Denuncian ante Inspección de Trabajo a la empresa de Vilalba en la que murió un joven de 24 años en prácticas
Xoel Pena Vigo, un joven de 24 años de As Pontes, perdió la vida el 6 de mayo cuando una tubería de media tonelada lo aplastó en una nave del polígono Sete Pontes. Doce días después, el sindicato gallego acusa a la empresa de incumplir la ley de prevención de riesgos y cuestiona también a la Xunta por el convenio de prácticas firmado.
El trágico accidente ocurrió en una nave situada en el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba, en el municipio lucense, donde Xoel realizaba sus prácticas en una empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria industrial. Un tubo de aproximadamente 500 kilos cayó sobre el joven, que quedó atrapado bajo la pesada pieza. Los servicios de emergencia movilizados —061, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y bomberos— solo pudieron certificar su fallecimiento en el lugar.
La CIG ha interpuesto ahora una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo de Lugo y ha anunciado que se personará como acusación particular en la causa judicial ya abierta, exigiendo que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades correspondientes.
INDICIOS DE NEGLIGENCIA EN LA EMPRESA
El sindicato apunta a dos grandes fallos. Por un lado, considera que existen indicios claros de que la empresa no respetaba la normativa de prevención de riesgos laborales, al no garantizar la protección eficaz del operario ni su integridad física. Por otro, denuncia que no está acreditado que el joven hubiera recibido la formación teórica y práctica requerida sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo.
La CIG va más lejos y señala que la empresa carecía de un procedimiento de trabajo en elevación o, si existía, no se aplicó: de haberlo hecho, la zona de peligro bajo la carga suspendida habría estado perimetrada y ningún trabajador podría haber permanecido en la trayectoria de caída. Además, sostiene que la operación debería haber estado dirigida por un recurso preventivo.
La Xunta también queda en el punto de mira. El convenio de colaboración firmado entre la administración autonómica y la empresa establece que el alumnado debe haber superado la formación en prevención antes de comenzar las prácticas, pero la CIG considera que, atendiendo al plan de estudios del ciclo, el joven no contaba con la preparación específica para los riesgos reales que encontró: trabajar con piezas de 500 kilos.
LA FP DUAL EN EL BANQUILLO
Las tareas que desempeñaba Xoel en el momento del accidente —de alto riesgo y gran carga física— no se correspondían, según la CIG, con las funciones recogidas en su plan de formación. La propia evaluación de riesgos de la empresa ni siquiera contemplaba la posibilidad de que un alumno en prácticas realizara actividades de esa peligrosidad.
Para el sindicato, la muerte del joven pontés es la muestra más grave de un modelo formativo que, a su juicio, antepone los intereses empresariales a la seguridad: en su comunicado califica la actual concepción de la FP dual como una vía para reducir la calidad educativa, avanzar en la privatización de la enseñanza y proveer a las empresas de mano de obra barata sin garantizar los derechos básicos del alumnado.
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