coa mina".

Un proyecto todavía sin permiso ambiental

La compra de terrenos se produce en un contexto de tramitación administrativa aún inconclusa. El proyecto recibió en junio de 2024 la calificación de Proyecto Industrial Estratégico por parte de la Xunta , pero sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental (DIA), un requisito imprescindible para su autorización definitiva. 

Ya en 2017, una versión anterior del proyecto recibió una DIA negativa, lo que motivó su reformulación. Según la empresa, con ochenta novedades. Según los críticos, es básicamente el mismo proyecto que la Xunta rechazó en subía.

Batalla por la opinión pública

Mientras tanto, la compañía no cesa en su actividad promocional para ganarse a la opinión pública, cuya oposición fue clave en que se frascase el anterior plan de apertura. En los últimos meses, ha firmado un convenio con los parquistas de Carril (el marisqueo es uno de las potenciales víctimas de la mina si se contamina el Ulla). 

También  ha participado en diversos foros empresariales junto a la Asociación de Industrias do Metal de Galicia (Asime) , presentando estudios de impacto económico que cifran en 2.542 millones de euros la contribución al PIB gallego durante toda la vida útil de la mina y la creación de entre 1.600 y 2.000 empleos. De hecho, la compañía indica que ya ha realizado cientos de entrevistas de trabajo entre los vecinos. 

Cobre San Rafael  batalla en varios frentes. Además de las plataformas vecinales, colectivos como la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa han mostrado su rechazo, y organismos como ICOMOS, asesor de la UNESCO, han alertado sobre el posible impacto en el Camino de Santiago .

La compañía, por su parte, sostiene que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta comunicó que la explotación no se encuentra en el territorio histórico del Camino y que un equipo de la Universidade de Vigo realizó un informe complementario que "reafirmó que incluso el impacto visual de la mina sería prácticamente nulo" .

Recientemente, además, ha saltado la polémica por la participación de un geólogo de Cobre San Rafael en un informe encargado por la Xunta para evaluar el potencial minero de Galicia, algo que la empresa justifica porque el experto actuaba en representación del Colegio de Geólogos .

Por ahora, mientras la Xunta ultima la tramitación ambiental, la empresa empieza a ejecutar los contratos de compra.