Al turno de oficio no le salen las cuentas: la inversión de la Xunta es mucho más baja de lo que corresponde al servicio

El mes de enero se cerró con un anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) que, a priori, significaba una muy buena noticia para los profesionales que integran el turno de oficio en los juzgados gallegos, un colectivo que salvaguarda el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En las órdenes del pasado 31 de enero se incluía la obligación de subvencionar a los colegios de abogados a fin de garatizar el funcionamiento del servicio, correspondiente al año 2024. Sin embargo, con la calculadora en la mano, los abogados del TO han hecho las cuentas y, según los letrados, la inversión de la Xunta de Galicia está todavía muy lejos de lo que debería corresponderles. 

INVESIÓN

El anuncio del DOG señalaba que, través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, el Gobierno de Galicia transferirá más de 135.000 euros a los colegios de abogados. En el caso del Consello da Avogacía Galega, la cantidad destinada para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales de asistencia jurídica se fija en un 0,98% del importe total certificado durante el año 2023 por los colegios de abogados de la comunidad en concepto de asistencia legrada y defensa gratuitas. Esto supone un total de 112.998 euros.

En el caso del Consello Galego de Procuradores dos Tribunais de Galicia, la cantidad destinada para atender los gastos derivados del funcionamiento operativo de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita se fija en un 2,1% del total certificado el pasado ejercicio por los colegios gallegos. La cuantía asciende a 22.224 euros.

Sin embargo, fuentes del colectivo de abogados del turno de oficio señalan a que las cuentas realizadas por la Xunta no se corresponden con la realidad para cubrir "los gastos de funcionamiento e infraestructura de los servicios de asistencia letrada al detenido y defensa gratuitas".

CON EL DINERO DE LOS COLEGIADOS

Sin un empujón, son los propios colegiados de los ICA, no solo aquellos adscritos al Turno de Oficio, los que tienen que asumir esos costes con sus cuotas, según relatan los togaos. "Mantener el servicio", aseguran, es resultado de pagarlo "de nuestro bolsillo mes a mes con nuestras cuotas cuando es un servicio público que debía atender y sufragar al 100% la propia Xunta a través de la Consellería de Xutiza con sus propios funcionarios".

En la misma linea, y "sin meternos en los honorarios y condiciones de esclavitud del TO", las cuentas hechas desde el turno de oficio, después de que en el año 2023 el importe ascendiese por encima de los 876.000 euros (el 8% sobre el importe certificado en el año 2022). "Es decir, haciendo un simple cálculo, nos hubiesen correspondido 922.436,42 euros", en lugar de los casi 113.000 euros aportados por al Consello da Avogacía Galega. 

"Debería hacernos reflexionar. No podemos consentir que se rían de nosotros", apuntan desde el colectivo, que tachan de "agresión" el agravio del Gobierno de Galicia que merece una respuesta "conjunta" y en "unidad".